El misterio del convenio de carreteras
Hay acuerdo político y financiación consignada en los Presupuestos estatales, pero el acuerdo no acaba de rubricarse. El Gobierno canario y el central se culpan mutuamente del retraso y de momento no hay fecha para la firma en el horizonte
Loreto Gutiérrez y Madrid
Jueves, 16 de julio 2020, 19:13
El nuevo convenio de carreteras va camino de convertirse en un animal mitológico: todos han oído hablar de él, las partes negociadoras aseguran que su gestación está avanzada y pronto se podrá presentar en público, a su alrededor bullen rumores, desmentidos y hasta leyendas urbanas -como la de que el ministro Ábalos pondría fecha a la firma el pasado sábado en Tenerife-, su sola evocación copa titulares y genera debates encendidos, pero nadie ha podido demostrar su existencia.
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¿Qué misterio hay detrás del traído y llevado convenio de carreteras que tanto ha enrarecido las relaciones entre Canarias y el Estado? El Gobierno de Pedro Sánchez ha hecho suyo -al menos en teoría- el acuerdo político que el Ejecutivo autónomo cerró con la anterior Administración del PP, ya hay 307 millones de financiación consignados en los Presupuestos de 2018, y ambas partes reiteran hasta el aburrimiento su recíproca voluntad de que el acuerdo, con una inversión que supera los 2.000 millones hasta 2024, quede firmado cuanto antes para que se pueda empezar a ejecutar. Sobre el papel no hay inconveniente para la rúbrica, pero no hay manera de que Fomento fije una fecha.
En versión oficial, el último frenazo responde a “errores técnicos” que requieren reajustes y a la necesidad de buscar una fórmula para que el prorrateo de la deuda estatal de 800 millones no compute como regla de gasto. Fomento culpa al Ejecutivo canario, este responsabiliza al Estado y vuelta a empezar.
Pero ya no es solo la paciencia del Gobierno de Canarias la que se agota. Entre los propios socialistas canarios crece la incomodidad ante las evasivas que les da Fomento cuando preguntan por el retraso, que empiezan a ver como una falta de interés. Y surgen las dudas: ¿hay problemas reales que obstaculizan el convenio, se debe al boicot de un funcionario puntilloso o está el Estado dando largas para no tener que transferir a Canarias 307 millones a pocos meses de las elecciones autonómicas? Hasta el momento no hay respuesta a las incógnitas.
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