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La profesora gallega Uxía García (28 años) que ganó una plaza en las oposiciones de estabilización docente en Canarias el pasado verano podrá seguir dando clases en La Orotava (Tenerife) porque la Consejería de Educación ha tomado una medida cautelar pese al 'no apta' de Inspección Médica. Con ello García vuelve al aula mientras avanza la denuncia judicial que ha interpuesto, pero no en su plaza. «Estoy contenta sí y no. La discriminación sigue hasta que no sea funcionaria», asegura en conversación telefónica.
En junio del año pasado la docente concursó por una de las plazas reservadas a personas con discapacidad. En su caso visual del 66%. El examen teórico lo aprobó, pero el práctico lo bordó obteniendo un 10. «El propio tribunal agradeció que personas con discapacidad se presentaran a la especialidad de Educación Especial porque trabajamos con niños con discapacidad», explica. En agosto supo de su aprobado por las lista que publicó Educación. «Y allí estoy yo», comenta con orgullo. Pero a finales de ese mes Inspección Médica, que depende de Función Pública, se pone en contacto con ella para demandarle de nuevo sus informes, hace una entrevista personal y la declaran 'no apta'. «Fue totalmente una sorpresa», asegura, especialmente porque desde diciembre de 2022, un año y medio antes de las oposiciones, ya había aportado sus informes médicos para optar a la plaza reservada para personas con discapacidad. «Tenían constancia de todo», asegura.
Uxía García tiene mal recuerdo de la entrevista personal con la Inspección Médica. «Me resultó una encerrona, con preguntas de índole personal. A nadie le importa en qué trabaja mi marido, ni si tengo carnet o no. Y sobre todo, hubo comentarios innecesarios como que, y esto son palabras literales, que lo que les preocupaba era que por mi baja visión periférica si un niño se lanzaba por la ventana no lo iba a ver», comenta con enfado.
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La situación de 'no apta' impidió a Uxía García acceder a su plaza de funcionaria, lo que denunció en el Comité Español de Derechos de las Personas con Discapacidad (Cermi). Su responsable en Canarias, Miguel Ángel Déniz, elevó la queja a Educación. «Nuestra inspección educativa, la tutora de prácticas y la directora del centro habían emitido informe favorables a Uxía García», reconoce Mónica Ramírez, directora de Personal. «Hablan de solvencia y capacidad de la profesora» y «no era un riesgo para el alumnado», tiene a un grupo de cuatro alumnos y en el aula Enclave hay auxiliar, abunda Ramírez. «No se corre ningún riesgo y la volvimos a incorporar mientras se resuelva el asunto en un juzgado».
Para Uxía García, la situación es injusta. «Creen que no puedo realizar mi trabajo porque carezco de autonomía. No tiene sentido. Hubo compañeros profes que supieron de esta discapacidad el mismo día del cese», comenta para ejemplificar que su falta de visión periférica, que se convierte en ceguera nocturna, no es tan evidente.
Déniz, por su parte, agradece «el esfuerzo de la Consejería de Educación, que ha hecho lo que está en su mano», pero cree que es necesario que en Función Pública se ajusten «los criterios y la normativa» a la legislación vigente en relación al empleo público de personas con discapacidad. Y es lo que va a demandar Cermi. «A raíz del caso de Uxía, hemos conocido dos casos más de dos personas con discapacidad auditiva a las que les ha pasado algo similar. Vamos a solicitar una reunión con Función Pública y ofrecer nuestra experiencia y colaboración para tratar de que hagan un protocolo claro en lo relativo a la discapacidad porque no vamos a ir defendiendo caso a caso. Que hagan los ajustes razonables», añade. También cree necesario y «urgente» que el Gobierno de Canarias «se pronuncie en el ámbito político» reclamando «un cumplimiento de la normativa» para acabar con la discriminación en el ámbito laboral de las personas con discapacidad.
El responsable del Comité Español de Derechos de las Personas con Discapacidad (Cermi) en Canarias, Miguel Ángel Déniz, pone en valor que Uxía García vuelva a trabajar como docente, pero recalca que la discriminación de la que se cree objeto la docente no se ha reparado. «Nos preocupa que esta medida cautelar haga parecer que esta solucionado. Y no, porque tenemos un juicio contenciosos administrativo para que su derecho sea restituido», afirma.
Uxía García expresa similar opinión. «Me reincorporan provisionalmente, pero tengo que seguir por vía judicial para que no se repita, que nadie más tenga que pasar por lo que estoy pasando, la desesperación, la angustia, la discriminación...». García recuerda que «ganó» su plana. «No me la regaló nadie». De hecho señala que solo pidió adaptación en el examen escrito. Estar cerca de una fuente de luz y que la letra fuera al menos de 12 puntos. Y para su puesto de trabajo menos aún: que el aula tenga luz natural o en su defecto «luz fría», dice Déniz.
«Nosotros tenemos en el ámbito de la discapacidad visual a 132 personas dando clases en España, cuatro de ellas en Canarias», reconoce el responsable de Cermi. Mónica Ramírez, directora de Personal de Educación, recuerda por su parte que «hay docentes con discapacidad que son aptos y persona sin discapacidad que no son aptas, pues depende de la patología».
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