
Emma Colao
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Emma Colao
La jurista, activista y directora del Observatorio de Derechos Sociales de Canarias (Odesocan) Emma Colao, denuncia la situación de indefensión en la que se encuentra la ciudadanía en las islas al no poder ejercer sus derechos. «Estamos en una de las comunidades que más incumplimiento de derechos tiene por metro cuadrado», afirma. Colao (Agüimes, 1995) cree que Canarias cuenta con un presupuesto suficiente para hacer frente a esas demandas ciudadanas, pero que se «gestiona mal».
-A Odesocan no le convencen los presupuestos de 2025 para Canarias.
-Dan la espalda al contexto canario. No se ajustan a los indicadores que tenemos sobre empleo o vivienda, sobre las necesidades en términos de políticas sociales, las necesidades que tiene la población. Hemos hecho un informe muy exhaustivo, y la conclusión es que no es un problema de presupuesto, es que el Gobierno de Canarias gestiona muy mal.
Emma Colao
-¿En qué sentido en concreto?
-Divide la gestión presupuestaria por áreas. Es decir, gestiona empleo como si no tuviera nada que ver con políticas sociales. Gestiona vivienda como si nada tuviera que ver con políticas sociales. Gestiona la sanidad como si no tuviera que coordinarse con políticas sociales... Tiene departamentos estanco y en vez de gestionar dinero, quema presupuesto. ¿Por qué? Porque una persona no tiene solo una realidad. En Canarias, por los indicadores sociales que tenemos, tiene un problema de adquisición de vivienda, tiene un problema en términos de empleo, además, puede estar en la lista de los servicios sociales, y puede tener también otro problema en dependencia porque ejerce los cuidados de su padre o su madre... Todos esos problemas, por mucho que el Gobierno de Canarias se empeñe en gestionarlo de manera separada, tienen mucho que ver en la vida de una sola persona en Canarias.
-Se gestiona así en todas partes.
- Pero lo suyo sería que el Consejo de Gobierno sirva para algo más que para encontrarse a tomar el café. Deberían coordinar las líneas de acción y crear mesas de trabajo sectorial entre las áreas. El área de vivienda y empleo deben ir de la mano, porque, además, Canarias es una de las comunidades autónomas que mayores tasa de desempleo tiene de todo el Estado. Canarias tiene, por ejemplo, la segunda cesta de la compra más cara de todo el Estado y sin embargo, es una de las comunidades autónomas que menos invierte en soberanía alimentaria.
-¿Esa «descoordinación» es la que lleva a la ciudadanía de ventanilla en ventanilla?
-Exacto. El Estatuto de Autonomía expresa de manera literal que la ciudadanía canaria tiene derecho a una administración cercana, eficaz y veloz. en términos de resolución, es decir, rápida y eficiente. Y sin embargo, tenemos una administración que cada día más se ampara en la burocracia para justificar el incumplimiento de sus derechos. Si le preguntamos a cualquier persona en Canarias podrá afirmar que ha empleado más tiempo en hablar sobre documentos que muchas veces no entiende bien, que en hablar de cuándo se va a ejercer su derecho. ¿Y dónde se encuentra toda esa ciudadanía que va de ventanilla en ventanilla? En los centros de Atención Primaria. Uno de cada cuatro casos que atiende Atención Primaria es un trastorno ligado a la salud mental. ¿Es Canarias la comunidad autónoma con peor salud mental de todo el Estado? ¿Y es porque los canarios tienen predisposición a tener mala salud mental o es porque lo causa algo? Hay un causante: el empeoramiento del ejercicio del derecho de la ciudadanía. En vivienda, en políticas sociales....
-Se supone que han aumentado los presupuestos por ejemplo en Bienestar Social...
-En 2024 se produjeron recortes en distintas áreas y en 2025 se producen incrementos en esas áreas, pero no responden al recorte que se produjo en 2024. Por lo tanto, el incremento real sigue incumpliendo muchas veces la ley, como puede pasar en Bienestar Social, donde existe un incremento de 59 millones de euros entre 2024 y 2025, pero dado el recorte en 2024, sigue incumpliendo la Ley de Servicios Sociales, porque lo que debería sumar en dos anualidades son 110 millones de euros, 55 más por año, según la norma. Hoy, además, no existe mapa estratégico de servicios sociales. ¿Van en 2025 a crear el mapa estratégico? Las partidas de desarrollo de la Ley de Servicios Sociales decrecen, luego no solo incumplen, sino que pretende seguir sin cumplir la ley.
-La falta de relación entre áreas parece clara con las personas que, con alta que viven en hospitales.
-Hay un supuesto plan de coordinación social sanitaria que no se ha terminado de ejecutar nunca porque no tiene ficha presupuestaria. Es decir, Canarias habla de coordinación social y sociosanitaria mientras no invierte en ella. Eso es muy de la política. Pero, además, ya llega muy tarde al discurso de las plazas residenciales. Anunciaron que el nuevo plan de infraestructuras va a dotar en 780 plazas nuevas residenciales. Tenemos un déficit de 9.400 plazas. O sea, que no solo llegan tarde, sino que además llegan al postre. Anuncian que van a aplicar 80.000 horas para el servicio de ayuda a domicilio, pero eso son 220 personas. Para servicios de promoción para la autonomía personal 30.000 horas, pero son 100 personas. Al Gobierno de Canarias le parece brillante la idea de intentar cumplir el derecho a los servicios de dependencia con la menor inversión posible. Canarias es la región que menos invierte por habitante en dependencia de todo el Estado y sin embargo, es la que más habla de dependencia.
-¿Diría que estamos en la peor comunidad en derechos sociales?
-Estamos en una de las comunidades que más incumplimiento de derechos tiene por metro cuadrado. Eso sí, es una de las regiones que más regula. Parece que cada vez que se habla de un derecho, para que no se ejerza, se hace una ley, cuando muchas veces no hace falta regular, lo que hace falta es cumplir y después ya hablamos del modelo que queremos implantar. Cumplamos con el Estatuto de Autonomía de Canarias. No se puede hablar de un presupuesto canario de espaldas a él y no se puede hablar del 'presupuesto más social' de espaldas al contexto social canario. En esa contradicción continuada se encuentra el Gobierno de Canarias. La implantación de la ley de Dependencia en Canarias llegó tarde y mal. Sin financiación, sin despliegue de recursos,... ¿Y quién se ocupó de ello? El tercer sector. Que Canarias sea una comunidad autónoma con tantísimo tercer sector no es más que el resultado del fracaso de la dirección política sobre el derecho de la ciudadanía. La ciudadanía no está demandando más infraestructuras, demanda más servicios, más personas que cuiden.
-Ahora hay un debate por el modelo de ayuda a domicilio...
-La ley permite de manera muy extraorordinaria conceder una prestación por ayuda a domicilio. Lo que han hecho es poner un tipo de modelo de tarjeta donde se carga la prestación a esa familia. En esa tarjeta y a esa persona le va a contar como un incremento de patrimonio, Así que probablemente, pierda la pensión no contributiva o le baje la pensión. Ejercer el derecho le va a costar dinero.
-Suspendieron al Gobierno canario en ética presupuestaria. ¿Por qué?
-Solo voy a dar un ejemplo. El área de Presidencia puede gastar 22.500 euros a la hora, es decir, puede gastar en una hora lo que es el salario mediano de una persona en Canarias al año, 16.090 euros al año, y más de dos veces una pensión no contributiva.
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