La asfixia de Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria: le quedan 421 millones pero solo puede gastar 141

El techo de gasto -el límite que impone el Estado a las administraciones públicas en función de sus ingresos estables para evitar que entren en deuda- asfixia las posibilidades de inversión del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. El Consistorio capitalino tiene una previsión de ingresos de 646 millones y solo ha gastado hasta el momento 224 millones de euros (un 35%), según el informe de ejecución presupuestaria del tercer trimestre de 2025. Le quedaría por tanto 421 millones de euros respecto a las previsiones iniciales por emplear.

Sin embargo, la regla de gasto maniata a la Corporación. Según el concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Francisco Hernández Spínola, este año el Consistorio no puede sobrepasar un gasto de 365 millones de euros. Esto supone que hasta fin de año solo podrá gastar 141 millones de euros más.

El resto, alrededor de 280 millones de euros, pasará a engrosar las cuentas bancarias del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, aunque esta cifra dependerá finalmente del nivel de ingreso real que alcance la corporación. En estos momentos, de los 646 millones de euros incluidos en las previsiones definitivas de ingresos, se han reconocido derechos por valor de 357 millones de euros, lo que supone un 55% del total.

«El Ayuntamiento se puede gastar 365 millones y trabaja para gastárselos, pero no nos podemos gastar 645 millones, que es lo que figura en el presupuesto», lamentó el concejal de Hacienda, quien mostró su malestar con la regla de gasto. «La regla de gasto hay que cumplirla, aunque no nos gusta. Nos gustaría mejorar los servicios públicos y que se permitiesen las inversiones financieramente sostenibles, pero estamos en un corsé», añadió.

Pese a este malestar, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria solo ha trasladado su queja «de manera informal» y entiende que solo puede flexibilizarse la norma, en caso de administraciones públicas saneadas, en el marco de la Federación Canaria de Municipios (Fecam). «Las Palmas de Gran Canaria estará con la FECAM si hay una propuesta de instar al Gobierno de España para modificar la regla de gasto, flexibilizando las inversiones financieramente sostenibles», aventuró Spínola.

Esta situación fue dada a conocer este miércoles en el marco del debate sobre el nivel de ejecución presupuestaria, que está en el reseñado 55% en materia de ingresos y en algo menos de un 35% en la materialización del gasto, ya que de los 645,23 millones solo se han reconocido derechos por valor de 223,17 millones de euros.

Francisco Hernández Spínola reconoció que el nivel de ejecución es mejorable, pero confía en mejorar la liquidación en el último trimestre, siempre dentro de los límites que impone la regla de gasto.

Sin embargo, el concejal del Partido Popular Diego López-Galán puso sobre la mesa su preocupación por lo que entiende un bajo nivel de ejecución presupuestaria. «No hay un problema de dinero, pero deberíamos estar cerca del 70% de ejecución presupuestaria», expuso, «con todas las necesidades de la ciudad, Bienestar Social está en un 28% y aquí cada euro que no se ejecuta es un fracaso político y social».

En materia de inversiones, en los nueve primeros meses del año se ha empleado un total de 29,79 millones de euros de los 166,42 millones del total de créditos que se consignaron en los capítulos 6 y 7 de gastos. Esto refleja un nivel de ejecución en torno al 18%, lo que supone el mayor de los últimos cinco años, igualándose a 2021.

A la misma altura del año, en 2024 este porcentaje estaba en torno al 15% (con un crédito de 23 millones de euros), lo mismo que en 2023, cuando las inversiones reconocidas estaban en algo menos de 16 millones de euros.

El nivel más bajo del lustro fue el de 2022, cuando apenas se llegó al 12% y unas obligaciones de pago por valor de algo más de 12 millones de euros.

Sin embargo, el PP rebaja el nivel de ejecución de las inversiones. En una nota de prensa remitida con posterioridad a la celebración de la comisión de Gestión Económico-Financiera y Especial de Cuentas, se informa de que el nivel de ejecución de inversiones es, en realidad, de un 15% y que ha sido «artificialmente infaldo» por el pago de una sentencia judicial.

La portavoz del PP, Jimena Delgado-Taramona, relata en la nota de prensa que se incluyó el pago de casi 15 millones de euros por la expropiación de la finca de Las Coloradas. «Ese pago se ha contabilizado como inversión, cuando no ha supuesto una sola mejora tangible para la ciudad. No es una calle nueva, ni una obra terminada, ni un servicio adicional. Es un apunte que maquilla las cifras, pero no cambia la realidad que sufren los vecinos, o lo que es lo mismo un engaño más al que nos tiene acostumbrados Carolina Darias», aseguró.

En general, las expropiaciones de suelo se incorporan al capítulo de inversiones.

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