550 euros por un piso de alquiler y a la calle por un grupo desocupa

El acceso a una vivienda digna es cada vez más complicado. Y el municipio grancanario de Agaete no se escapa al fenómeno nacional, más si se tiene en cuenta que a la población fija se suma un buen número de turistas estacionales y de trabajadores nómadas.

Alberto García, natural de Madrid y residente en la villa desde hace unos años, asegura que está sufriendo «presiones» para que se marche del piso por el que paga desde hace tres años 550 euros al mes.

El edificio en cuestión, ubicado en el casco de Agaete, en realidad nunca fue finalizado; allá por el 2008, la constructora quebró, de tal manera que el edificio cayó en manos de un banco malo. Ahora ha sido adquirido formalmente por un empresario norteño.

Fuentes municipales apuntan que el edificio «no cuenta con cédula de habitabilidad, nunca fue recepcionado», y, por tanto, no es legal en estos momentos. De ahí que sea dudoso el alquiler de algunos de sus pisos.

Sin embargo, Alberto García afirma que «no soy un ocupa, pago 550 euros de alquiler, tengo un contrato en vigor».

Pero después de tres años habitando en el edificio en cuestión, el pasado 29 de mayo, denuncia públicamente, un grupo de desocupación se presentó en el lugar «tapiando puertas», «quitando la puerta del edificio para hacernos más vulnerables» y «recibiendo amenazas».

Todas estas acciones «sin orden judicial». Además, el edificio ahora mismo está sin agua ni luz después de que el grupo de desocupación retirase de la azotea las placas fotovoltaicas.

Alberto García, el único que queda ya en el edifico después de este episodio, reconoce que tarde o temprano tendrá que irse de un piso en el que lleva tres años abonando una mensualidad a «una casera que se porta muy bien».

Pero lo cierto es que esa supuesta propietaria, como apuntan desde el Ayuntamiento de Agaete, no puede serlo ya que el edificio no se llegó a terminar y a entregar a las personas que en su día entregaron algún dinero a cuenta.

Con todo, los que han pasado estos días por el proceso de ser presionados para dejar los pisos aseguran haber sentido «impotencia, miedo, ansiedad».

De los seis pisos que estaban habitados, tres lo eran de forma ocasional; dos ya han sido desalojados; y, por ahora, resiste, Alberto, que incide en «la estrategia llevada a cabo es ilegal», al margen de una decisión judicial, y casi por la fuerza.

Desde el Ayuntamiento de Agaete apuntan que no tiene competencias en el asunto.

En todo caso, en la villa hay escasez habitacional. Para paliar tal situación, consistorio y Gobierno de Canarias trabajan para sacar adelante vivienda pública una vez rehabilitados inmuebles que quedaron a medio construir, como es el caso de 26 viviendas que saldrán en alquiler social.

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