«¿Consentiríamos hacia los niños el trato que damos a los mayores? Yo creo que no»

En los últimos meses varias noticas han tenido como protagonistas a las personas mayores de la islas. El informe de la Diputación del Común sobre las residencias, las 341 personas que siguen ingresadas en los cuatro hospitales de referencia de Canarias pese a su alta médica o la detección del centro ilegal de La Milla, en Guía. De ello habla la filcala Rosa Rubio.

-Usted ha seguido el tema de las personas ingresadas con alta médica. ¿Cuánto tiempo llevan ahí ?

-No puedo decir cuánto tiempo, pero que algunas están desde antes de la pandemia.

-¿Es ya un problema estructural?

-Es un problema estructural, lleva años. No es urgente que te saquen hoy, pero no me tenga un año y medio porque no estoy bien cuidado. ¿Se están vulnerando derechos? Sí, claro. No se les está dando el recurso que necesitan. Nadie habla de que necesariamente tenga que ser gratuito.

-¿Por qué no interviene Fiscalía?

-Desde el hospital nos mandan casos de estos. Para que sea un asunto de Fiscalía es necesario que la persona tenga un deterioro cognitivo que le impida decidir. Si está en plenas facultades y no se quiere ir del hospital la ley establece que si se le da alta médica se tiene que ir. Ahí tienen que intervenir los servicios jurídicos de Sanidad. Si la persona tiene capacidad no es asunto de Fiscalía. Capacidad de decidir, pero si está inmovilizada por un ictus, o tetrapléjica no se puede ir a su casa. Son personas vulnerables que, cuando se les da el alta se puede judicializar el asunto. Fiscalía interviene si no pueden decidir y no tiene guardador de decisiones. Si tiene guardador y se ha esforzado buscando ayudas a la dependencia, pero su salud ahora necesita atención 24 horas y no se le puede prestar en casa para nosotros es un asunto social. Hay familias que quieren cuidarlos, pero no pueden. A veces los familiares están peor que la persona. No siempre la negativa de la familia es injustificada. Se deben coordinar Sanidad, derechos Sociales y los servicios jurídicos.

-¿Porque ocupan una habitación?

-Es que es un recurso que no es para ellas y se le niega a otro ciudadano al que se pone en lista de espera. Además, la persona con alta médica no está recibiendo la atención que necesita. No recibe atención social, asistencia sociosanitaria. Están en el hospital, en la cama, en pijama, acostadas sin recibir estimulación cognitiva, sin rehabilitación. En un hospital no se viste a nadie y se saca de paseo. Ocupan un recurso, ellos mismos no tienen atención y en tercer lugar, corren el riesgo de toda persona frágil de estar en un hospital. Y tampoco es adecuado para su salud física y mental.

-El Gobierno canario ha anunciado que van a sacar a 241 personas de los centros hospitalarios, pero la orden lleva un mes estancada, ahora en Sanidad.

-Acceder a los recursos públicos se hace por listados. Cuando el Cabildo va a decidir quien ingresa ve a otra persona con más necesidades. Si está en casa y no la atiende nadie se prioriza frente a la que está en el hospital, que se va quedando atrás porque sus atenciones vitales están cubiertas. Y sí, está cuidada, pero no está bien cuidada. Sanidad y derechos Sociales deben coordinarse. Pero eso son decisiones políticas.

-Entre estas personas hay quien está tutelada por el propio Gobierno de Canarias (417 en total).

-Sí, hay personas que la Comunidad Autónoma es su curadora y están en hospitales. A lo mejor han intentado sacarlas, pero quizás estas personas no tienen recursos o domicilio y no hay plazas sociosanitarias.

-¿Es un buen tutor el Gobierno?

-No sé contestar a eso. Los problemas que ellos tienen son los mismos con los que se encuentra una familia, no deja de ser una tutora a la cola de todo.

-Con la pandemia ¿ha empeorado la situación de los centros?

-La Fiscalía de Las Palmas ha inspeccionado todos los centros a través de visitas virtuales y hemos visto los esfuerzos que se han hecho y hemos vuelto a ver centros que ya sabemos que tienen problemas, que son la minoría. Los centros en los que no se cumple la normativa siguen siendo los mismos y ahora empiezan a florecer otros, como el de La Milla. Este ha florecido como consecuencia de la pandemia, por no poder acceder los usuarios a recursos públicos o privados. Hay familias que llevan ahí a sus seres queridos por la economía y hay gente a la que le niegan la residencia por su capacidad patrimonial, aunque no tenga para pagar la privada. Puede haber muchas razones, pero ahora florecen centros como La Milla y algún otro más donde hemos detectado no que las personas están hacinadas, pero no se cumple la normativa de atención no solo arquitectónica o de seguridad. Son centros que te dan de comer, te bañan y no hay nada más. La única asistencia es un lugar donde se duerme y come. No hay estimulación cognitiva o terapia ocupacional: No hay trabajador social, no cuenta con profesionales... Vas al centro y tienen a las personas sentadas en un sofá viendo la tele. No tienen la historia de vida de la persona, no conocen a los residentes. Un centro que sí cumpla con esto no necesita sujeciones. Después están los centros más «normales», y después esos de tener «aparcados» a los mayores, que dan desayuno, tentempié, comida, merienda y cena y en el entretanto no hacen nada. Al margen que haya centros horribles, hay otros que no son horribles pero el Servicio de Inspección de la Comunidad debería exigirles esas atenciones porque la normativa lo dice. Tu esperas algo más de la guardería a que le cambien los pañales al niño. Si se sabe que un centro no cumple no deberían dejar que entrara nadie más, que el expediente sancionador terminara con el cierre. No entiendo la pasividad de la administración pública ante centros al margen de la ley.

-¿Y las familias?

-Al principio veía esos centros y decía cómo es posible que traigan aquí a su familiar. Luego entiendes la gente no tiene otra posibilidad. No juzgo nunca a los familiares. Entiendo al familiar, pero no podemos permitir eso. La obligación de los poderes públicos es que no toleremos que haya ese tipo de centros. A esas personas hay que darles atención. ¿Consentiríamos esto con los niños? Yo diría que no. No permitiríamos un negocio así. ¿Por qué lo permitimos con nuestro padres? Eso me llama la atención. La solución es evitar que se incumpla la ley. Un centro ilegal llama a que surjan otros centros. Si cuando surge uno como La Milla lo dejas estar ¿por qué no va a surgir otro en otro lugar? Es como la actitud ante el informe de la Diputación del Común. Pasa una semana y la noticia desaparece, miramos para otro lado.

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