Directo | Miguel Ángel Ramírez y Héctor de Armas, en el banquillo por presunto fraude en Seguridad Integral

Las declaraciones de los trabajadores son claves en este juicio. Varios exempleados de SIC testifican haber realizado horas extras habitualmente, desplazamientos fuera de la capital con poco tiempo de aviso previo e irregularidades en los pagos. «Dependiendo de las horas extra, pagaban unas dietas u otras.», afirma S.Q.

El resto de las acusaciones se adhieren a las cuestiones presentadas por la Fiscalía, que junto con las defensas se han enzarzado en la cuestión de la nulidad. La Sala procede a deliberar.

Así, el Ministerio Fiscal interesa la desestimación de todas las cuestiones previas al considerar que ni concurre nulidad ni existen diligencias prácticas realizadas fuera de plazo.

La fiscal responde al argumento expuesto por la defensa sobre las diligencias supuestamente realizadas fuera de plazo. Si bien apunta a que el inicio del procedimiento «fue distinto», recuerda que el proceso de instrucción estuvo paralizado en un periodo donde no había juez instructor. «Esos meses habría que descontarlos del cómputo», explicó. «Cuando se reanudó el proceso, se notificó en plazo y forma la declaración de los investigados (Ramírez y De Armas)».

Ríos entiende que la empresa SIC no aportó, cuando le fue requerida por el Ministerio Fiscal, la documentación que acreditase el pago de dietas a sus trabajadores. Documentación que se pidió con carácter previo a la declaración de Ramirez y con la que se sospecha que «camuflaba» el pago de horas extra. El informe realizado por la Agencia Tributaria recoge que si bien lo normal es que el pago por dietas oscile entre un 2,7% y un 3,02%, SIC pagaba a sus trabajadores entre el 15,3% y el 28,4%.

Critica, por otro lado, que las defensas «juegan a la confusión» al no distinguir entre la figura del inspector y un auxilio judicial requerido por el órgano de instrucción. Sería este el caso de Alejandro Miño, designado por el Ministerio Fiscal, que no puede llevar a cabo actuación administrativa para realizar las comprobaciones de los ejercicios.

Máxima expectación en la Sala. La prensa y el público asisten a uno de los juicios más mediáticos que toma un receso antes de escuchar a las acusaciones

Las cuestiones previas planteadas apuntan a un «juez imparcial» y se adhiere a las descritas por la defensa de Ramírez: la irregularidad sobre la declaración de De Armas, que apuntaba a cuestiones ajenas a la causa; la injustificada ampliación de la querella y la nulidad de la actuación de la Seguridad Social

Interviene la abogada defensora de Héctor de Armas

Tercera cuestión previa: los delitos fueron imputados tardíamente, concluido el plazo de instrucción. La defensa indica que desde febrero de 2013 a 2017 no hay diligencias válidas en relación a estos ejercicios en la instrucción. Todas las actuaciones que se requirieron fueron hechas fuera de plazo y por tanto, nulas

Segunda cuestión previa planteada por el magistrado: no aprecia un delito contra la Seguridad Social y declara la nulidad de la actuación administrativa

El magistrado profundiza en su argumentario. Asegura que Victoria Rosell era contraria a ampliar el objeto de la causa a los ejercicios posteriores a 2009, según una grabación de cinco minutos 'off the record'. Una decisión que Salvador Alba viró hacia el lado contrario cuando la sustituyó en la causa, una vez que Rosell abandona los juzgados para unirse a la vida política. «Citó a declarar a los imputados el mismo día en que tomó posesión. No se había mirado ni un papel», apunta.

Foto: Juan Carlos Alonso

Finalmente se retira la recusación, dado que se han retirado las acusaciones contra la empresa SIC. Prosigue el juicio

Cuatro claves previas:

Basilio Febles, secretario general de la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada USO: “Está claro que este es un juicio atípico, por el que han pasado muchos jueces, y lo que están intentando es dilatarlo en el tiempo. Nosotros vamos a intentar que se haga justicia con todos los trabajadores afectados”

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Ambos se enfrentan a graves acusaciones de delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social por recurrir de forma sistemática a una serie de “ficciones” en el pago de las nóminas a sus empleados.