El Gobierno ultima un real decreto que les facilite residir y trabajar

Desde el pasado 1 de mayo se encuentra en trámite de audiencia pública el borrador de la reforma de la Ley de Extranjería que ha puesto en marcha la Secretaría de Estado de Migraciones para facilitar los trámites de residencia y trabajo a miles de menores extranjeros no acompañados y jóvenes extutelados que llegaron a las costas españolas. El documento introduce cambios sustanciales con el objetivo de agilizar la concesión de papeles, incluirlos en el mercado laboral y evitar que continúen en situación irregular una vez alcanzada la mayoría, dejándolos aún más vulnerables. Con ello se daría respuesta a un vacío administrativo, ya que algunos menores tutelados, al cumplir los 18, se convierten en personas indocumentadas, en situación de calle y, por tanto, sin derecho a trabajar, tirando por la borda los recursos que las comunidades hayan invertido en su formación e inclusión durante el tiempo que han pasado en los centros de acogida.

Las mayores trabas a la hora de conseguir los permisos estaban relacionadas con los requisitos económicos. Aun cumpliendo con todas las exigencias que marca la ley, la autorización de residencia se concedía a título no lucrativo, como las que se suelen conceder a las parejas de expatriados, lo que no les permite acceder al mercado de trabajo. Sin embargo, se les exigían unos ingresos de más de 500 euros al mes. El real decreto acaba con este tipo de permiso y rebaja los requisitos económicos, que podrán proceder de ayudas sociales o bien no ser necesarios si el joven está acogido en alguna institución que pueda garantizar su manutención. El resto de modificaciones se relaciona, entre otras, con acelerar la documentación de los menores, lo que no impedirá que se pueda repatriar al joven, en caso de que se considere la mejor opción. Se reducirán los plazos marcados para la obtención de la residencia y se aumentará su vigencia.

De ser aprobada por el Consejo de Ministros, el departamento que dirige José Luis Escrivá espera la nueva normativa que beneficie en todo el conjunto español a unos 8.000 menores a corto plazo y a otros 7.000 jóvenes extutelados, de entre 18 y 23 años, que podrían acogerse de forma retroactiva

Ya el Defensor del Pueblo se ha pronunciado recientemente sobre la necesidad «urgente» de abordar esta reforma ante el gran número de menores y extutelados que se encuentran en esta posición. La institución que dirige Fernández Marugán aconseja que todas las administraciones públicas «revisen» los procedimientos que se siguen con estos menores, ya que, «con demasiada frecuencia, se detectan prácticas administrativas que no tienen en cuenta el interés superior del menor». Por su parte, desde la Consejería de Derechos Sociales aseguran que aún no han recibido el borrador.