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Con el paso de los meses la sociedad canaria es cada vez más consciente de la acuciante falta de vivienda que sufren las islas. Según un estudio de la Asociación que representa a la distribución profesional de materiales para la edificación y la rehabilitación (Andimac), en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2021 y el 1 de enero de este año, se constituyeron en Canarias un total de 34.979 unidades familiares mientras que solo se inició la construcción de 11.990 viviendas, prácticamente tres veces menos, lo que evidencia el «inquietante» envejecimiento del actual parque inmobiliario del archipiélago.
Andimac estima que durante el año 2024 el gasto total del mercado residencial canario descenderá ligeramente hasta el 0,42% respecto al año pasado. Un descenso que se extrae del último Informe de Mercado Canarias del Observatorio 360, que recoge las previsiones para el sector y analiza el impacto de los fondos europeos.
Este gasto se divide en la inversión total en obra nueva residencial y reforma y mantenimiento de vivienda, además de la estimación de la actividad terciaria tanto pública como privada, residencial y rehabilitación. Otro de los datos destacados es el aumento del 3,82% en el gasto de materiales en esta región.
Una subida que supone un aumento de la inversión, alcanzando en Canarias los 1.398 millones de euros por los 1.347 del año pasado. La subida de los materiales es especialmente preocupante en Canarias teniendo en cuenta la situación de los hogares en España: el 83% de las viviendas no cumplirán con los requisitos mínimos en materia de eficiencia energética en tan solo 10 años.
En este sentido, cabe recordar que a nivel nacional se reformarán 1,8 millones de viviendas, sólo un 1% más que en 2023. Andimac también prevé una ligera caída del gasto medio, hasta los 1.190 euros por hogar, un hecho que atribuye a las incertidumbres sobre la evolución económica y a los altibajos en el precio de los materiales.
En 2023 en la comunidad canaria se produjo un incremento mayúsculo de los visados de rehabilitación del 14,70%, frente al menor crecimiento en todo el territorio estatal del 8,5%. El hundimiento en la concesión de visados a nivel estatal responde así al fracaso de la canalización y ejecución de los fondos europeos NextGenerationEU.
En este sentido, Andimac no confía en que el nuevo Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana agilice las ayudas comunitarias para obras de reforma y rehabilitación, lo que preocupa especialmente teniendo en cuenta la situación de los hogares en España.
No obstante, la patronal espera que la Administración Central, junto al resto de administraciones públicas, impulsen la elaboración de los Libros del Edificio, un documento técnico que incluye un diagnóstico de cada bloque de viviendas y un plan de actuaciones que ayudará a los propietarios a garantizar el buen estado del edificio para las próximas décadas, lo que evitará el peligroso envejecimiento del parque inmobiliario español. Y para ello, opina que la puesta en marcha de un Ministerio específico de Vivienda puede ser determinante.
Con respecto a los fondos europeos, Andimac opina que España está ante una oportunidad de oro para mejorar de forma clara la calidad del parque edificado en términos de prestaciones. Por este motivo, y con el objetivo de crear una cultura de la reforma entre las familias y las pequeñas comunidades de propietarios, en un contexto favorable gracias a las ayudas comunitarias, desde la patronal quieren potenciar la figura de los asesores en rehabilitación energética del canal profesional, quienes también podrían contribuir a ahuyentar las amenazas que se ciernen para la ejecución de los fondos europeos.
Desde la Asociación agregan que España no puede asumir como país el riesgo de no impulsar medidas intensas en materia de rehabilitación edificatoria, lo que conlleva dotación presupuestaria directa (ayudas a las familias) e indirecta (incentivos fiscales). A su juicio, no hacerlo no sólo impedirá cumplir los compromisos de descarbonización ligados al ahorro energético, sino que supone un riesgo creciente para la pérdida del valor de los inmuebles, donde reside el 70% del ahorro de las familias.
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