El Consultivo rechaza la reclamación de 122 millones de Siam Park al Cabildo

Francisco Suárez Álamo

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 18 de junio 2024 | Actualizado 19/06/2024 15:12h.

En un dictamen con fecha de 13 de junio, el Consejo Consultivo de Canarias rechaza la reclamación de 122.302.757 euros presentada por el grupo empresarial que lidera la familia Kiessling (Loro Parque SA) al Cabildo de Gran Canaria, al que responsabilizó de que no haya salido adelante el parque acuático y de ocio en El Veril (San Bartolomé de Tirajana), conocido como Siam Park.

Loro Parque presentó la reclamación tras la anulación judicial en firme del Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad (PMMIC) en el ámbito de El Veril. En el dictamen, que tuvo como ponente primero al magistrado José Suay y después al jurista Julio Pérez -tras la renovación de consejeros de dicho órgano-, se señala que no ha lugar esa reclamación al Cabildo porque, en todo caso, si el parque acuático no ha salido adelante es por la decisión judicial y no por inacción de la corporación insular.

En ese sentido, el Consultivo subraya que «la anulación del PMMIC se fundamenta en la falta del informe de la administración hidrológica acerca de la existencia de recursos hídricos en la tramitación».

En su reclamación de responsabilidad patrimonial, Loro Parque argumentó que sí había lugar a solicitar el daño emergente y el lucro cesante «por los daños y perjuicios causados a las entidades mercantiles representadas como consecuencia de la inactividad insular en la promoción del proyecto tras ser la principal impulsora del mismo, y por la flagrante desatención normativa y falta de diligencia mínima exigible al organismo hidrológico en la emisión del informe requerido sobre existencia y disponibilidad de recursos hídricos, cuya falta determinó la anulación del PMMIC y la imposibilidad de llevar a efecto el proyecto de Siam Park en Gran Canaria». El daño emergente se cifró en 30.383.543,75 euros y el lucro cesante en 89.954.971,59 euros, más 1.964.241,38 euros en concepto de pérdida de oportunidad. «Todo ello», agregó el grupo de la familia Kiessling, «sin perjuicio de que por esa Administración insular se considere que concurre responsabilidad solidaria con otras administraciones intervinientes (Gobierno de Canarias y Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana)».

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Frente a esa tesis, el Consultivo es contundente: «Resulta patente y palmaria la falta de fundamento de la reclamación de responsabilidad promovida ante el Cabildo Insular de Gran Canaria. Y ello, debido a la manifiesta inexistencia de legitimación pasiva de la referida Corporación insular para reclamar frente a ella el resarcimiento de los daños en los términos en que se pretenden».

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Para sostener esa afirmación, el Consultivo agrega que es «la indicada anulación judicial, y solo ella, la que a la postre ha impedido la ejecución de dicho proyecto, y de donde podrían surgir consecuentemente los eventuales e hipotéticos daños por los que se reclama; y no, por tanto, la conducta observada por el Cabildo Gran Canaria en la defensa en la ejecución de dicho proyecto realizada o dejada de realizar».