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Gemma Pinyol-Jiménez es experta en políticas migratorias, investigadora de la Universidad Pompeu Fabra (Barcelona). Ha colaborado con el Consejo de Europa y es coordinadora de la Red Española de Ciudades Interculturales (RECI). Frente al «discurso securitizado» que domina y crea «miedo y tensión» versus la «tragedia, el drama, la amenaza», las soluciones no pueden ser «simplistas». Y mientras, «lo que antes parecía intolerable», como el naufragio de Lampedusa en 2013 con más de 600 muertos, «hoy es la normalidad».
– Presenta un estudio sobre la distribución de menores no acompañados. ¿En qué consiste?
– La idea del estudio es poner encima de la mesa una propuesta de trabajo. Yo digo que esto no es el final, sino que es el principio, porque es una propuesta de trabajo que presenta un instrumento para facilitar la distribución en el territorio español de los menores migrantes sin referentes familiares. Y la idea es hacerlo con un instrumento que sea un coeficiente para intentar que esté estructurado, es decir, que no sea un instrumento que aparezca en situación de crisis, sino que sea un mecanismo permanente que facilite esta distribución al margen del contexto, al margen de los debates partidistas, al margen de la vida. Que sea un instrumento de gobernanza, porque una de las cosas que seguramente faltan en este país son instrumentos de gobernanza compartida, migratoria en este caso. La idea del coeficiente es, a través de unos criterios, proponer una distribución. Los criterios son discutibles, es una idea para empezar.
– De qué criterios hablamos.
– Proponemos un coeficiente basándonos en la experiencia tanto de la Unión Europea como de países como Alemania, que lo tienen estructurado internamente así, y le hemos puesto los criterios que nos han parecido más convenientes: población; PIB per cápita; desempleo; lo que llamamos acogida, que serían llegadas; y solidaridad, que es el tiempo o los menores que ya están en el sistema en un periodo de tiempo más largo.
– Parece todo muy coherente, pero todo eso de alguna manera ya se ha planteado a las diferentes comunidades autónomas y a los diferentes partidos, pero en España el debate parece que no está en eso, ¿no?
– Sí, a mí la parte que me sabe mal es que al final estos debates hay que tenerlos y está bien, y por eso empiezo diciendo que es un pase para el debate. El problema es que esto tiene que tener una continuidad que ya se escapa de lo que podemos hacer las personas que analizamos y que tiene que ver con los compromisos de las instituciones, de los partidos, de la clase política. Y aquí una de las grandes preguntas es por qué nos está fallando, no solo en España, porque este es el mismo debate que ha pasado en la Unión Europea con la redistribución de personas refugiadas en su caso. Hay una necesidad de buscar mecanismos que superen estas parálisis que se generan para intentar dar respuesta a situaciones que especialmente en un territorio como Canarias son acuciantes, permanentes y estructurales.
– Y más de 20 años hablando de fenómeno migratorio, de crisis.
– Bueno, sabes lo que tengo que decir, que al final es bueno (hablar del tema). Ya sabemos lo que no funciona; no funciona poner barreras al mar, ni los muros muy grandes, por más que Trump gane las elecciones diciendo eso. Hay una parte del discurso que ya sabemos que está perdido, que está en unas batallas retóricas que no tienen eficiencia en gestión, simplemente porque lo que dicen no es ni funcional, ni pertinente, ni acorde al derecho internacional en muchos casos. Entonces yo creo que esto (la distribución en base a un coeficiente) es parte de una contribución, modesta; la idea es decir que hay que hablar de estos temas. No podemos tener una situación estructural y seguir reaccionando con mecanismos de ajuste temporal que se van cambiando según las circunstancias. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que depende de las circunstancias, depende del contexto, las cosas son más fáciles o cuestan más. Y el Gobierno de Canarias ha tenido muchos años, y además en diferentes colores, para saber que no siempre es fácil solicitar solidaridad en otros territorios y que esto desencaja. Entonces yo creo que la idea de buscar mecanismos permanentes es precisamente asumir la estructuralidad y buscar fórmulas que lo tengan en el largo plazo.
– La solución a la vida de estos niños, ¿es la modificación del artículo 35 de la ley de extranjería?
– No, yo creo que la modificación lo que hace es cambiar las reglas del juego para las administraciones, en este caso básicamente autonómicas. No tiene que ver con la vida de los niños. Aquí hay otra reflexión complementaria, que es si nuestro sistema de protección a los menores es mejorable. Tenemos un sistema de protección a la infancia que también debe mejorar. Se han puesto pocos recursos.
– ¿Por qué las comunidades autónomas del PP, de la derecha, ponen tantas cortapisas a hacerse cargo de estos menores? En Canarias tenemos entre 5.000 y 6.000 niños y niñas sin familia.
– En mi opinión personal, esto forma parte de un debate de polarización. No es por el tema en sí, sino porque hay una polarización en España en general en la cual parece que si se llega a un acuerdo entre partidos de gobierno y oposición, se está cediendo. Forma parte de una manera que no es la deseable de entender lo que es el juego democrático parlamentario. Esta gestión, este tema de los menores, ha caído en este espacio, porque me niego a creer que sea por 30 niños que haya problemas. Entiendo que esto tiene que ver con razones políticas de ocasión.
– ¿Y la UE está dando respuesta?
– Es que la Unión Europea tiene los mismos problemas. La UE en 2015 cuando propuso el programa de reubicación fracasó. Acabó Hungría y Polonia en el Tribunal Superior de Justicia de la UE por no cumplir con los acuerdos, lo que demuestra que el incumplimiento pasa también en los Estados, y la UE tiene el reto de gestionar esta situación. Es un poco bajado al nivel español lo que tenemos. Tenemos espacios de no solidaridad, de no compromiso, de no cogobernanza migratoria, y no tenemos mecanismos para avanzar. Por eso la idea de proponer instrumentos más estructurales intenta salir de esto, intenta buscar un debate que además lo piense de manera estructural y no vinculado a la coyuntura política del momento.
– ¿Tiene Canarias capacidad para seguir soportando la responsabilidad?
– Yo creo que el Gobierno de Canarias en general, no solo ahora, lleva haciendo muchos años un gran trabajo en el acompañamiento de estos menores, pero lo ha hecho muy solo en muchas ocasiones. Es necesario elevar un poco el debate y sacarlo del contexto de Canarias. En la península muchas veces se tiene poca atención a esta realidad. Y las cifras se escuchan pero no se entiende lo que significa en un territorio reducido que haya muchos centros o que haya menores en la calle. Solidaridad quiere decir apoyar y compartir responsabilidades.
– El sistema que propone, ¿ha llegado a la famosa mesa de negociación?
– No, estamos a un nivel mucho más preliminar. Es una propuesta de trabajo que hay que hablar con matices con el Gobierno de Canarias. Hemos creado un modelo en el coeficiente, hecho una simulación con datos que no sabemos si son reales o no. Porque los datos sobre menores inmigrantes en España no están publicados, no están controlados. La simulación está basada en aproximaciones.
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