El incremento de mujeres y menores en las pateras enciende las alarmas institucionales

El incremento de la presencia de tanto de menores como de mujeres en las embarcaciones irregulares que están llegando a Canarias preocupa y mucho a instituciones y ONG. Los agentes de la Consejería de Interior en Marruecos alertaron ayer al ministro Fernando Grande-Marlaska de que ya es habitual encontrar entre cuatro y seis pequeños en las pateras, tanto acompañados como no acompañados. De hecho, durante la semana pasada Canarias sufrió un repunte de pateras que se saldó con casi 300 personas más, entre ellas, 25 mujeres y 29 supuestos menores.

Los últimos datos que ha dado a conocer la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) indican que se ha pasado de un 5% de mujeres en los cayucos a un 12% en menos del primer trimestre del año. Un cambio de perfil respecto a la crisis de 2006 que ACNUR achaca a varios factores como la intensificación de los conflictos en los países de origen o los efectos de la pandemia, entre otros, y que también se ha visto reflejado en el aumento de peticiones de asilo.

Para la abogada de extranjería Loueila Mint El Mamy, a pesar de que el porcentaje aparente bajo, «resulta preocupante y muy duro» observar estas cifras, ya que las mujeres que se embarcan en el trayecto sufren vulneraciones por partida doble. «Muchas de las personas que salen de Dajla tienen que convivir durante un mes en una vivienda determinada y fingir que son pescadores para que no los detecten», explica Mint. «Imagina a una mujer que ya ha salido de una zona de conflicto en un su país (de un panorama de violencia de género, empobrecimiento o exclusión) y encima tiene que ocultar su cuerpo ante las mafias, las autoridades y los hombres con los que va a convivir ese tiempo. Cuando llegan ya no solo nos planteamos si ha sido víctima de trata, como muchos inmigrantes, sino todos los abusos que ha podido sufrir de forma añadida».

Ante esta situación, suelen tener preferencia en las derivaciones a la península como colectivo vulnerable, ya que aquí no siempre se cuenta con los medios necesarios. De hecho, recuerda la abogada, las últimas mujeres internadas en las pocas plazas separadas que disponen los CIE de Hoya Fría y Barranco Seco fueron en 2019. La mayoría, en cambio, son derivadas al programa de atención humanitaria de Cruz Roja, a la espera de la autorización para su traslado.

Por otro lado, la tragedia de la pequeña maliense fallecida sigue poniendo el acento en los menores que se embarcan en una de las rutas más peligrosas para el fenómeno migratorio y que se ha cobrado la vida de al menos 18 personas en lo que va de año, teniendo en cuenta solo aquellas de los que se tiene constancia en las islas, bien porque murieron en tierra, porque hallaron sus cadáveres en las pateras o porque sus compañeros de travesía aseguraron que perecieron en el mar.

Desde el punto de vista de las instituciones, esto obliga a buscar nuevos modelos de alojamiento temporal adecuados a estos perfiles. El Gobierno de Canarias tiene actualmente a su cargo a unos 2.600 menores, y la sobrecarga de los recursos ha obligado a llegar a acuerdos con otras comunidades para que pasen a formar parte de sus sistemas de acogida bajo el principio de solidaridad. Además, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó ayer la entrada en vigor de una modificación del Decreto ley 23/2020 que permite utilizar otros espacios residenciales para la acogida de los menores migrantes debido a la llegada masiva a las islas, además de la situación sanitaria derivada de la pandemia.