Cae una red criminal que regularizaba a migrantes con documentos falsificados en Gran Canaria

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal que regularizaba a migrantes con documentos falsos en Gran Canaria. Han detenido a cuatro personas y tres de ellas han ingresado en prisión.

El entramado los alojaba en inmuebles repartidos por la isla que se encontraban bajo circunstancias no aptas para ser habitados y que no tenían las mínimas condiciones de salubridad ni higiene.

Los implicados recibían información de otras organizaciones criminales que se dedicaban al tráfico de personas acerca de las salidas de embarcaciones desde Marruecos. En total, obtuvieron unos beneficios que ascendieron a más de 250.000 euros.

La red criminal se dividía en dos ramas diferenciadas, una estaba asentada en Marruecos y la segunda en España. Sus integrantes se encargaban de la recepción de los migrantes que venían en embarcaciones desde Marruecos y arribaban en la isla Gran Canaria, gestionaban la manutención y su traslado a la península.

Los implicados se distribuían las diferentes funciones de piloto de embarcación, intermediario o responsable del cobro de dinero. Los miembros asentados en España gestionaban los trámites necesarios para adquirir las tarjetas de embarque y salir de la isla. Además, se encargaban de recibir los pagos para los traslados y de controlar los inmuebles donde alojaban a los migrantes.

La organización recibía información de redes criminales que se dedicaban al tráfico de personas. Éstas les indicaban cuándo partían las embarcaciones desde Marruecos con destino a España y los datos de los migrantes que habían pagado por adelantado el alojamiento en el país.Una vez llegaban a Gran Canaria, trasladaban a los migrantes a la península utilizando inscripciones de nacimiento y certificados de empadronamiento falsificados para regularizarlos.

La red alojaba a las personas migrantes en inmuebles que se encontraban en circunstancias no aptas para ser habitados y que carecían de las mínimas condiciones de salubridad e higiene.

Este espacio estaba controlado por miembros del entramado asentados en España. Desde Gran Canaria les facilitaban la salida hacia otros puntos del país y de Europa, con frecuencia dependiendo de la cantidad económica que cada migrante pudiera aportar al grupo criminal.

Los integrantes de la rama criminal establecida en España cobraban a cada migrante entre 250 y 400 euros, lo que dependía del lugar y trayecto de traslado e incluía su alojamiento y manutención además del viaje a la península.

En ocasiones, este tráfico migratorio debía hacerse vía aérea, lo que implicaba más trámites relacionados con la documentación que habilitase la entrada en España, así como la necesidad de acompañarlos a lo largo del trayecto con el objetivo de regularizar de manera fraudulenta su situación administrativa. En estos casos, los implicados percibían en torno a los 4.000 euros por cada persona.

La investigación ha culminado con la detención de cuatro personas en Arucas y Las Palmas de Gran Canaria por los delitos de favorecimiento de la inmigración ilegal, falsedad documental, usurpación de bienes y pertenencia a organización criminal. Tres de ellos han ingresado ya en prisión.

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