Presupuestos 2025, injustos y sin apostar por el futuro (1)

En primer lugar, me detendré en la estructura de los ingresos previstos en los Presupuestos, factor muy vinculado con la política fiscal del Ejecutivo. Siempre he defendido que esta debe sustentarse en los principios de suficiencia -financiar adecuadamente los servicios públicos y las demás competencias de la Comunidad canaria-, generalidad -que todas las personas contribuyan al erario y se persiga a quien no lo haga- y progresividad -que se tribute en función de la capacidad económica de los contribuyentes. Por eso, engañan a la ciudadanía quienes prometen menos impuestos y mejores servicios públicos. Además, es bueno saber que la presión fiscal (sumando tributos y cotizaciones sociales) en Canarias (26% de su PIB) es la más baja del Estado (38,6%) y, por supuesto, de toda la Eurozona (42%).

CC y PP llegaron al Gobierno canario con la promesa de bajar el IGIC del 7% al 5%, algo que nos pareció irresponsable por el daño que podía suponer a las arcas públicas. Fueron tan 'coherentes' que ya en 2024 se produjeron ligeros incrementos en algunos tipos del IGIC. Ocurre también en el caso del de combustibles, donde mantienen la eliminación de la bonificación del 99,9% que el Gobierno de Progreso había aprobado para 20.000 autónomos y pymes del transporte profesional y 5.000 del sector agropecuario, importantes para el sector y para contener la inflación. Supone unos 18 millones de euros. Y lo rematan con la introducción del céntimo forestal (que compartimos) que supone subir la exacción fiscal a gasolinas y gasóleo de automoción para que lo apliquen los cabildos que lo deseen con carácter finalista para planes de reforestación y lucha contra la Crisis Climática, aumentando la presión fiscal en 84 millones de euros según el propio proyecto de Ley, un total de 102 millones si contemplamos ambas figuras.

Pero entremos en las medidas tributarias del IRPF. Por un lado, se elimina la deducción por alza de precios en el tramo autonómico del IRPF. Esta medida, que establecimos al final de la anterior legislatura, afecta a las rentas menores de 30.000 euros en tributación individual o 40.000 en conjunta y es, con diferencia, la medida de alivio frente a la inflación más importante tanto en términos de beneficio fiscal para las familias de rentas bajas como por la cantidad de contribuyentes afectados (más de 514.000). Según datos de la AEAT del tramo autonómico del IRPF del año 2022 (último dato publicado) esta deducción supuso un beneficio fiscal para las familias de rentas de menos de 30.000 euros de 104,4 millones de euros, el 47% del importe de todas las deducciones autonómicas del IRPF de ese año, que sumaron 221,4 millones. Estamos hablando de un grave perjuicio al 79% de los contribuyentes canarios que declararon rentas hasta 30.000 euros en el IRPF, a los más modestos.

Argumentan que ya no hay inflación para eliminar la anterior medida, pero, de forma contradictoria, plantean una deflactación de la tarifa autonómica que favorece a las rentas con elevados ingresos anuales. Aplicada a todos los tramos de renta sin distinción alguna, incluyendo a los 4.912 contribuyentes que declaran más de 150.000 euros y a los 324 que tributan por encima de los 601.000, como si, en la comunidad con la cesta de la compra más cara, esta les afectara igual a los más ricos que a los de menor renta. Modo Ayuso.

Todas las nuevas medidas incluidas en el proyecto de Ley de Presupuestos de Canarias para 2025 se encuentran recogidas en la Ley 13/2023, de 15 de diciembre, por la que se modifica el Texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad de Madrid en materia de tributos cedidos por el Estado para deflactar la escala autonómica, el mínimo personal y familiar, las cuantías de las deducciones autonómicas y los límites de renta para la aplicación de estas en el IRPF. Es decir, copian las medidas fiscales de Isabel Díaz Ayuso, probablemente la dirigente del PP más cercana al trumpismo y amiga de Milei.

Ya lo hicieron, nada más llegar al Gobierno, cuando aprobaron por causa «de extraordinaria y urgente necesidad», el Decreto Ley 5/2023, de 4 de septiembre, por el que se modifica las bonificaciones en la cuota tributaria del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, para prácticamente eliminarlo y que hace que perdamos 180 millones de euros de recaudación en los cuatro años de legislatura. Hay que recordar que, tras la modificación realizada por el anterior Gobierno de Progreso, solo estaban obligados a pagarlo quienes recibían herencias por persona superiores a los 300.000 euros y de forma progresiva. Y que no tenían ninguna bonificación las herencias por persona superiores a 1,2 millones. Con su supresión, CC y PP benefician, por tanto, a la minoría que más tiene.

Por otra parte, introducen una deducción que afecta a la contratación de empleadas o empleados del hogar. Sin tener en cuenta la renta, lo que permitirá que una familia de ingresos superiores a 150.000 euros deduzca el 20% de la cuota a la Seguridad Social por una empleada de hogar solo por tener hijos menores de 25 años o ser el contribuyente mayor de 75. Lo único que se consigue es que a las familias pudientes les salga más barato las empleadas del hogar que tienen contratadas, porque son las únicas que se las pueden permitir. Nuevamente copian medidas puestas en marcha por la muy liberal Ayuso, que incluso fue más prudente: lo limita a familias con menores de hasta tres años.

Además, ya advertimos hace un año que el actual Presupuesto era imprudente, temerario y arbitrario. Con un crecimiento del 11% con relación al de 2023 (1.121 millones de euros más) sustentado en un falseamiento de la regla de gasto; y consolidando 1.000 millones en gasto estructural, incumpliendo en ambos parámetros las recomendaciones en sentido contrario de la Airef. Un crecimiento «completamente artificial y forzado en las cuentas públicas para 2024 que comprometerá los presupuestos canarios de 2025 y siguientes ante la dificultad de garantizar el mismo nivel de ingresos no financieros».

Al final, confirmando lo que señalábamos hace un año, los ingresos no financieros no finalistas, que aumentaron en 1.240,2 millones de euros en los Presupuestos actuales, lo hacen en solo 110 millones en los de 2025. Con bajadas significativas en financiación autonómica (pasa de 800,6 millones a 203,4), recursos fiscales del REF e impuestos cedidos (de 205,9 a 149,5) y, especialmente, en fondos europeos (de 233,7 millones a -242,9).

El escaso aumento de los Presupuestos podría ser solventado con cambios normativos tributarios que supongan aumentos permanentes de la recaudación, al margen de la limitación que imponga la regla de gasto, como señala el artículo 12 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Una regla de gasto, por cierto, que inventó el PP y en que cuya aprobación fue ponente la actual consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias; y a la que NC se opuso presentando enmiendas en el Congreso de los Diputados.

Son sus graves decisiones, y no las de terceros, las que llevan a un crecimiento de solo 376,8 millones (3,3%) con respecto a 2024, de los que 236,9 van a capítulo 1, al obligado incremento de las nóminas del personal. Lo que llevará a recortes y ajustes. Si el Gobierno hubiese recuperado el impuesto de sucesiones y donaciones para rentas altas y aprobado una ley de tasa a las estancias turísticas, la regla de gasto le permitiría disponer en 2025 de unos 300 millones adicionales, es decir, un incremento total de 676 millones que permitiría mejorar la estructura de gasto en inversiones, sectores económicos y servicios públicos.

En definitiva, estamos ante unas cuentas públicas injustas y sin apostar por el futuro, que benefician a quienes tienen rentas más elevadas a costa de perjudicar a las rentas medias y bajas, es decir, a la mayoría de la sociedad canaria, intensificando la enorme desigualdad que padece esta tierra, como han reiterado distintos estudios recientes. Unos Presupuestos de la Comunidad Canaria que, abordando la estructura de gastos, continuaré analizando en un posterior artículo.