Cuenta la historia que el emperador Julio César se divorció de su esposa Pompeya Sila después de que ésta hubiera asistido a una especie de orgía sexual que se permitían en la época a las mujeres de la aristocracia romana. Tras el anuncio, algunas mujeres acudieron a hablar con el emperador y le pidieron que diera marcha atrás argumentando que Pompeya había acudido únicamente como espectadora y no había participado en nada indecoroso y mucho menos le había sido infiel. Sin embargo, su respuesta del emperador fue tajante: «La mujer del César no solo debe ser honrada sino que además debe parecerlo».
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En los tiempos actuales en los que la corrupción y la ilegalidad campa a sus anchas en los distintos estamentos de la sociedad española, tanto en el ámbito de la política, como de la economía y el mundo de la empresa, la cultura, la justicia, la educación... y contagia todo como una enfermedad irreversible debe imperar la determinación de Julio César. Y de esta forma, todo aquel sobre el que caiga la mínima sospecha de una actuación o actitud incorrecta y que ejerza algún tipo de responsabilidad pública debe marcharse porque, aunque nunca haya hecho nada ilegal siempre quedara la duda y esto, se quiera o no, merma la credibilidad y la confianza y contribuye a la resquebrajar el sistema.
El fiscal anticorrupción, Manuel Moix, ha decidido dimitir cuatro días después de que se supiera que era dueño del 25% de una sociedad offshore en Pánama, el mismo paraíso fiscal en el que el ex ministro canario José Manuel Soria, tenía negocios familiares. Puede ser que la sociedad tribute todo lo que le corresponde y que apenas tenga actividad, más allá de contener un chalet heredado de sus padres, pero Moix no tenía otra salida. No es lógico que quien se encarga de vigilar y controlar la corrupción en nuestro país -encargado entre otros del caso Lezo- tenga bienes en paraísos fiscales.
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