El laberinto de las pruebas a los menores

La problemática de las pruebas de edad a los menores no acompañados (menas) resulta especialmente complicada debido al gran número de agentes sociales que intervienen en el largo proceso desde su llegada a las costas canarias hasta la confirmación de su tutela por parte del Gobierno autonómico, única responsabilidad que ejerce dentro de sus competencias en materia de inmigración, mientras que la guarda corresponde a los cabildos insulares.

Esto se traduce en un tedioso laberinto burocrático que eleva la tensión en los centros de acogida-cuya capacidad total es de unas 500 plazas-, debido a la contundencia de la ley, los retrasos por la pandemia y la falta de personal. De ahí que la Consejería de Derechos Sociales se reuniera esta semana con todas las partes implicadas para intentar acelerar el engranaje y priorizar, entre los 2.036 presuntos menores a los que aún no se les ha hecho el examen, a alrededor de 300 que son «claramente adultos» y otros «300» de los que se tienen dudas razonables de si han alcanzado la mayoría de edad.

El protocolo comienza una vez que las autoridades competentes han derivado al joven al centro de acogida correspondiente; aquel donde se estima que hay plazas disponibles o que pueden asumir su custodia temporal. Entra en juego entonces la Ley de extranjería, que dispone que cuando un menor llega al Estado español se le deben realizar pruebas de edad si «no puede ser establecida con seguridad». Para ello, las entidades colaboradoras realizan un listado de casos sospechosos, en los que puede indicar, también, los más evidentes.

Una vez obtenida la relación de nombres, la brigada de Extranjería de la Policía Nacional es la encargada de corroborar los datos y derivarlos a la Fiscalía de Extranjería para abrir un expediente. Intervienen entonces las autoridades sanitarias: los centros hospitalarios dan cita para la realización de las pruebas óseas, que consisten en una radiografía de muñeca y una ortopantomografía dental. El ritmo marcado por el compromiso del Servicio Canario de la Salud es el de unas cien pruebas semanales que se llevarán a cabo en los centros de referencia, el Hospital Insular y el Hospital Materno Infantil. Esta estimación parece que se considera suficiente por parte de la Consejería, que ha descartado la necesidad de acudir a la vía privada. Una opción que fue aprobada por la Fiscalía ante los retrasos del personal médico, también desbordado por la covid.

En este punto volvía a formarse otro embudo, protagonizado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que ante la atención a otras demandas más urgentes no podían acompañar a los menas al hospital. Tras la reunión mantenida esta semana, la Consejería ha abierto la puerta a que las ong también puedan ejercer esta función y aliviar, así las presiones. Sin embargo, en lo que no cede es en la presencia de la policía para trasladar los resultados de las pruebas, a fin de garantizar la cadena de custodia.

La siguiente parada burocrática se encuentra en el Instituto de Medicina Legal, cuyos forenses se encargan de comprobar las radiografías, interpretar los datos e, incluso, hacer entrevistas individuales para emitir sus informes. La cantidad máxima que se alcanza es de apenas cuarenta pruebas a la semana, dada la capacidad limitada de la institución, lo que sigue dificultando llegar a todos los menores pendientes de determinar la edad. Y si bien su directora, María José Meilán, ha asegurado que no tienen citas pendientes, el incremento de las pruebas no podría sostener esta realidad sin un aumento de su plantilla. Refuerzo para el que, asegura, cuenta con el compromiso de la Consejería. Finalmente, el informe emitido regresa a la Fiscalía de Extranjería, que cierra el círculo supervisando el expediente correspondiente y emitiendo el decreto de determinación de la edad.

Frente a este procedimiento se alzan las críticas de varios sectores tanto sociales como políticos que demandan una mayor agilidad y prevenir problemas derivados. El Defensor del Pueblo se ha dirigido en varias ocasiones a la Fiscalía General del Estado para transmitirle las quejas que recibe, además de recalcar la «dudosa fiabilidad de las pruebas óseas». Por otro lado, la sobreocupación ha obligado a buscar una fórmula jurídica que permitiese la derivación de los menores no acompañados a otros territorios de la península. Una cuestión que se ha traducido en la resolución de cesión de tutela.