Archivado un caso por presuntas licencias irregulares en San Bartolomé de Tirajana
El juzgado sobresee la investigación abierta contra el exjefe de Urbanismo, Antonio Santana, tras la denuncia de un empresario
El Juzgado de Instrucción número 1 de San Bartolomé de Tirajana ha archivado una investigación iniciada en 2021 por supuestos delitos de corrupción relacionados con presuntas licencias irregulares a Urban 2020 SL en el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. Entre los investigados figuraba el exjefe municipal de Fomento (Urbanismo), Antonio Santana, ahora en excedencia, y el denunciante fue un empresario, Fernando Garasa, que luego desistió del procedimiento.
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El auto, dictado por la magistrada Raquel Lora León el pasado 11 de julio, acuerda el sobreseimiento provisional y el archivo de la causa toda vez que de las diligencias practicadas «no aparece debidamente justificada la perpetración del delito». En concreto, se indagaba la presunta comisión de un delito de negociaciones y actividades prohibidas por parte de Santana, a quien el denunciante acusaba de un presunto favorecimiento en el otorgamiento de licencias en detrimento de sus empresas.
Posteriormente se indagó también sobre un supuesto incumplimiento del investigado respecto de una obligación de liquidación definitiva del impuesto de construcciones en 49 expedientes localizados por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía Nacional entre 2013 y 2021. Esta investigación, prorrogada hasta en dos ocasiones, concluyó en febrero de 2025 sin que existan «indicios suficientes» del hecho investigado y su atribución al funcionario.
Además, respecto a este ilícito penal, la empresa que también fue investigada, Urban 2020, no figura como promotora ni titular de ninguno de los expedientes, por lo que dado que no recaía ninguna obligación tributaria sobre esa entidad, «resulta completamente ajena a la tramitación y liquidación del impuesto, por lo que en el caso de haberse acreditado la actuación delictiva del funcionario, en nada podía beneficiarla ni perjudicarla».
La causa por el supuesto delito de negociaciones prohibidas se incoó a raíz de una denuncia que hizo la Fiscalía tras recibir de la Udef un informe de un despacho de detectives privados contratado por Garasa en el que se adjuntaba una grabación que podría revelar delitos de corrupción.
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Santana y Urban recurrieron sin éxito ese informe ante la Audiencia, así que se inició una investigación, pero lo cierto es que, tras las diligencias practicadas y dada la falta de indicios, la magistrada ha decidido decretar el archivo, un sobreseimiento que también fue solicitado por la propia Fiscalía. Además, según el auto, el denunciante desistió de la acción penal una vez se realizaron las diligencias pertinentes.
Urbanismo tampoco ve supuesto alguno de incompatibilidad
La magistrada apunta también que el 14 de mayo pasado se recibió el informe que requirió el fiscal del actual jefe local de Urbanismo, Antonio Calvo, en el que certifica que de la actividad desplegada por el investigado «en los expedientes señalados no cabe inferir elemento que pudiera determinar la existencia de un supuesto de incompatibilidad para informar» sobre ellos. Ni figura la empresa investigada ni hay grado de parentesco o amistad con los peticionarios.
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