Las ONG podrán acompañar a los menores inmigrantes a las pruebas

Representantes de la Delegación del Gobierno, la Fiscalía de Extranjería, la dirección general de Protección a la Infancia y la Familia, la Consejería de Sanidad, el Instituto de Medicina Legal y las entidades colaboradoras que tienen la guarda delegada de los menores no acompañados en Canarias se reunieron este miércoles para abordar el atasco en la realización de pruebas óseas que determinan la edad de las personas llegadas en pateras a las costas del Archipiélago. El objetivo principal se centró en dar respuesta a esta problemática de manera coordinada entre todas las partes, después de que la consejería de Derechos Sociales del Gobierno autónomo estimara que aún se desconocía la edad del 75%.

El atasco se concentra básicamente en la isla de Gran Canaria, desbordada en el último año por el fenómeno migratorio y acusado por el largo engranaje burocrático y administrativo para emitir el decreto de determinación de la edad. El procedimiento acordado en el encuentro certifica que las entidades colaboradoras enviarán a la brigada de Extranjería de la Policía Nacional el listado de los menores a los que se dará prioridad en las pruebas óseas, consistentes en una radiografía de muñeca y una otropantomografía dental. Son estas, precisamente, quienes tienen un mayor acercamiento con los menas y pueden señalar dudas razonables de que se traten de adultos.

Según los cálculos de la Consejería, del total de 2.016 jóvenes que se encuentran en los centros de acogida pendientes de la prueba habría que derivar a unos 1.000. De ellos, algo más de un tercio son claramente mayores de edad y encabezarán los listados, mientras que se estima que alrededor de otros 300 podrían tener entre 17 y 24 años.

Una vez obtenida la relación de nombres, la policía será la encargada de corroborar los datos y derivarlos a la Fiscalía de Extranjería. El siguiente paso es el traslado del expediente al Hospital Materno-Infantil. El centro público citará a los menores para las pruebas después de que el Servicio Canario de la Salud se comprometiera con la dirección general a la realización de unas 100 pruebas semanales, descartándose por el momento la necesidad de acudir a la vía privada.

Uno de los principales acuerdos de la reunión ha sido la posibilidad de que las entidades puedan llevar a los menores al examen y no solo la policía como indicaba el procedimiento hasta ahora, aunque desde la Consejería recomiendan su presencia en la medida de los posible. De esta forma se abre una nueva puerta para aliviar la presión en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, también desbordados por otro tipo de cuestiones como pueden ser los incidentes con migrantes adultos.

Lo que sí será de su competencia exclusiva, a fin de garantizar la cadena de custodia, es el envío de los resultados a los forenses del Instituto de Medicina Legal (IML), quienes evaluarán cada caso y enviarán su correspondiente informe a la Fiscalía de Extranjería, el último paso burocrático para emitir el decreto de determinación de la edad.

La directora del IML, María José Meilán, destacó a este periódico que por el momento no tienen ningún mena pendiente de dar cita y que los tres últimos se vieron este martes. «Si ahora va a aumentar el número de pruebas óseas que se van a realizar, los veremos a todos y si hace falta incrementar la plantilla, contamos con un compromiso de la Consejería de ponernos refuerzos», declaró. La institución ha asegurado que tiene la capacidad de emitir unos 40 informes semanales. El único «cuello de botella» que hubo, según Meilán, se produjo tras la pandemia «porque durante el estado de alarma no se hicieron pruebas».

Derechos Sociales también quiso destacar la disposición de todos los agentes implicados al poner en común sus problemáticas y trabajar por la mejora de «este complicado engranaje».

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