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Gaumet Florido y Arcadio Suárez
Las Palmas de Gran Canaria | Los Llanos de Aridane
Jueves, 19 de septiembre 2024, 02:00
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El Gobierno de Canarias prevé hacer este mes los primeros pagos de compensaciones a los afectados por el volcán de La Palma, según informó ayer a este periódico el viceconsejero de recuperación económica y social de La Palma, Pedro Afonso Padrón. Para estos primeros abonos, el Ejecutivo dispone de 140 millones de euros, 100 de ellos correspondientes a 2023 e ingresados por el Estado en enero de este año, y los otros 40 del Gobierno autonómico. Se estima que harán falta 600 millones para compensar por todo el daño del Tajogaite.
«Estamos en fase de notificación y pago de los primeros»; pero aclaró que en esta primera tanda los expedientes tienen que ver con las viviendas que eran residencia habitual. «En siguientes fases se compensará por el valor del resto de lo perdido», porque, como recordó el viceconsejero, el propósito del Gobierno pasa por contribuir a que los damnificados reinicien sus proyectos de vida. Es decir, que se les compensará también por segundas residencias, negocios y fincas.
Según Afonso, dando esta posibilidad de que los afectados puedan recuperar su patrimonio personal, se generará una actividad económica que redundará en el patrimonio colectivo. Y es que ese es otro de los objetivos de la estrategia diseñada, planificada a cuatro años: recuperar la economía de la isla, que ha quedado muy debilitada. Entre esas medidas figura la bonificación del 60% del IRPF a todos los palmeros, que el Cabildo ha pedido que se mantenga durante 10 años, pero que es una acción que no terminan de entender parte de los afectados, sobre todo aquellos que más han perdido. «Las bonificaciones y ayudas que tienen los damnificados del volcán no las tiene nadie más, pero esa medida del 60% bonificado es estructural, busca que haya una mayor capacidad de gasto en toda la isla, que las familias tengan más liquidez y que se convierta en un estímulo para que la gente no se marche de La Palma, como ya está pasando».
Tras advertir de que este Gobierno tomó las riendas de la gestión de esta crisis provocada por el Tajogaite hace solo un año, hizo este miércoles balance y subrayó que lo primero que hizo el ejecutivo que lidera Fernando Clavijo fue generar el marco normativo adecuado para reconocerles a los afectados el derecho a recuperar el valor de su patrimonio individual dañado y que, una vez hecho eso, a través de tres decretos-leyes y la modificación de un cuarto, se podrá cumplir el compromiso de pagar por todo lo perdido. Y es que admite que las ayudas públicas ya otorgadas a los afectados, hasta 100.000 euros en los mejores casos, no dan para construir una casa.
En esa misma línea informó de que se montó un equipo técnico que está haciendo ya las valoraciones y se abrió una oficina para informar a los damnificados, que desde abril ya ha atendido más de 2.100 consultas, de entre las que más de 600 son solicitudes de modificación de los datos que se registraron en su momento.
Y por último se ha hecho una apuesta por impulsar y agilizar la construcción de vivienda pública en las 14 parcelas disponibles con el objetivo de restar tensión en el mercado.
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