La indignación crece entre los afectados por el volcán: «Ya no podemos esperar más»

El 19 de septiembre de 2021, muy poco después de las dos de la tarde, la historia geológica de La Palma escribió un nuevo capítulo. El volcán Tajogaite reventó y paró el reloj de cientos de familias del Valle de Aridane. Tres años después, la indignación crece entre los afectados. El deseo es unánime. «Ya no podemos esperar más». Justo para este jueves, a las 12.00, hay convocada una concentración reivindicativa en la plaza de España, en Los Llanos de Aridane. Y por la tarde, a las 19.00, la asociación de vecinos La Laguna de Tajuya ha convocado en la plaza de este barrio una jornada de escucha, una especie de terapia de grupo donde los damnificados podrán decir, sin intermediarios, cómo se sienten.

«En las administraciones han sobrado las medallas mientras que entre los afectados hay muchos silencios». Esta frase resume cómo se está viviendo la gestión del drama que sepultó la mitad del valle. Es de Francisco Rodríguez, que preside la asociación Tierra Bonita, uno de los colectivos creados para representar a los afectados. «La gente se ha tenido que buscar la vida pese a que no se les ha devuelto lo que perdieron, como se prometió, pero no todo el mundo tiene el mismo fondo de armario y esas familias necesitan respuestas, no pueden seguir esperando tres años después».

Unos, directamente, se exiliaron del valle, a la cara este de La Palma o, incluso, a otras islas; otros esperan todavía por que les dejen limpiar el picón que cubre sus casas; otros, a que les digan si les dejan o no volver a construir en su parcela, y otros ya levantan sus nuevas casas. Pero ninguno, o casi ninguno, ha podido pasar página del todo. A todos, o casi todos, les deben el compromiso de recuperar el valor de lo mucho que perdieron.

Amanda Melián figura entre las que más abiertamente han escenificado su hartazgo. Cansada de que no le dejaran llegar siquiera hasta su casa y de su pareja, una de las más próximas al volcán, al estar en la llamada zona de exclusión, optó semanas atrás por tapar lo poco que se podía ver de su vivienda, cubierta casi entera por toneladas de picón. Esa estampa dio la vuelta al mundo y al poco le avisaron de que, al fin, tenía vía libre hasta la que fue su casa.

Pero con eso no basta. El inmueble, de dos plantas, está enterrado hasta la cubierta. «Esto no se saca con unas palas, necesitamos que nos hagan una pista para que lleguen las máquinas hasta aquí». Recuerda que no pide privilegios. «A nosotros nos prometieron que nos iban a ayudar a limpiarla como a todos los demás». Cerca de su casa hay otras tres en similares circunstancias.

Pide la ayuda para ya. No puede más. «Siento impotencia». Mientras habla, deambula por encima de su hogar. Lo tiene a mano, pero sigue sin estar a su alcance. «Son tres años y ni siquiera nos quitaron la arena de los tejados, cuando se la quitaron a todo el mundo; hemos perdido mucho tiempo». Parte de este tiempo ella, su pareja y sus dos hijos han residido en una casa prefabricada de las que construyó el Gobierno canario en El Paso. Y tiene asumido que no podrá volver a la que habitó durante 7 años. «Es por mis hijos, no me fío de este suelo, está lleno de tubos volcánicos».

Amanda no ha recibido ayuda, ni los 60.000 euros que dio el Estado, ni los 30.000 del Gobierno canario. «Solo recibí de las donaciones», por lo que ultima trámites para embarcarse en una hipoteca. Por su casa sepultada tenía una de 40.000 euros, que acaba de saldar, y ahora firmará otra por más de 100.000. Le toca casi empezar de cero, de ahí su decepción con tantas promesas que se hicieron en caliente a los afectados. Visto lo visto, lanza una reflexión. «Después de lo que hemos pasado, casi hubiera preferido que se la hubiera llevado; más que una fortuna, ha sido una cruz». Tampoco sabe en qué estado quedó.

«Al afectado lo han cancelado, ya no existe, nos han convertido en un registro, en un número», apunta Rodríguez. A su juicio, a eso contribuye, por ejemplo, la forma en que se ha decidido tramitar la concesión de las ayudas mediante la orden de las compensaciones, dictada por el Gobierno de Canarias con fecha 2 de julio y que cuenta con una partida, ya disponible, de 140 millones, 100 del Estado y 40 del Ejecutivo regional.

A grandes rasgos, impulsará una tasación de las viviendas y fincas dañadas y el abono a las familias de la diferencia entre lo tasado y las ayudas ya recibidas. «No será transparente y eso ya ha provocado recelos y sospechas entre los palmeros», protesta, máxime cuando le consta que hubo fraude en las ayudas. «Hubo quien coló un cuarto de aperos como una primera vivienda». Cree, de hecho, que la isla está rota, por el volcán y sus secuelas, pero también por cómo se ha gestionado. Reclama menos burocracia, más transparencia y más empatía. Tampoco comparte que se fije como referencia un precio de 1.500 euros el metro cuadrado. «Las casas no son iguales».

Juan Vicente Rodríguez, que lidera la Asociación Social Volcán Cumbre Vieja, incide en la incertidumbre que les embarga y en la desconfianza respecto a los compromisos anunciados, sobre todo respecto a las compensaciones. «Dicen que nos van a pagar el valor de lo perdido, pero es humo, a estas alturas del año no hemos visto ni un euro». Coincide con Rodríguez en protestar porque las ayudas no se harán públicas. «Ahora se inventaron lo de la protección de datos, la lista debe ser pública, que todos veamos lo que cobra cada uno».

Habla sin tapujos de discriminación. «Tres años después estamos peor, nos han discriminado». Como presidente, además, de Covalle, una cooperativa de plataneros, no entiende la política de ayudas a las empresas o negocios afectados. «No es válido que al que está fuera de la afección del volcán le estén pagando y a nosotros no pese a que nos sepultó las fincas».

Rodríguez se explica. «Aquí se da el dinero a todo el mundo, incluso a negocios del norte de La Palma que ni oían el volcán porque dicen que les afectó porque dejaron de recibir clientes, pero qué pasa con restaurantes como El Canguro en Todoque, que está bajo la colada y no ha recibido nada». No oculta su indignación. «Me parece bien que se les pague porque esos negocios tuvieron que cerrar un tiempo y les generó pérdidas, pero en qué cabeza cabe que los que no están cerrados, sino destruidos, no hayan recibido ayudas». Y alude, por ejemplo, a las fincas de plataneras destruidas. «Teníamos una renta por esos terrenos sepultados, ¿por qué no se nos descuentan los gastos y se nos respetan esos ingresos hasta que podamos volver a producir?».

Tierra Bonita insiste en cuestionarse la gestión de la crisis en los momentos previos a la erupción. Hay mucha desconfianza entre parte de los afectados. Se quejan de que no se les avisó con tiempo. Esta asociación, que ya intentó sin éxito reclamar por vía judicial las actas y grabaciones de las reuniones de los comités científico y director del Plan de Emergencias Volcánicas (Pevolca) de aquellos días que precedieron al estallido, anuncia que llegará, si hace falta, hasta el Tribunal Europeo.

Amanda solo pudo llevarse de su casa la minicuna. Tenía un bebé de 3 meses. Se dejó hasta las llaves puestas. «No sentí nunca un temblor los días previos, pero el día del volcán, a las 5 de la mañana, la casa se levantaba del suelo». Recuerda que aquella mañana «el helicóptero que trajeron para detectar el magma no salía de donde al final reventó el Tajogaite». Dice que nadie la avisó. «Salí al coche a poner una bolsa, hubo un silencio y, de repente, una explosión». Entonces su vida cambió.

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