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Zapata esta mañana en rueda de prensa. EFE

216 de los 403 vertidos que hay en Canarias no están autorizados

La Consejería de Transición Ecológica actualiza el censo de vertidos tierra-mar cuatro años después y hará un seguimiento intensivo sobre los 20 puntos más importantes

Javier Sheng Pang Blanco

Las Palmas de Gran Canaria

Lunes, 21 de julio 2025, 14:30

La Consejería de Transición Ecológica del Gobierno ha hecho público este lunes el nuevo censo de vertidos tierra-mar de Canarias, para realizar un seguimiento más «intensivo y cercano» a la situación de todos los residuos que acaban en el mar. La última vez que se actualizó este censo fue en 2021.

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Actualmente, Canarias cuenta con 403 puntos de vertidos, de los cuáles 361 están activos. De ese total, sorprende que 216 (53,6%) de todos ellos no cuentan con la autorización correspondiente, 112 sí la tienen y 75 se encuentran en fase de tramitación, un proceso que en el mejor de los casos suele tardar entre seis y ocho meses, según informa el jefe de servicio de la Consejería, Fernando Herrera.

Un expediente puede tardar entre seis y ocho meses en cambiar su estado de 'en tramitación' a autorizado

Según el titular del área, Mariano Hernández Zapata, el objetivo es que al menos el 85% de los vertidos no autorizados se encuentren trámite antes del año 2027 y que el 60% del total se encuentre autorizado.

Además, mencionó que esta actualización del censo evidencia que hay un «importante número» de vertidos sin regularizar y que la mayoría de ellos son de titularidad pública. Según el consejero, la principal causa de esta situación es la falta de infraestructuras adecuadas para la depuración de aguas residuales y también en «muchas ocasiones» la escasez de personal técnico cualificado en las administraciones públicas para hacer un trámite correcto de estos procedimientos.

Zapata recordó que su Consejería carece de todas las competencias necesarias para garantizar un buen funcionamiento en la depuración de aguas residuales al mar ya que no tienen funciones en la ejecución de obras de saneamiento ni de depuración, ni tampoco en los tratamientos que garantizan la calidad del agua, del baño ni de las infraestructuras públicas. Tampoco tienen influencia en las aguas costeras ni en los vertidos mar-mar, solo en los de tierra-mar y solo en el trámite administrativo de los mismos.

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Por lo tanto, no cuentan con competencias a la hora de sancionar los vertidos que no cumplan con autorización, algo que corresponde a la Agencia Canaria de Protección del Medio Ambiente.

El objetivo de Transición Ecológica es mejorar «la coordinación administrativa» e impulsar la regularización de los vertidos tierra-mar ya que las competencias en tener todo en orden corren a cargo de las administraciones locales, tanto cabildos como ayuntamientos. «Estamos ofreciendo nuestro apoyo técnico para revisar conjuntamente esos expedientes que se encuentran estancados año tras año», explicó Zapata.

Algo similar sucede con el cierre de playas, el cuál está frecuentemente ligado al vertido de aguas residuales pero que está controlado por la Dirección General de Salud Pública.

Con este nuevo censo, la Consejería podrá informar con transparencia y conocimiento de la situación de cada vertido en Canarias, si está activo y si cuenta o no con la autorización pertinente o si se encuentra con un procedimiento en curso para su aprobación.

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Esta información se podrá consultar por todo aquel que lo desee en el visor del Grafcan, desplegando la pestaña de Calidad ambiental y seleccionando la opción: 'Censo de vertidos'. En el mapa interactivo se puede apreciar con un distintivo verde los vertidos autorizados, en amarillo los que están en tramitación y en rojo los que no cuentan con la autorización.

Según Zapata, gracias a este nuevo censo, hoy se conocen los problemas, «se han iniciado a aportar soluciones y por primera vez» Canarias dispone de una hoja de ruta concreta para poner al día y en orden decenas de puntos de vertido. Al mismo tiempo, aclaró que la normativa no exige que el censo esté actualizado, solo que exista uno pero que después de cuatro años «tocaba ponerlo al día» demostrando el compromiso con la salud, la sostenibilidad y el futuro del mar en Canarias.

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