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Á. SÁNCHEZ
El mapa de la reducción de penas por la ley del 'solo sí es sí'

El mapa de la reducción de penas por la ley del 'solo sí es sí'

En todas las comunidades autónomas se ha producido al menos una reducción de condena por la aplicación de la nueva norma

Alberto Gómez y Álex Sánchez

Madrid

Viernes, 3 de febrero 2023

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No cesa el goteo de reducciones de condena por la aplicación de la ley integral de libertad sexual, conocida como ley del 'solo sí es sí'. Los tribunales de todo el país revisan desde octubre, cuando se aprobó la norma, las sentencias de cientos de delitos sexuales. Más de cuatrocientas revisiones han derivado hasta ahora en rebajas de pena para los delincuentes, aunque la cifra puede ser más elevada debido a que no todas las secciones penales comunican sus decisiones. Muchas otras sentencias están aún pendientes de revisión, de modo que la cifra seguirá aumentando. Al menos una veintena de estas rebajas han supuesto la excarcelación de los presos por haber cumplido ya su nueva pena. Otras cientos de condenas, en cambio, han sido confirmadas.

Andalucía, Ceuta y Melilla comparten tribunal superior de justicia. La comunidad andaluza, la más poblada del país, y las dos ciudades autónomas suman 70 reducciones de condena. Es el dato más abultado, al que le siguen el País Vasco (52) y la Comunidad Valenciana (46. En la Comunidad de Madrid se han notificado 42 rebajas de pena y en Galicia, 33. En Baleares constan 39 revisiones a la baja y en Canarias, 14, mientras que en Asturias se han producido 16 reducciones; en Castilla-La Mancha, 20, y en Cataluña, 13. La cifra en el resto de comunidades autónomas baja de la decena, pero en todas ha habido al menos una reducción de condena por la aplicación de la nueva ley. A estos números hay que añadir las nueve rebajas de pena comunicadas por el Tribunal Supremo.

¿Por qué?

¿Por qué se reducen las condenas con la ley del 'solo sí es sí'? La intención de la norma es poner el consentimiento en el centro para evitar sentencias como la que condenó en 2018 a los miembros de La Manada por abuso y no por agresión sexual. Aquella decisión judicial fue corregida por el Tribunal Supremo, pero la contestación social, con manifestaciones multitudinarias por todo el país, impulsó a Irene Montero a comprometerse a elaborar una ley de libertad sexual bajo la premisa de que 'solo sí es sí'. Fue uno de sus primeros objetivos como ministra de Igualdad, pero no tuvo en cuenta el reverso de la norma: al fusionar los delitos de abuso y agresión se redujeron algunas penas mínimas, estableciendo por ejemplo un mínimo de cuatro años (en vez de seis) para una violación y de seis (y no ocho, como antes) cuando la víctima es menor.

Montero siempre ha defendido que la ley «es sólida» y que las revisiones a la baja «no se corresponden con el espíritu de la norma ni con la voluntad del legislador», achacando las reducciones a un problema «de aplicación», en referencia a que el número de condenas confirmadas multiplica al de las penas atenuadas. Pero la alarma social y las presiones internas, incluso por parte de la izquierda más cercana a Unidas Podemos, han convertido el asunto en el mayor quebradero de cabeza del Gobierno de Pedro Sánchez antes de las elecciones municipales y autonómicas de mayo. Tanto es así que, en un órdago a Montero, el PSOE anunció este lunes que reformará la ley.

El asunto se ha convertido en un quebradero de cabeza para Sánchez, que ha anunciado, en un órdago a Montero, que reformará la ley

Esta misma semana se ha reducido de nueve a siete años y medio de prisión la condena impuesta a un hombre que abusó de una menor en Murcia. La semana pasada fue puesto en libertad en Lleida un violador múltiple con casi una veintena de agresiones sexuales en su expediente, bajo la advertencia por parte de los servicios penitenciarios de un alto riesgo de reincidencia. En Córdoba se redujo un año de cárcel a un hombre que había abusado sexualmente de la hija menor de su pareja. Algo parecido ha ocurrido en Cantabria, donde una pena de ocho años de prisión pasa a seis años para un hombre que abusó de un chico de catorce años al que obligó a hacerle una felación. Y así hasta más de trescientas reducciones de condena desde la aprobación de la ley.

La mayor concienciación social y la especialización en la formación de los profesionales han animado a más mujeres a denunciar casos de violencia machista en los últimos años. Estos delitos han pasado de ser considerados un asunto privado, familiar, a suponer una cuestión de Estado. No en vano, más de mil mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas desde 2003, cuando comenzó a elaborarse la estadística. Antes ni siquiera eran contabilizadas de manera oficial. Esta sensibilidad se ha trasladado a los juzgados, donde el porcentaje de sentencias condenatorias por violencia de género ha aumentado quince puntos, del 60 al 75 por ciento, en la última década.

El porcentaje de sentencias condenatorias por violencia de género ha aumentado quince puntos en la última década

La propia Montero se ha aferrado en plena tempestad a los problemas y desajustes producidos tras la entrada en vigor de la ley integral contra la violencia de género, aprobada en 2004 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y solicita mayor inversión en formación judicial en materia de violencia sexual. La oposición, sin embargo, lleva meses pidiendo su dimisión. Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP, acusa a la ministra de Igualdad de permitir que las mujeres «estén más desprotegidas» y la ha instado a «asumir su responsabilidad y no seguir embarrando la política española».

Pero las presiones también llegan desde la izquierda. Las críticas de Rita Maestre, candidata de Más Madrid a las municipales en Madrid, y de Manuela Carmena, exalcaldesa, han tensado una cuerda que incluye a la líder de Podemos en Aragón, Maru Díaz, quien aseguró sentir «rabia» por la «tragedia» que constituyen las reducciones de condena y excarcelaciones. Y esa pólvora, a juzgar por el elevado número de sentencias pendientes de revisión, no ha hecho más que comenzar a correr.

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