Insolidaridad política ante un drama humanitario

No entiendo la postura adoptada por los grupos parlamentarios que han dejado en la cuneta la tramitación de la proposición de ley para materializar esa modificación. El texto registrado nació del consenso de la mayoría de formaciones políticas y el trabajo coordinado realizado desde Canarias. Pero la sorpresa llegó cuando en Madrid unos y otros pedían más tiempo de negociación, alargando la agonía que vivimos en la islas para garantizar la atención que se presta a los casi 6.000 menores que están bajo tutela de Canarias.

Esta situación abre un escenario sin precedentes y, cuanto menos, preocupante, pues coloca en un limbo la vida de los miles de niños y niñas que tenemos en las islas, en situaciones que en ocasiones no son las idóneas para su bienestar, porque es conveniente no olvidar que los medios de los que disponemos solo permiten atender con garantías a 2.000 menores, mientras que actualmente triplicamos esa cantidad.

Suena frío hablar de números, y no debemos hacerlo. Estamos ante vidas humanas que huyen de la miseria de un continente en el que no hemos hecho todo lo posible para que la diplomacia y la cooperación internacional frene las salidas de forma irregular. Pero aun así, ahora toca enfrentarnos a las consecuencias de estas situaciones y enfrentarnos a ellas pasa por no dejar a nadie en la estacada y garantizar las prestaciones básicas y la escolarización a todos los menores migrantes no acompañados.

En ocasiones, parece que algunos en Canarias se olvidan de que, en el pasado siglo, fueron nuestros familiares los que partieron desde nuestras costas hacia América para huir de la miseria. Salvando las diferencias, muchos de ellos hicieron su vida en países como Venezuela, Cuba o Argentina ganándose la vida y labrando su futuro. Aunque las condiciones de entonces distan mucho de las de ahora, es un buen ejemplo para reflexionar todos del papel que los canarios y las canarias debemos tener en esta crisis humanitaria.

Albergo la esperanza de que lo ocurrido en el Congreso de los Diputados no merme la unidad de acción con la que hemos trabajado desde Canarias. Este problema es un problema de Estado, y tanto desde Madrid como desde Bruselas tienen que fijar una planificación real sobre política migratoria que garantice las derivaciones y la atención digna que se merecen todas las personas que arriban a las costas de nuestras islas. No hay más tiempo que perder. Tomemos decisiones, seamos exigentes y respetemos la voluntad de la mayoría política y social de este Archipiélago.