Emilio Moya: «La injerencia política en las decisiones judiciales rompe el equilibrio»

El magistrado Emilio Moya dejará este lunes la presidencia de la Audiencia Provincial de Las Palmas tras doce años en el cargo. Le relevará su compañero Miguel Ángel Parramón, con quien mantiene una estrecha amistad. Antes de ceder el testigo, Moya repasa su gestión, los momentos más duros y los retos que aún quedan pendientes para la Justicia en Canarias.

-¿Qué balance hace de estos años de presidencia de la Audiencia Provincial de Las Palmas?

-Pues el balance creo que es satisfactorio. El cargo de presidente de Audiencia Provincial, además de ser gubernativo y representativo, es de gestión tanto de los medios personales, proveyendo lo necesario para suplir las vacantes o ausencias, materiales como la distribución y asignación de Salas de Vistas o profesionales con la convocatoria, cuando es necesario, de reuniones sobre el reparto o la unificación de criterios, además de, como miembro nato de la Sala de Gobierno, participar en las deliberaciones y asumir las ponencias correspondientes. Ha sido un orgullo representar a mis compañeros intentando solventar cualquier petición o incidencia surgida en el ejercicio de su actividad jurisdiccional, pues siempre he tenido como lema que el presidente de la Audiencia Provincial está para solucionar problemas, no para crearlos.

-Dígame de lo que se siente más orgulloso y qué acciones o directrices impulsadas por usted han sido más relevantes

-Sin duda, de las comisiones de servicio en el orden civil que interesé allá por 2013 para paliar la pendencia que sufren las Secciones Civiles, que se consiguieron y que, salvando alguna época, se han ido renovando. Y de forma análoga, he logrado mantener el refuerzo de una magistrada en el orden penal, durante años. Lástima que haya sido cesada, pues hacía una muy buena labor para las tres Secciones de lo Penal. Por otro lado, el que los compañeros se dirijan a ti y les soluciones el tema, es enormemente gratificante.

-También han existido momentos complicados. ¿Cuáles le han afectado más a nivel, no solo profesional sino personal?

-En efecto, en el 2016 se vivieron unos meses complicados, a nadie le agrada estar todos los días en los periódicos, pero lo más triste fue el desprestigio para la Administración de Justicia, el bochornoso espectáculo que minó la confianza de los ciudadanos en los Juzgados y Tribunales.

-¿Qué quiso impulsar o cambiar y no pudo? ¿Por qué?

-Antes de confeccionar la memoria del TSJ, la presidencia de la Audiencia Provincial debe realizar un informe sobre las necesidades y año tras año, he insistido en la necesidad de crear una Sección Civil y el aumento de magistrados para las Secciones Penales. En ambos casos, el Servicio de Inspección en las visitas que ha realizado, avala tal petición, pero se cubren antes plazas en otros órganos judiciales que, puede ser, que sean más necesarias que en la Audiencia Provincial

-Vivimos un momento en el que la percepción pública de la Justicia está muy condicionada por la política. ¿Cree que la ciudadanía confía en la independencia judicial? ¿Qué mensaje enviaría para reforzar esa confianza?

-La crítica a las resoluciones judiciales es legítima y hasta necesaria, es normal en un Estado de Derecho. Nadie se siente ofendido por ello, pero ocurre que a veces, bajo el paraguas de la libertad de expresión, se deslizan frases, no solo incómodas, sino que encierran verdaderos insultos y la crítica pasa a hacerse del Juez que la dicta y no de la resolución contra la que, si no se está de acuerdo, puede recurrirse. Para generar confianza en los jueces, debe tenerse en cuenta que el desprestigio de un juez, intentando condicionar sus decisiones futuras, afecta a su independencia. La injerencia política en las decisiones judiciales rompe el equilibrio y genera desconfianza y la justicia no debe ser utilizada como un instrumento de poder. El sistema ofrece medios para el caso de que se dude de la imparcialidad de un juez y, por tanto, debe confiarse en la Administración de Justicia y en sus jueces, independientes, capacitados y libres de presiones y amenazas.

-Deja la presidencia en manos de Miguel Ángel Parramón. ¿Qué cualidades destacaría de él para afrontar esta nueva etapa y qué consejo le daría desde su experiencia?

-La presidencia queda en buenas manos. Miguel Ángel Parramón, al que conozco desde hace muchos años y con el que me une una gran amistad es una persona noble, sincera, juiciosa, dialogante, muy querido por los compañeros y que tiene empatía con los demás y no va a tener ningún problema, al contrario, lo hará muy bien, será un buen presidente. Sería atrevido por mi parte, darle consejos, él sabe que puede contar y cuenta conmigo para todo lo que necesite.

-¿Siente cierta nostalgia o alivio en este momento de transición?

-La ley es sabia cuando fija una duración máxima de dos mandatos, tiempo suficiente para desarrollar tu labor. Y, para decir la verdad, casi alivio porque, aunque el mandato es de cinco años, se ha tardado casi dos en nombrar a mi sucesor y 12 años, son muchos años. Se avecinan tiempos nuevos en la Administración de Justicia con la nueva organización, llegada de los Tribunales de Instancia o el expediente electrónico y consiguiente desaparición del expediente en soporte papel, modificaciones imparables a las que debemos irnos acostumbrando y que requieren modificaciones organizativas. El dejar de ser presidente de la Audiencia Provincial, me descarga de múltiples tareas diarias que requiere la Presidencia, así como de ser miembro de la Sala de Gobierno del TSJ de Canarias y tendré más tiempo para dedicarme a la Sección Sexta y a mi familia.

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