El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria paga 1.500 euros a 13 vecinos de Sargento Llagas
Urbanismo da ahora la orden de abono de las costas de un procedimiento judicial de 2023 por el ruido generado por dos terrazas
La directora general de Edificación y Actividades del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, María Gracia Pedrero, ha emitido una resolución por la que se autoriza el pago de 1.500 euros a 13 vecinos de la calle Sargento Llagas que denunciaron en 2023 la inacción municipal ante sus quejas por los ruidos procedentes de dos terrazas.
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Lo que recibe cada residente denunciante -casi 115,4 euros- es la cantidad de las costas judiciales por un procedimiento que ya, en su momento, obligó a indemnizarlos con 3.000 euros a cada uno.
La sentencia de la que deriva este nuevo pago procede del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 2 de Las Palmas de Gran Canaria. En marzo de 2025, la magistrada condenaba al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria por su «inactividad» ante las denuncias vecinales por el ruido procedente de dos terrazas.
El fallo judicial consideró probado que los residentes vieron vulnerados algunos de sus derechos fundamentales -inviolabilidad del domicilio, intimidad personal y familiar, y derecho a la integridad física y moral- y condenó al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a «adoptar las medidas para evitar o impedir la producción de ruido por encima de los niveles permitidos en sus viviendas», así como a pagar a los denunciantes a cobrar 3.000 euros.
Los vecinos habían denunciado que desde 2019 habían venido soportando los ruidos procedentes de las terrazas de dos establecimientos concretos: el bar pizzería Mama Ángela y el bar Camaleón. Y ante la falta de respuesta del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria decidieron llevar el asunto al juzgado en el año 2023.
El procedimiento culminó dos años más tarde, en marzo de 2025, con la consideración judicial de que la actuación municipal para evitar los perjuicios a los vecinos resultó insuficiente para poder solucionar el problema de las molestias por ruido.
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La sentencia, que podía haber sido recurrida, devino firme en abril de 2025. Y tres meses más tarde, se aprobó la tasación de costas practicada en este proceso por importe de 1.500 euros, que es la cantidad que ahora se va a pagar.
La Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria declaró la firmeza del decreto de cálculo de los costes judiciales en septiembre, de ahí que se hiciera un documento contable de reserva de 1.500 euros con cargo a la partida de gastos jurídicos que tiene el área de Urbanismo y que está dotada con una bolsa de 20.000 euros.
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El pasado 2 de octubre, la Intervención General fiscalizó de conformidad el expediente de liquidación de la obligación.
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