Intervenir el alquiler

La teoría económica y las experiencias que se han desarrollado en distintas ciudades españolas, de Europa y de Estados Unidos demuestran que la imposición de precios máximos para regular cualquier mercado, sea el del alquiler o el del pan, tiene consecuencias negativas y no solucionan el problema. Al fijar un tope de renta, en el caso de la vivienda muchos propietarios no ven atractivo sacar sus casas al mercado porque no les compensa, con lo que la oferta de pisos en alquiler no mejora.

Al poner ese límite de renta, muchos propietarios optan por no reinvertir en la mejora de sus viviendas y muchas, al final, no reúnen las mejores condiciones. Y como tercera consecuencia de un largo listado, al establecer esos límites se favorece la ilegalidad y ante la necesidad de casa, propietario y arrendatario puedan negociar la cantidad máxima legal y aparte, en negro, unos euros más por los que no se declara.

Los precios máximos en el mercado del alquiler tienen, en mi opinión, mucho de populista y poco de efectividad. Más acertadas me parecen las medidas que plantea el PSOE para regular un problema que, por cierto, el propio mercado se está encargando de resolver: solo en febrero los precios han caído un 3% en el archipiélago.

Los socialistas optan por la vía de los incentivos, con deducciones en el IRPF para quienes rebajen precios a los inquilinos y aún mayores para los que decidan poner su vivienda en el mercado, además de rebajas en el IBI. Así se anima a más propietarios a alquilar aumentando la oferta de viviendas en el mercado, que es el gran problema. Algunos critican que esas medidas vayan a beneficiar también a los grandes tenedores pero, aunque esa es la creencia imperante, solo un 15% de los propietarios son fondos de inversión o empresas. La mayoría son personas individuales y que en muchos casos utilizan los ingresos de esas viviendas para complementar salarios, pensiones o prestaciones. De ahí que tampoco se les puede castigar.

Dicho lo anterior, lo ideal sería no intervenir en el mercado, ni con precios máximos ni con incentivos, y favorecer desde las instituciones la construcción de viviendas públicas de alquiler a un precio asequible. El Gobierno de Canarias avanza en esta línea a través de Visocan y la colaboración privada de los constructores y ese ha de ser el camino.