El Estado deberá indemnizar con 30.000 euros a un miembro del clan Nuvoletta vinculado a la Camorra italiana
Vincenzo Panico pedía 800.000 euros por estar en la cárcel más de tres años | Fue condenado a un año y un mes por tenencia ilícita de armas
Francisco José Fajardo y Aday Martín Santana
Las Palmas de Gran Canaria
Jueves, 13 de noviembre 2025, 06:26
La Audiencia Nacional ha reconocido el derecho a ser indemnizado con 30.000 euros a Vincenzo Panico, un vecino de Tenerife de origen italiano que estuvo 1.289 días en prisión preventiva durante la investigación de una presunta red criminal dedicada al blanqueo de capitales y colaboración con organización mafiosa. La causa concluyó con su absolución en esos delitos.
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La operación fue denominada como Pozzaro y estalló en octubre de 2011. Fueron 21 las personas acusadas de blanquear fondos del conocido como el clan Nuvoletta-Polverino mediante la compra de pisos de la urbanización Marina Palace, en Adeje, Tenerife. Este presunto clan está vinculado al histórico grupo mafioso de la Camorra. La organización italiana tuvo su origen a finales del siglo XIX y se caracteriza por su estructura de clanes. Entre los encausados se encontraba Giuseppe Polverino, 'O Barone', uno de los principales capos de la Camorra en España.
El proceso, que se desarrolló entre 2011 y 2016, fue uno de los macrooperativos policiales con mayor repercusión mediática de la época en el archipiélago, al vincular la actividad económica de los investigados con estructuras delictivas asentadas en Italia.
La operación Pozzaro arrancó en octubre de 2011, cuando agentes de unidades especializadas detuvieron a Vincenzo Panico en Tenerife y registraron varias propiedades vinculadas a su actividad empresarial. La investigación se instruyó en la Audiencia Nacional por la supuesta existencia de una red de blanqueo y asociación criminal, lo que llevó al juez a ordenar su prisión preventiva ante el riesgo de fuga y la entidad económica de los hechos investigados.
Sin embargo, tras años de diligencias y un juicio celebrado en Madrid en 2016, el Tribunal concluyó que no existían pruebas suficientes para sostener ni la existencia de la organización criminal ni el blanqueo de capitales. Vincenzo Panico fue absuelto de ambos delitos.
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Pero todo no quedó ahí ya que sí fue condenado por tenencia ilícita de armas, puesto que en su domicilio intervinieron una pistola semiautomática en perfecto estado de funcionamiento. Por este último delito se le impuso un año y un mes de prisión, pena muy inferior a los más de tres y medio que había pasado encarcelado de manera provisional entre 2011 y 2015.
Tras recuperar la libertad, reclamó 800.000 euros al Ministerio de Justicia por los daños sufridos, asegurando que la investigación y la situación de prisión provisional que vivió tuvieron un impacto devastador en su patrimonio familiar y en su imagen pública, especialmente en las Islas Canarias, donde la operación policial tuvo un amplio recorrido mediático que lo vinculó con redes criminales italianas.
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La Audiencia Nacional, en su sentencia, solo reconoce parcialmente la reclamación planteada. El Tribunal entiende que existe derecho a indemnización porque la prisión preventiva se reveló excesiva en relación con la condena finalmente impuesta. Sin embargo, rechaza compensar la pérdida de negocios, vehículos, viviendas y bienes intervenidos durante la instrucción, al considerar que no se acreditó un perjuicio económico directo ni una actividad empresarial regularizada que permitiera calcular un lucro cesante.
Tampoco se le indemniza en concepto de daño reputacional, al entender la Sala que la afectación de la imagen deriva de la existencia del proceso penal en sí mismo, no de la prisión provisional, y solo podría reclamarse mediante el procedimiento específico por error judicial, que no fue promovido.
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La indemnización se limita, por tanto, al daño moral causado por los 894 días de privación de libertad considerados indebidos, y se fija en 30.000 euros, a abonar por el Ministerio de Justicia, sin costas.
La operación Pozzaro estalló en 2011
Para contextualizar el caso, fue en octubre de 2011 cuando fueron detenidas 21 personas por presuntamente pertenecer al clan italiano Nuvoletta-Polverino. En Tenerife detuvieron a 13 personas, la mayoría de ellos de nacionalidad italiana. La Fiscalía les acusaba de formar una red criminal y blanqueo de capitales. Esta parte pedía para los acusados diez años de cárcel y una multa de tres millones de euros por delito de blanqueo de capitales y asociación ilícita. Dos de los 13 investigados en Tenerife quedaron en libertad tras declarar en los juzgados de la Audiencia Nacional. El resto ingresó en prisión preventiva. En 2016 se celebró la vista oral y concluyó con la absolución de los 20 acusados que fueron juzgados por las presuntas actividades de la Camorra napolitana en Tenerife, a través del clan Nuvoleta-Polverino. Los magistrados de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal sostuvieron que no quedaban acreditados los hechos sostenidos por el Ministerio Fiscal al no haberse acreditado que los acusados «formasen parte o estuviesen integrados en un clan de origen mafioso dedicado al blanqueo de capitales en las islas mediante inversiones inmobiliarias» a través de la construcción y explotación del Complejo Residencial Marina Palace de Adeje.
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