Las pruebas de edad detectan 205 adultos

Los avances en las pruebas de determinación de la edad continúan a cuentagotas ante la ingente llegada de menores a las costas canarias. Sin embargo, se está cada vez más cerca de alcanzar la totalidad de 600 casos a los que el Gobierno canario ha dado prioridad por considerar que había claras evidencias de que se superaba la mayoría. En concreto, se estimaba que unas 300 personas eran ya adultas, mientras que otro tanto alcanzaban, incluso, los 25 años.

En abril, la Fiscalía de Extranjería determinó la mayoría de edad de 115 personas (81 en Gran Canaria y 31 en Tenerife) que estaban en los centros de menores y eran adultos, lo que supone un incremento notable respecto a los meses anteriores. En marzo se realizaron 26 decretos de mayoría de edad, mientras que en febrero la cifra alcanzó los 54. En total, 205 personas adultas ya han sido detectadas, si bien el cálculo de la dirección general de Protección a la Infancia estima que la cifra de los jóvenes inmigrantes acogidos que han superado los 18 años alcanzaría aproximadamente el medio millar.

En este sentido, desde la Consejería de Asuntos Sociales del Gobierno canario apuntan a que las pruebas se han agilizado de forma notable, sobre todo en Gran Canaria, donde estaba principalmente el embudo, y se trabaja en mejorar la filiciación en puerto para evitar futuros conflictos al respecto.

El Ejecutivo se vio obligado a principios de febrero a gestionar con la Fiscalía, la Policía, Sanidad y el Instituto de Medicina Legal una reordenación de las 2.016 pruebas de edad pendientes para dar prioridad a los casos más urgentes. Ese atasco en el proceso se ha traducido por una parte, en la desprotección de los menores, que todavía conviven con adultos en los centros de acogida y, por otra, en una ocupación ilícita por parte de estas personas de las plazas disponibles en los recursos gestionados por Canarias.

Si bien fuentes gubernamentales apuntan que algunas personas mienten sobre su edad para evitar la deportación, desde diversos sectores continúan elevándose voces denunciando la «inacción» de las autoridades para proteger a los menores en los centros, aun cuando hay «signos evidentes» de que no han cumplido la mayoría de edad. A juicio del Defensor del Pueblo, el problema está «íntimamente relacionado» con las deficiencias en los procedimientos.