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Francisco José Fajardo y Javier Darriba
Las Palmas de Gran Canaria
Miércoles, 4 de septiembre 2024, 02:00
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Los testimonios de los trabajadores de la Sociedad Municipal de Gestión Urbanística (Geursa) no son el único punto en el que se fundamenta la investigación del caso Valka, que trata de dilucidar si en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria operó, presuntamente, una trama corrupta con ramificaciones en el urbanismo y en la gestión de las zonas verdes. La instrucción de este caso, que impulsa el magistrado Rafael Passaro Cabrera, en colaboración con los fiscales de la Fiscalía Delegada de Medio Ambiente y Urbanismo y de la Fiscalía Delegada contra la Criminalidad Organizada de Las Palmas, cuenta también con grabaciones de conversaciones que fueron aportadas por parte de algunos trabajadores que habían sido despedidos, supuestamente por no aceptar las órdenes de la dirección.
Estos archivos de audio resultarán fundamentales para esclarecer el procedimiento de aprobación de modificados de proyectos o los incrementos de unidades de obra que, presumiblemente, eran irreales y se impulsaban desde la cúpula de Geursa para beneficiar a 'empresas amigas' con ingresos superiores a los consignados en los concursos públicos como importes de adjudicación final.
Origen La investigación parte de una denuncia de Rehoyas Avanza sobre permutas de suelo en Tamaraceite Sur.
Investigación Las primeras pesquisas hicieron que se ordenara una ampliación de las investigaciones.
Investigados. Por el momento hay seis cuatro de Geursa, uno de Parques y Jardines, y un empresario.
Posibles delitos A los investigados se les imputa hasta siete delitos diferentes, según informó la Fiscalía.
Esta parte de la instrucción se encargará de verificar si los testimonios de los trabajadores cesados en Geursa -supuestamente por no avenirse a las exigencias de sus superiores de firmar los informes técnicos para justificar los modificados de obra- están avalados, de manera indiciaria, por las grabaciones de las conversaciones en las que ellos mismos intervenían.
Empleados despedidos en la Sociedad Municipal de Gestión Urbanística del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria detallaron a este periódico que «cuando decíamos que no firmábamos algunos documentos técnicos, éramos apartados».
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La situación laboral que se vivía en el seno de Geursa fue denunciada por el sindicato Intersindical Canaria en febrero de 2024. En aquel momento, emitió un comunicado en el que hablaba de una «caza de brujas» y de «una campaña de acoso continuo» desde la dirección de la empresa municipal, «incluyendo insultos, vejaciones y retirada de funciones laborales», que culminaron con lo que el sindicato entendía como una serie de «despidos disciplinarios». Según sus cálculos, desde 2020 hasta la semana pasada, seis trabajadores han perdido sus puestos.
En este presunto clima de presiones que se daba supuestamente en la Sociedad Municipal de Gestión Urbanística, la investigación repasará unidades de obras no justificadas, incrementos de precio no soportados, modificados de proyectos que no se merecían la consideración de necesarios o, incluso, en algunos vistos buenos a la recepción de obras inacabadas.
Las grabaciones y los testimonios serán, por tanto, un elemento clave para corroborar si, supuestamente, desde Geursa se prometía, de manera reservada, a empresarios, unos precios superiores a los importes de adjudicación por medio de la aprobación de modificados de proyectos.
En la lista de iniciativas sobre las que la instrucción del caso Valka ha puesto la lupa se encuentran obras de la MetroGuagua, la mejora de la accesibilidad del Confital y Las Canteras; la conexión peatonal entre La Galera y el intercambiador de Cruz del Ovejero; el desarrollo de Tamaraceite Sur y sus permutas de terreno; la repavimentación de calzadas del Lasso; la mejora de los accesos en ese barrio; y el asfaltado de Divina Pastora.
El concejal de Presidencia, Hacienda, Modernización y Recursos Humanos del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Francisco Hernández Spínola, firmó la resolución del inicio de las investigaciones internas en el Consistorio por el caso Valka el pasado viernes, 30 de agosto. La resolución supone la incoación del procedimiento «para la realización de una información previa para la emisión de informe» sobre los contratos celebrados por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria con las empresas Guerra Patrimonial FGG y Esvertical, «así como, en su caso, sobre contratos con otras empresas o entidades participadas por aquellas o con coincidencia de accionistas o administradores».
Estas dos empresas aparecen en varias líneas de investigación en el caso Valka. La primera pertenece a Felipe Guerra, que es el único empresario que hasta el momento aparece como investigado en la instrucción de Valka; y la segunda es una mercantil que codirigieron el propio Guerra y el exjefe de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Miguel Ángel Padrón.
Esvertical, que fue disuelta en octubre de 2021, tras siete años de actividad, tenía como objeto social la proyección, diseño y construcción de jardines, especialmente los verticales.
Como Padrón estuvo al cargo del área de Zonas Verdes desde mayo de 2005 hasta junio de 2020, esto quiere decir que compaginó su cargo público con el de administrador mancomunado de Esvertical durante cinco años y ocho meses.
En ese periodo se analizan dos contratos de suministro de agua: uno es de diciembre de 2019, adjudicado por 750.000 euros por tres años; y otro es de diciembre de 2020, por 468.000 euros, también por tres años.
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