Los 2 helicópteros del Cabildo para luchar contra el fuego, inoperativos

Los dos helicópteros de la empresa HTA contratados por el Cabildo para la campaña de verano contra los incendios forestales carecen de la licencia obligatoria para intervenir en operativos de seguridad, al igual que en 2015. Estacionados en Artenara desde principios de mayo, permanecen inoperativos desde entonces.

Como ya sucediera en el verano de 2015, los helicópteros de la empresa HTA contratados por el Cabildo para la campaña de verano contra los incendios forestales carecen de la licencia obligatoria de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) para operar en dispositivos de emergencia y no pueden intervenir en los conatos y fuegos que se registran en la Isla.

Estacionados en la base que Medio Ambiente tiene en Artenara, los dos aparatos permanecen inoperativos desde su llegada, a principios de mayo, a pesar de que el contrato plurianual adjudicado a la empresa portuguesa prevé que el primero entre en servicio desde el 15 de mayo.

De hecho, ninguno de los dos helicópteros del Cabildo ha contribuido en las tareas de extinción de los conatos registrados los últimos días. El que el lunes pasado quemó 1,2 hectáreas de matorral en las Dunas de Maspalomas fue sofocado por un aparato del GES del Gobierno de Canarias, lo mismo que aconteció el día 29 de mayo cerca de la presa de Fataga. El que ardió el martes pasado en La Pasadilla fue apagado por los bomberos del Consorcio Insular de Emergencias, fundamentalmente.

El consejero de Medio Ambiente del Cabildo, Juan Manuel Brito, admitió ayer que los helicópteros no pueden operar, desveló que la adjudicataria informó inicialmente de que disponía del Certificado de Operador Especial y reconoció que en realidad está a la espera de que el permiso le sea concedido por el Ministerio de Fomento.

Brito agregó que Medio Ambiente buscará una alternativa en caso de que HTA no logre la licencia antes del inicio de la campaña de verano contra los incendios, programado para el 1 de julio, y le impondrá una sanción de 3.000 euros por día de retraso en la entrada en servicio.

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