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La política siempre tiene consecuencias directas en la vida de la gente. Aunque muchas veces la ciudadanía crea que no va con ellos. El último ejemplo es la derogación del Real Decreto-ley 9/2024, de 23 de diciembre, por el que se adoptaban medidas urgentes en materia económica, tributaria, de transporte y de Seguridad Social, y con el que se pretendía prorrogar determinadas medidas para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social. Esa era la intención del Gobierno de España cuando el pasado miércoles llevó a un pleno extraordinario en el Congreso de los Diputados la votación del decreto ley (llamado 'ómnibus') en el que se incluía la gratuidad de guaguas y tranvías en Canarias.
El voto contrario del PP, posicionándose junto a Junts y Vox, ha dado como resultado que desde este jueves 23 de enero los cabildos de las islas hagan frente común: prefinanciarán el servicio de transporte público para que siga siendo gratuito. Eso sí, los gobiernos insulares están dispuestos a pagar tal coste –100 millones año aportaba el Estado– hasta que Gobierno de Canarias y central solucionen el problema.
Ya el año pasado los cabildos adelantaron el dinero, como recordó el presidente del Cabildo de Gran Canaria, que recibió la partida presupuestaria estatal en diciembre. «Nosotros seguiremos prefinanciando. Vamos a seguir con la gratuidad sin ningún tipo de problema», aseguró Antonio Morales, «y el Gobierno buscará durante todo este año las fórmulas, que pueden ser otro decreto, otra mayoría, otras fórmulas en el Consejo de Ministros«.
Y es que como señaló el presidente del Cabildo de Gran Canaria, y en lo que han coincidido distintos representantes públicos de las islas, la partida presupuestaria está reflejada en los Presupuestos Generales del Estado. Sólo resta ahora encontrar la fórmula para hacer posible la transferencia a Canarias.
El presidente insular de Gran Canaria apuntó que son 80 los millones destinados a la isla para subvencionar el transporte terrestre de pasajeros. «Mientras lleguen, el Cabildo prefinanciará el coste de la gratuidad». Eso sí, habrá que detraer el dinero de algún lado para destinarlo a las guaguas gratis.
En todo caso, Morales no dejó pasar la oportunidad de señalar a PP, Junts y Vox, las formaciones que votaron en contra del 'decreto ómnibus'. Aunque, según el presidente insular, la jugada no les va a salir como esperaban. «Afortunadamente, esta decisión del Partido Popular, de Junts y de Vox para frenar la gratuidad del transporte público en Canarias, entre otras cosas, no va a tener ningún efecto en Gran Canaria, porque el Cabildo prefinancia esa gratuidad, como lo está haciendo cada año».
Más o menos harán los mismo el resto de cabildos. El primero que así lo aseguró es el de Tenerife. El consejero grancanario de Presidencia y Movilidad Sostenible, Teodoro Sosa, reveló que están en contacto con el Cabildo de Tenerife con el fin de adoptar decisiones conjuntas para enfrentar la situación, al tratarse de dos islas capitalinas, con aproximadamente el mismo número de viajeros y con las mismas necesidades. También se han unido en un frente común los gobiernos insulares de Lanzarote, Fuerteventura y La Palma, que buscarán financiación alternativa para no perjudicar a la ciudadanía y mantener la gratuidad del transporte este año 2025.
Mientras, el Gobierno de Canarias intenta buscar soluciones de la mano del Gobierno de España. La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad de Canarias, a través de la Dirección General de Transportes y Movilidad, que dirige María Fernández, solicitó este jueves al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible un encuentro la próxima semana «para buscar soluciones y garantizar la continuidad de la gratuidad del transporte público colectivo terrestre».
A través de una carta, María Fernández ha reiterado su preocupación «por el escenario actual que afecta directamente a la planificación y a la tranquilidad de los cabildos insulares y de la ciudadanía».
La directora general de Transportes y Movilidad ha insistido en la necesidad de que el Estado, que ya cuenta con una partida presupuestaria para este fin, busque una herramienta que vehiculice esos fondos hacia Canarias, ya sea través de un nuevo decreto, exclusivo en materia de transportes, u otra fórmula que no permita perder esos fondos.
«La solución no pasa porque los cabildos detraigan fondos de otras necesidades básicas para mantener este compromiso que ya el Gobierno de Canarias había cerrado con el Ministerio» a finales del año 2024.
Tal y como están las cosas, el Ejecutivo canario sólo puede «reiterar su disposición para colaborar en la búsqueda de la fórmula alternativa que permita garantizar la financiación y la implementación de esta medida» las islas.
Eso sí, «es fundamental contar, a la mayor brevedad, con una respuesta» para que esos fondos lleguen.
Entretanto, en Canarias se mantiene la gratuidad de los viajes en guagua en los mismos términos que hasta ahora –dependiendo del tipo de abono transporte y viajero–.
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