La realidad del absentismo: las mutuas resuelven las bajas 35 días antes que la sanidad pública canaria

El absentismo se ha convertido en un problema a creciente en las empresas canarias, que se sitúan a la cabeza del país de un fenómeno que lastra la productividad y la estabilidad de estas sociedades. Para el vicepresidente de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), José Cristóbal García, tras este fenómeno «que crece de forma alarmante» hay un problema de «gestión» de las bajas médicas por parte de los servicios públicos de la Seguridad Social, que tardan en conceder las altas médicas semanas respecto a las mutuas.

Según un estudio de la CCE y que analiza la duración media en Canarias de las bajas en las 20 patologías de traumatología más frecuentes, los procesos que lleva la Seguridad Social (las contingencias comunes, enfermedades o accidentes no laborales) se alargan de media hasta 73 días mientras que si son las mutuas las que lo tramitan (en el caso de las contingencias profesionales, es decir, accidentes y enfermedades provocadas en el trabajo) el plazo medio es de 38 días.

La diferencia asciende a 35 días de media, aunque hay patologías en los que la diferencia llega hasta casi los 50 días (en torno a dos meses). La abultada cifra es mayor en Canarias que a nivel nacional, donde la diferencia de duración de los procesos entre las mutuas y los servicios públicos de Sanidad es de 26 días. A nivel nacional las contingencias comunes se resuelven en 66 días (por debajo de las islas) y las profesionales en 39.

García achaca esta situación a la carga asistencial que sufren los servicios públicos de salud en Canarias y relacionada con las largas listas de espera. En este sentido, reclama un cambio en la gestión de las bajas. «Tenemos un grave problema aquí y no se le presta la atención necesaria», indica García.

Según los datos de la Asociación de Mutuas de Trabajo (AMAT), si las mutuas hubieran prestado la asistencia sanitaria y emitido el alta médica en los proceso de contingencias comunes en las 20 patologías analizadas en lugar de los servicios públicos de salud, se habría producido un ahorro de 2.284 millones de euros. «Los tiempos de recuperación y de alta se habrían adelantado y el absentismo se hubiera reducido de forma sustancial», asegura García.

En el caso de la incapacidad temporal derivada de las contingencias comunes (ITCC), que aglutina la totalidad de enfermedades y accidentes que no se producen en el ámbito laboral , el coste para las empresas en el primer semestre del año a nivel nacional fue de 4.048 millones de euros, lo que supone casi un 20% más que un año antes. En el caso de Canarias, la cifra asciende a casi 180 millones de euros, casi un 30% más que un año antes. A nivel nacional el repunte es la mitad que en las islas.

La reducción de la jornada laboral hasta las 37,5 horas semanales afectará a ocho de cada diez trabajadores en el archipiélago, según los datos que maneja la Confederación Canaria de Empresarios (CCE).

A nivel nacional, se estima que se perderán 12,5 millones de horas de trabajo al año, lo que para las empresas supone un problema añadido en el actual contexto de subida del absentismo laboral. El coste de la reducción de la jornada está cuantificado en 42.400 millones de euros al año, lo que supone casi 3.650 euros por asalariado.

Actualmente, solo el 30% de los convenios colectivos recogen una jornada laboral por debajo de las 37,5 horas a la semana, que afectan únicamente al 11% de los trabajadores. De 37,5 a 38,5 horas semanales son el 25% de los convenios y casi el 30% de los trabajadores mientras que casi el 55% de los asalariados y el 31% de los convenios recogen entre 38,5 y 39,5 horas a la semana.

Los convenios con mayor jornada, de más de 40 horas, son el 8% y afectan solo al 3% de los trabajadores, según los datos que maneja la CCE.

Canarias va a ser uno de las regiones más afectadas por la reducción de jornada por el mayor peso del turismo y del comercio, que son precisamente los sectores donde la aplicación se prevé más complicada.

Esta misma semana el vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de Economía, Manuel Domínguez, advertía de los riesgos de la reducción de la jornada para el tejido empresarial canario, constituido en su mayoría por pequeñas pymes y autónomos.

Domínguez criticó que el Gobierno de España vaya a imponer la nueva jornada laboral «a las bravas» cuando Canarias tiene una estructura empresarial pequeña y si no hay una adecuada política de «incentivos», quizás no pueda absorber una bajada de jornada. Según señaló, si hubiera una «mayor productividad» en Canarias se podría conseguir tanto una reducción de jornada como un aumento de los salarios, pero si eso no se produce y el empresario tiene que repercutir en sus costes la reducción de la jornada, afectará incluso a la empleabilidad.

«No podemos exigirle a la librería de la esquina lo mismo que a la industria que produce chocolate o lejía porque seguro que el nivel de productividad no es el mismo», explicó el consejero de Economía, remarcando que todos los sectores «no son iguales».

Así, pidió al Gobierno central que abre un «periodo de reflexión» para estudiar la medida, fijar posibles incentivos y abrirse al consenso, según recoge Europa Press. Desde la CCE se critica la imposición del Gobierno sin acuerdo con los empresarios. «La negociación colectiva ha servido para reducir la jornada laboral de forma consensuada, gradual y sin conflictos por lo que no se justifica la obligatoriedad por ley», se señala.

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