Peña Armas, exconcejala de Contratación, en el Juzgado: «Esta denuncia es politica»
Corrupción ·
La exedil de Contratación negó haber recibido dinero de particulares o empresas y responsabilizó de los contratos al exalcalde y al edil de Economía. Los tres investigados por una presunta trama de corrupción en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario declaran en el Juzgado por denuncia de la Fiscalía Anticorrupción
«Esta denuncia es política», dejó claro Peña Armas, exconcejala de Contratación del Ayuntamiento de Puerto del Rosario, tras salir de declarar este miércoles ante la magistrada del Juzgado de Instrucción número 3 como investigada dentro de las diligencias previas que se le incoan por hechos constitutivos de cuatro presuntos delitos: prevaricación administrativa, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y fraude a la administración. José Luis Espinel, arquitecto municipal, y el empresario Cipriano Armas, primo de la también exteniente de alcalde, pasaron así mismo este miércoles a disposición judicial por los mismos supuestos delitos.
Publicidad
Más de dos meses después de la detención y posterior puesta en libertad de los tres investigados dentro de la operación Odín, Peña Armas se pronunció por primera vez sobre los hechos por los que se la investiga y lo hizo leyendo un comunicado a la puerta de los Juzgados. En el escrito, aparte de defender su inocencia y de negar todo, tiró de la manta, apuntando directamente contra el exalcalde capitalino Juan Jiménez, y el concejal de Economía, Juan Manuel Verdugo.
En su escrito, la exedil trajo a colación que declaró este miércoles en sede judicial «como lo hicieron el alcalde David de Vera y el concejal David de León» en el caso de las obras de la iglesia capitalina denunciadas por Armas y que el juez archivó. Además, anunció que había interpuesto recurso a ese sobreseimiento.
Ante la magistrada, la exedil de Contratación negó «haber recibido un solo céntimo de euro de ningún particular o empresa adjudicataria» de los expedientes de obras y servicios.
Y no paró ahí sino que dejó constancia ante la magistrada de que más de la mitad de los expedientes de «los 36 seleccionados por Juan Manuel Verdugo y Juan Jiménez, se han hecho adjudicaciones por parte del exalcalde y otros concejales». De hecho, el expediente con mayores infracciones señalado por la auditoria, «lo realizó y los firmó el exalcalde Juan Jiménez».
Por eso, Armas se sorprende de que el exalcalde no figure como investigado en la misma denuncia de la Fiscalía Anticorrupción.
Publicidad
Además -aclaró Armas- «todos los pagos» de las adjudicaciones objeto de investigación fueron «ordenados por el concejal de Economía, Juan Manuel Verdugo, que es licenciado en Derecho y a pesar de algunas objeciones del interventor. El señor Verdugo no opuso ninguna objeción alguna a ningún pago».
Y todavía añadió más contra el edil de Economía: ordenó los pagos, propuso su aprobación a la junta de gobierno municipal y «los aprobó con su voto junto con el secretario». Ninguno de estos cargos «veía objeción legal alguna en la contratación por el parentesco en tercero y cuarto grado, no prohibida por Ley».
Publicidad
En su declaración ante la magistrada, Armas explicó cómo pagó su vivienda «adquirida con mi dinero, acreditando el origen de todos y cada uno de los pagos, totalmente legal».
Tras defender su forma de contratar «acorde la instrucción municipal y la Ley de Contratos del Sector Público», arremetió contra el actual alcalde David de Vera, al que acusó de realizar contratos verbales «con un militante de Coalición Canaria al que se lo adjudicó, por ese mérito, un contrato verbalmente, sin concurso».
Y todavía recordó que no es licenciada en Derecho, pero sí los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Puerto del Rosario y algunos de la junta de gobierno municipal. Esos letrados «ordenaban los pagos y no vieron objeción alguna en mi proceder».
Publicidad
Armas justificó el carácter político de la denuncia en que de los 36 expedientes en que se ampara la Fiscalía, «más de la mitad afectan a políticos del PSOE».
El caso Odín se destapó la mañana del 17 de julio, cuando los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, en coordinación con la Delegación de Las Palmas de la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, entraron en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario a detener y registrar el despacho del arquitecto técnico municipal, José Luis Espinel. La UDEF también hizo lo mismo ese día con Peña Armas, exconcejala de Contratación y actual edil por Fuerteventura Avanza, y Cipriano Armas, empresario y primo de la política.
El fiscal contra la Corrupción Javier Ródenas solicitó a la magistrada del Juzgado número 3 estos tres registros y la intervención de los móviles y portátiles de los tres principales investigados. En total, son nueve personas investigadas en esta operación que analiza la continuada conducta, presuntamente irregular, de adjudicar 36 contratos menores de obras y servicios del Ayuntamiento de Puerto del Rosairo, durante los años 2021 a 2023, por un presupuesto total de adjudicación superior al millón de euros.
Publicidad
Los tres detenidos fueron puestos en libertad el mismo 17 de abril y pendientes de ir a declarar ante la magistrada para esclarecer esta trama de presunta corrupción que sostiene que 29 de los 36 contratos investigados, 16 fueron adjudicados entre abril de 2020 y febrero de 2023 por la exedil Contratación a su primo hermano Cipriano Armas Mesa por importe de 522.272 euros; seis a la mujer de este primo, Lorena Brito Branco, por importe 210.011 euros; dos al otro primo hermano Sergio Armas Mesa por 69.480 euros; tres a Dagmara Ewelina Wieclascka, pareja de Sergio, por 93.666 euros; y dos al suegro de Cipriano, Alberto Javier Brito Reyes, por 61.224 euros.
Ante estas cifras, la Fiscalía Anticorrupción concluye que «el 50% de los expedientes de contratación investigados son adjudicados en favor del primo o de algunas de las empresas administradas por él».
Noticia Patrocinada
El caso tiene como origen el auto de 6 de junio de 2024 que admite a trámite la querella presentada por la propia Fiscalía Especial Contra la Corrupción, dando lugar a las diligencias previas que se incoan por hechos constitutivos de, supuestamente, cuatro delitos: prevaricación administrativa, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y fraude a la administración.
Regístrate de forma gratuita
¿Ya eres suscriptor? Inicia sesión