El 50% de los contratos adjudicados por la exconcejala Peña Armas fue a favor de su primo
Corrupción ·
Anticorrupción apunta a cuatro supuestos delitos: prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y fraude a la administración. La Fiscalía también apunta a supuestas «irregularidades respecto del modo de pago» en la compra de Peña Armas de su actual casa. Un trabajador público realizó una denuncia anónima que se suma a la inicial de Podemos y a los resultados de la auditoría municipal. El informe analiza uno por uno los 36 contratos adjudicados al entorno familiar
Son 95 páginas de la Fiscalía Anticorrupción que desvelan detalles de la operación Odín, que el 17 de julio pasado se saldó con el registro del Ayuntamiento de Puerto del Rosario y de varias viviendas, además de la detención de la exconcejala Peña Armas, el arquitecto técnico municipal José Luis Espinel y el empresario Cipriano Armas. El informe, que el fiscal Javier Ródenas elaboró para solicitar al Juzgado de Instrucción número 3 de Puerto del Rosario los citados registros y la intervención de los móviles y portátiles de los tres principales investigados, es exhaustivo, muy exhaustivo, y lo publica DiariodeFuerteventura.
Publicidad
De todos los detalles pormenorizados de la investigación, destaca que de los 29 de los 36 contratos investigados, 16 fueron adjudicados entre abril de 2020 y febrero de 2023 por la exedil a su primo hermano Cipriano Armas Mesa por importe de 522.272 euros; seis a la mujer de este primo, Lorena Brito Branco, por importe 210.011 euros; dos al otro primo hermano Sergio Armas Mesa por 69.480 euros; tres a Dagmara Ewelina Wieclascka, pareja de Sergio, por 93.666 euros; y dos al suegro de Cipriano, Alberto Javier Brito Reyes, por 61.224 euros.
Ante estas cifras, la Fiscalía Anticorrupción concluye que «el 50% de los expedientes de contratación investigados son adjudicados en favor del primo o de algunas de las empresas administradas por él».
El fiscal también recuerda que el caso tiene como origen el auto de 6 de junio de 2024 que admite a trámite la querella presentada por la propia Fiscalía Especial Contra la Corrupción, dando lugar a las diligencias previas que se incoan por hechos constitutivos de, supuestamente, cuatro delitos: prevaricación administrativa, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y fraude a la administración.
La instrucción judicial incluyó también el análisis de las cuentas bancarias de los beneficiarios de la exconcejala por parte del Grupo II de la UDEF. El resultado de estas investigaciones ofrece «un pronóstico de imputación y, un valor convictivo que, evidencia que no estamos ante meras conjeturas o sospechas, antes al contrario, existe un cuadro indiciario sugestivo de una participación continuada y delictiva entre, la 3ª Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Puerto del Rosario, y el arquitecto técnico municipal con un determinado grupo de personas unidas familiarmente entre sí que han sido beneficiadas con la adjudicación de expedientes de contratación».
Publicidad
Anticorrupción también desvela una «anónima denuncia efectuada por un trabajador público» del Ayuntamiento de Puerto del Rosario que confirma en estos hechos presuntamente delictivos y supuestas «irregularidades respecto del modo de pago» en relación a la casa que la exedil compró en 2025.
La Fiscalía apunta así mismo en el exhaustivo informe a que los funcionarios públicos investigados podrían haberse valido de «una abusiva y fraudulenta utilización de la contratación de emergencia y de la contratación menor, obviando las advertencias y los reparos del interventor municipal, instrumentalizaron los expedientes de adjudicación para evitar la libre concurrencia y favorecer al círculo familiar y de amistad de la edil».
Publicidad
En total, el informe indica que los contratos menores de obra y servicio, alguno de ellos tramitados mediante el procedimiento de emergencia, suman un presupuesto de adjudicación de 956.653 euros en 29 contratos.
La Fiscalía examina uno por uno los 36 contratos y enumera las supuestas «irregularidades respecto de la inobservancia de los trámites de contratación».
En este informe de justificación de las medidas de registro e intervención de móviles, tablet y ordenadores portátiles acaecida el 17 de julio, Anticorrupción pretende concretar si las 29 obras adjudicadas «se ajustan al precio del mercado, fueron efectivamente ejecutadas y si han sido objeto de doble facturación».
Publicidad
Finalmente, la Fiscalía quería determinar el destino de las retiradas en efectivo vinculadas a los expedientes de contratación: 26.816 euros; 5.000 euros; 15.000 euros; 16.000 euros, 5.000 euros y 67.816,57 euros, «siendo necesario determinar la relación de estas retiradas de efectivo con la adjudicación de los contratos a los familiares de la exconcejala«.
Regístrate de forma gratuita
¿Ya eres suscriptor? Inicia sesión