La presencia de menores en Las Raíces vuelve a hacer saltar las alarmas

La denuncia de la Asamblea de Apoyo a Migrantes en Tenerife sobre la presencia de menores en el campamento de Las Raíces continúa alimentando la preocupación por una problemática que sigue dándose contra el muro burocrático. Los activistas habían conseguido evitar este miércoles el traslado de cuatro senegaleses que justificaban con su partida de nacimiento que no tenían la mayoría de edad llevándolos bajo su responsabilidad al fiscal de menores de Santa Cruz de Tenerife, que finalmente dio orden de su acogida en uno de los establecimientos gestionados por la Consejería de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias.

La notoriedad del caso, sin embargo, solo ha servido para recalcar la necesidad de afinar los protocolos de atención y acogida. Así se lo trasladaron a las autoridades gubernamentales que visitaron el complejo la semana pasada, alertados de que podría haber cerca de medio centenar de menores en esas instalaciones, sin contar los casos ya detectados en otros campamentos en Gran Canaria. Uno de los más sonados, el denunciado por el pediatra Abián Montesdeoca en el CATE de Barranco Seco, que había permanecido ocho días en el campamento en paupérrimas condiciones, sin acceso a ducha y con racionamiento de comida y agua, y que llevaba consigo el pasaporte que acreditaba su minoría de edad. Precisamente, Daniel Arencibia, abogado del secretariado de migraciones de la Diócesis de Canarias, también ha denunciado al Defensor del Pueblo las irregularidades en dichas instalaciones, que «no son para nada aisladas».

Por su parte, desde el Ayuntamiento de La Laguna indican que «cuando nos comunicaron esta situación, decidimos remitir un oficio a la Dirección General y a la Fiscalía para que abran una investigación, ya que nosotros no tenemos mayor competencia, porque los Derechos de la Infancia deben prevalecer», indicó Rubens Ascanio, concejal de Bienestar Social. «No podemos ceder a la improvisación o a las prisas».

Respecto a los cuatro menores que portaban su identificación, acudieron ayer al juzgado correspondiente acompañados de un educador, un traductor y el forense para determinar su edad, aunque no mediante las pruebas óseas. En esta línea, la Dirección General aún no dispone de datos sobre los avances en los casos pendientes después de los acuerdos alcanzados por las administraciones implicadas. Las últimas cifras apuntaban a 2.016 personas que no se habían realizado los exámenes, de los que se darían prioridad a 300 casos por sospechas de que superaran los 25 años. «Las mezclas entre menores y adultos se dan tanto en los campamentos como en los centros de acogida y es un desastre», indica Arencibia. «Todo el problema viene de una misma raíz, que se esté primando el ser extranjero, no menor».

Por su parte, el edil tinerfeño explica que aunque una persona no disponga de documentación que lo acredite, solo con manifestar verbalmente que no ha alcanzado la mayoría de edad, se deben activar los protocolos necesarios para proteger sus derechos al tratarse de población especialmente vulnerable.

El principal escollo, cuenta, está en la falta de asesoramiento y de comprensión por parte de los que llegan, pero también de los que reciben a esas personas. «Faltan herramientas para entender cuál es la situación, sus derechos y a qué se tienen que acoger», apunta. «En ese sentido, desde el Ayuntamiento hemos reclamado esa intervención rápida de las administraciones competentes para que se establezcan fórmulas de protección que eviten estas situaciones».

Una embarcación con 58 hombres subsaharianos a bordo llegaron ayer por sus propios medios al puerto de La Restinga, en el sur de El Hierro. Cinco de ellos fueron derivados a centros de salud, dos con fiebre y tres con hipotermia. La primera impresión de los servicios de emergencia apuntaba a que alguno parecía menor de edad, pero no constó ninguna confirmación al respecto.