Pacto en tablitas

Los trabajos de negociación del pacto Gobierno-PP han acabado y parece que ambos partidos están bastante satisfechos del resultado final. El pacto no ha levantado mucha pasión, salvo en los cenáculos políticos, y las medidas que se han consensuado, las que se conocen, tampoco prometen grandes titulares, salvo algunos aspectos sobre el REF y las nuevas fuentes de energía que, a estas alturas, no tengo claro si servirán para el consenso o para echar más gasolina al fuego. La firma está a la espera de la revisión de un solo fleco por parte de Paulino Rivero y Asier Antona y ambas partes confían en que se podrá firmar en los próximos días. La irritación de los ciudadanos con las instituciones y con los políticos los obligan a rebajar la tensión entre la oposición y el Gobierno, pero José Manuel Soria y el PSOE han decidido ponerle algún precio al asunto para que no salga tan barato. El PSOE tiene miedo a los riesgos de un excesivo entendimiento con el PP. Se sienten desplazados, cortocircuita su política de oposición y, a pesar de los juramentos de CC de que el pacto es de hormigón, siguen sin fiarse de que finalmente nos les dé el esquinazo. A todas estas, reaparece José Manuel Soria con toda la artillería pesada contra Paulino Rivero y pone en peligro el trabajo de sus hombres en las Islas. Soria revela incluso una conversación privada sostenida con Paulino Rivero en Madrid, en la que no acordaron nada, pero sí hablaron de todo, incluso de propuestas arriesgadas que Madrid tiene en mente para Canarias, que no constan en los documentos, pero que si Rivero cuenta podría poner en aprietos al ministro. Tras esa reunión, celebrada en el Hotel Palace de Madrid, por donde trafican muchos políticos y empresarios, Soria bajó considerablemente el nivel de críticas al Gobierno y, desde Canarias, Rivero recogió el guante que le lanzó Asier Antona para un pacto regional en aquellos asuntos en los que se puede pactar. La prueba de fuego llegará para ese pacto sin nombre en el debate del estado de la nacionalidad, donde los populares están dispuestos a las propuestas que necesitan respaldo parlamentario para obligar a los socios a retratarse en la votación de las reformas de la administración pública algunos decretos que tiene que aprobar el Gobierno.