El Ayuntamiento ordena el cierre de una discoteca del Puerto por ruidos y seguridad

. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha dado orden de paralización voluntaria de la discoteca Euphoria en la zona Puerto a raíz de las deficiencias en materia de seguridad detectadas tras una revisión de la actividad a consecuencia de varias denuncias vecinales por ruido. «El expediente se inicia con motivo de las molestias ocasionadas por la emisión de música que afectaba a los vecinos, sin embargo, tras la visita de inspección se comprueban mayores deficiencias que guardan directa relación no solamente con el deficiente estado del aislamiento acústico y la transmisión del sonido hacia los vecinos afectados, sino que además existen no pocas deficiencias que guardan directa relación con la seguridad en las instalaciones y de los clientes», detalla el Ayuntamiento.

La resolución de la directora general de Edificación y Actividades, María Gracia Pedrero, da un plazo de dos días a la propiedad para que paralice la actividad bajo apercibimiento de que, en caso de no hacerlo, se ejecutará la clausura y el precinto de la discoteca por parte de la Policía Local. Esta decisión pone fin a la vía administrativa y, contra ella, se puede interponer un recurso contencioso-administrativo en los juzgados.

La actividad, que tiene licencia de apertura desde 1968, fue denunciada a principios de 2025 por varios vecinos. En el expediente municipal se hace constar un informe de la Policía Local, de febrero de este año, donde se constata que «tanto en el interior como en el resto de zonas comunes del edificio se escucha la música y las vibraciones producidas por la discoteca del bajo». Algunos ciudadanos denunciaron que no podían dormir ni descansar «por el ruido ensordecedor» hasta las 06.00 horas.

La propiedad solicitó entonces una ampliación del trámite de audiencia concedido por el Ayuntamiento para defenderse y contrastar las mediciones de ruido en las viviendas. El dueño aseguró que el local cumplía con la normativa y alegó que poseía un limitador de sonido ajustado a la normativa, además de informar de que se había contratado los servicios de un especialista para verificar cualquier deficiencia en la insonorización del local.

Pero el Consistorio decidió realizar una inspección para ver si la licencia se ajustaba a la actual normativa urbanística y sectorial, dada su antigüedad. Esta inspección suspendió la tramitación del expediente por un plazo máximo de tres meses.

En abril, otro vecino vuelve a denunciar la actividad de la discoteca. En su escrito se informa de que la actividad llevaba cerrada desde 2019 y aportaba una fotografía de la fachada del edificio, tomada en 2022, para demostrar que hasta ese momento el negocio no existía.

Mientras la comunidad de propietarios hacía llegar nuevas quejas al Ayuntamiento, la propiedad presentaba un informe de un ingeniero industrial que certificaba que «en ningún momento se superan los límites máximos establecidos por la ordenanza municipal vigente, así como la Ley de ruidos, en el interior de los dormitorios de las viviendas superiores colindantes (32,9 decibelios) y en las zonas comunes del edificio (30 decibelios) en horario nocturno», comprendido entre la medianoche y las 06.00 horas de la mañana.

Sin embargo, los técnicos municipales desecharon estas conclusiones. «El informe no cumple», señalaron en relación a los requisitos legales referidos a las mediciones.

En abril, la Jefatura de la Policía Local incorpora al expediente sus actas de inspección y comprobación, así como los boletines de denuncia emitidos sobre la discoteca Euphoria, que señalaban deficiencias como «salida de emergencia sin iluminación y obstaculizada por cajas de bebidas y estructura metálica»; algunas luces de emergencia apagadas; y el desarrollo de la actividad «sin sujeción a las medidas contenidas en el proyecto autorizado al no presentar seguro de responsabilidad civil».

El Ayuntamiento comprobó que el edificio donde está la discoteca fue construido en 1948 y ampliado en los años 1952 y 1953. La licencia de instalación de una sala de fiestas a la entidad Spring consta desde enero de 1969, si bien como discoteca la tiene desde 1992. A partir de 2008 constan varios explotadores diferentes y, en 2025, se produjo la transmisión de la licencia y la presentación de la declaración responsable del titular, «aunque la licencia de apertura y funcionamiento continúa a día de hoy a nombre de la entidad Spring».

Con estos antecedentes, se realizaron las inspecciones de abril y mayo del presente año. «A la vista de las deficiencias señaladas en este informe, y los incumplimientos en materia de seguridad contra incendios, ventilación, instalación eléctrica y aislamiento acústico, puesto que en las zonas comunes del edificio se perciben ruidos procedentes de la música de la discoteca y de la maquinaria y dados los antecedentes existentes en materia de ruidos respecto al local, encontrándose la actividad en funcionamiento, se estima, procede la paralización inmediata de la actividad», propusieron los técnicos del Ayuntamiento.

El contenido del informe técnico fue puesto en conocimiento de los propietarios en septiembre de 2025. Estos presentaron alegaciones sobre la caducidad del expediente y presentaron periciales y pruebas de aislamiento acústico, entre otras.

Sin embargo, el Ayuntamiento desestimó estas alegaciones. «La actividad no se ajusta a la licencia otorgada, existiendo variaciones sustanciales que desvirtúan la licencia originalmente otorgada. Las deficiencias en materia de seguridad, evacuación y contra incendio suponen un atentado contra las seguridad de los clientes así como contra la seguridad del inmueble. No es difícil afirmar, por tanto, que la actividad no se ajusta a la licencia de apertura otorgada, en virtud de las modificaciones que se han ido operando en el local a través del tiempo sin que dichas modificaciones hayan sido legalizadas», dicta la directora general de Edificación y Actividades.

«No se duda en cualquier caso de la intención del interesado en subsanar todos los defectos y deficiencias encontradas, sin embargo esta Administración dadas las deficientes medidas en materia de seguridad no puede tolerar, con su conocimiento la continuación de la actividad en su ejercicio», concluye.

Y, por eso, ordena la paralización de la actividad y deja sin efecto la licencia otorgada.

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