Catastrazo en Cuevas Blancas

«Me ha subido el catastro más de setecientos euros en tres años», se queja a la puerta de su casas, «a muchos vecinos de Cuevas Blancas les han subido entre 40 o 50 euros, pero a mí me han dado un sablazo».

Echa cuentas y no le salen. Los poco más de 800 euros que cobra de pensión (más la ayuda de 350 euros que percibe para mantener a otro de sus hijos, postrado en la cama por una parálisis cerebral) no le llegan para pagar el recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).

«No sé cómo voy a pagarlo», reconoce, «ahora tengo que darle al Ayuntamiento mi pensión y parte de la paga de Navidad». Y lo peor es que tiene presente que si no abona el impuesto, le vendrá luego con recargos. Además, como está congelada la posibilidad de fraccionarlo hasta el año que viene, no le queda otra que desembolsar los 904,98 euros.

El origen de su sobresalto está en una revisión de los valores catastrales que hizo este año la Gerencia Regional del Catastro de Canarias como consecuencia de la modificación del planeamiento aprobada en 2012 por parte del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que motivó que el suelo del barrio pasara de ser calificado rústico a tener la consideración de urbano.

«La vivienda es la misma», expone. Pero su valor ya no lo es. La casa terrera que aparece en el catastro con 452 metros cuadrados, en los que se incluye el garaje y las dos alturas, ha pasado de tener un valor catastral de 93.962,77 euros a otro de 131,547,88 euros (+40%).

Este vecino, que recuerda que en los años 90 ya lograron frenar un catastrazo al alcalde Emilio Mayoral con una fuerte contestación vecinal, lamenta que el movimiento asociativo ya no tenga la fuerza de antes para oponerse a este tipo de medidas.

«Franco te mataba con balas y estos socialistas nos matan de hambre», se queja, desencantado de la política.

Tampoco entiende que el suelo de Cuevas Blancas pueda ser tratado igual que el del resto de la ciudad. «Aquí no se ha hecho nada desde la época de Nardy Barrios», denuncia, «si todos somos ciudadanos de la misma categoría, no hay derecho a que los impuestos que paguemos vayan todos a la parte baja de la ciudad».

La crítica que hace Juan Carlos Lorenzo es la de un barrio que se ha tenido que ir construyendo al margen de los esfuerzos institucionales. Recuerda que en 1981 los vecinos pusieron 3.000 pesetas para que se habilitara la carretera, que fue hecha trayendo tierra de Lomo Los Frailes.

Se queja de los problemas de alumbrado, de la falta de guaguas y de que no se haya adecentado la red de veredas que utilizan los vecinos a través de la ladera. «Mi suegra se cayó el otro día, al venir del Negrín y tiene la pierna negra», expone, «ni los sanitarios quieren entrar por ahí con las camillas».