El Consultivo anula la revisión de oficio del acuerdo para la compra de Amurga

El acuerdo de revisión de oficio de la compra por parte del Cabildo de tres fincas rústicas en Amurga por 4,06 millones de euros que aprobó el Consejo de Gobierno Insular el 10 de febrero pasado «no es conforme a derecho» porque «no concurre la causa de nulidad de pleno derecho invocada», esto es, tratarse de un acto de contenido imposible al existir dominio público hidráulico en las fincas no previsto en el acuerdo de adquisición del 28 de diciembre de 2018 que no se ha materializado.

Esa es la conclusión del Consejo Consultivo de Canarias en el dictamen que el Cabildo pidió sobre su acuerdo, en el que resalta que la superficie de dominio público afectada, que se limita a 48.107 metros cuadrados, apenas supone el 1% de los 4,66 millones de metros cuadrados que suman las tres fincas incluidas en la compra.

El 99% del suelo que el Cabildo iba a adquirir a 22 propietarios, entre ellos la mujer y sus cinco hermanos del presidente de NC y vicepresidente del Gobierno de Canarias, Román Rodríguez, «no queda afectado» y la ejecución del acuerdo de compra «es susceptible de llevarse a efecto», indica el dictamen, que sostiene que el porcentaje afectado por la falta de deslinde hidráulico «no tiene trascendencia» ni cuestiona la actuación administrativa. «La invalidez, todo lo más, sería parcial y limitada» a esa porción de suelo.

Además, mantiene el Consultivo, la exclusión de esos cauces de barranco puede realizarse en la ejecución de la compra «sin tener que volver, por consiguiente, al inicio del procedimiento y que reconstruir por entero toda su tramitación.

Eso es precisamente, comenta el dictamen, lo que han manifestado las dos alegaciones a la revisión de oficio presentadas por afectados y «no solo ellos». El propio Cabildo, subraya el Consultivo, lo ha hecho en el escrito de contestación a la demanda judicial interpuesta contra el acuerdo de compra por un consejero de la oposición, Daniel Reyes, del Grupo Popular.

En su toma de postura en el proceso judicial abierto, el Cabildo dice que la falta del deslinde, dado que el procedimiento no ha terminado, «no implica, desde la perspectiva de esta Administración, un vicio de nulidad o anulabilidad», sino que requerirá la posterior incorporación al expediente con el consiguiente descuento de metros cuadrados y precios. Es también lo que pidieron los alegantes. «Realmente cuesta comprender que la postura de una misma entidad pueda ser la una y la otra -justamente la opuesta- al mismo tiempo», comenta el dictamen.

Según el Consejo Consultivo de Canarias, el principio de conservación de los actos jurídicos, cuya salvaguarda demanda la protección de la seguridad jurídica, «impone en este caso el mantenimiento del acto, cuyo contenido debe ser preservado», es decir, el Cabildo debe materializar la compra de las tres fincas con el descuento preceptivo.