El Cabildo destina al año 2,43 millones de euros para vigilar sus instalaciones

Para vigilar en condiciones diversas instalaciones vinculadas al Cabildo, por parte de la primera Corporación se ha activado un proceso de cara a contratar a una empresa especializada en sector. De inicio se cuenta con un presupuesto de 2,43 millones de euros para un año, contando con impuestos; con la posibilidad de establecerse hasta tres prórrogas anuales, según se ha dado a conocer en fechas recientes en medios oficiales.

La iniciativa contempla dar cuidado a cerca de una quincena de inmuebles relacionados con el Cabildo, empezando por la sede central de la primera Corporación en la calle Primero de Mayo de la capital insular. Además, en el listado figuran el Complejo Ambiental de Zurita, junto a las estaciones de guaguas de Puerto del Rosario y Morro Jable; y las paradas preferentes para el transporte público interurbano establecidas en Corralejo, El Cotillo, Caleta de Fuste y Gran Tarajal.

En la misma relación de espacios a tener en cuenta, asimismo, destacan el Palacio de Formación y Congresos, el Museo de Betancuria y la Universidad Popular; junto al Centro de Arte Juan Ismael y diferentes dependencias destinadas a dar atención al público de manera cotidiana, caso de la sede de Servicios Sociales o el edificio destinado a usos múltiples, entre otros espacios. También está en el listado la Granja Experimental en Pozo Negro.

Como aspecto curioso, en la relación habrá que agregar al Centro Polivalente de Gran Tarajal, en cuanto este inmueble se considere que ha entrado en servicio de una manera cotidiana.

La entidad que resulte seleccionada, muy probablemente entre fechas finales del año y las primeras semanas de 2023, deberá subrogar a todos los trabajadores que prestan actualmente servicio en materia de vigilancia de las diversas dependencias cabildicias. Consta una relación de todos ellos, con presencia de varias decenas de profesionales. La vigilancia a prestar con estos trabajadores será constante, durante todos los días del año.

El adjudicatario y el personal que tenga relación directa o indirecta con la prestación de los servicios deberán guardar secreto profesional sobre todas las informaciones, documentos y asuntos a los que tengan acceso o conocimiento durante la vigencia del contrato, estando obligados a no hacer público o enajenar cuantos datos conozcan como consecuencia o con ocasión de su ejecución, incluso después de finalizar el plazo contractual.

A priori, hasta el 4 de octubre habrá de plazo para el registro de propuestas por parte de las entidades interesadas en el servicio.

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