'Canarias tiene un límite' pierde capacidad de convocatoria

Tras seis meses de aparente inacción política, la sociedad canaria volvió a salir a la calle para reclamar un cambio del actual modelo turístico de las islas. Organizada en su gran mayoría, por los mismos colectivos que consiguieron reunir el pasado 20 de abril a más de 57.000 isleños peleando por una misma causa, volvieron este domingo a la carga buscando acciones concretas por parte de las administraciones públicas.

La manifestación, que en esta ocasión se desarrolló en la zona turística de San Bartolomé de Tirajana, transcurrió sin grandes incidentes, salvo la detención de un hombre por un supuesto delito de atentado contra agente de la autoridad, según confirmó la Policía Nacional. La marcha llegó, pasadas las dos de la tarde, al Faro de Maspalomas, donde la portavoz de los convocantes, Noelia Sánchez, dirigió unas palabras a los participantes en la protesta y leyó también el manifiesto.

La convocatoria estuvo concurrida, y aunque difieren las cifras de afluencia que se manejan, lo cierto es que la participación fue al final bastante menor que en la protesta de abril pasado. Mientras que los convocantes hablan de unos 5.000 asistentes, la Policía Nacional y la Delegación del Gobierno la reducen a 2.000 y 1.500 personas, respectivamente.

Entre los principales reclamos de los manifestantes se encuentran la imposición de una tasa turística a los visitantes extranjeros que asegure un mejor cuidado de los espacios protegidos, una moratoria del alquiler vacacional y una subida salarial y un mejor reparto de la riqueza que genera el turismo entre todos los canarios -más del 35%- del Producto Interior Bruto (PIB)

El ambiente previo al 20 de abril anticipaba una gran movilización, a la vista de que el Gobierno de Canarias liderado por Coalición Canaria y Partido Popular haya limitado su respuesta a crear comisiones y grupos de trabajo que aporten ideas y definan un desarrollo sostenible para los próximos años, según señalan los convocantes.

Ya desde primeras horas de la mañana, los principales núcleos turísticos de las islas comenzaron a cubrirse de residentes canarios listos para reclamar en la calle un cambio de modelo turístico para islas. No lo fue menos el de San Bartolomé de Tirajana, el lugar elegido en Gran Canaria para desarrollar esta marcha.

Mientras la manifestación recorría las largas avenidas en la que se concentran los grandes hoteles de la zona de Meloneras, decenas de turistas, algo sorprendidos, se tomaron un momento para seguir con atención las reivindicaciones de la protesta, aprovechando muchos de ellos para sacar sus móviles y grabar el momento.

Un pequeño sector de los manifestantes intercambió peinetas con algunos de los turistas, quienes, por su parte, aprovecharon para mandar besos en tono irónico.

La manifestación se ha visto frenada en mitad de su trayecto ante un miembro del cuerpo de policía que había solicitado la documentación de un manifestante por pegar una pegatina en una de la placas del Hotel Riu Palace. Los efectivos tuvieron que intervenir y apartaron a uno de los asistentes a la marcha, lo que provocó el enfado del resto. En principio, por los datos que maneja este periódico, la Policía procedió a la identificación de esta persona.

Según denuncian los convocantes, ninguna de las reivindicaciones de las manifestaciones de hace medio año han sido atendidas ni parece que el Ejecutivo regional empuje para avanzar por esa vía, sino que, al contrario, los políticos «han pisado el acelerador de la destrucción« tras el 20 de abril.

¿A qué se pide que cambiemos en una tierra que no puede vivir de algo que no sea el turismo?, reflexionaba el presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, en unas declaraciones realizadas durante un foro celebrado en CANARIAS7. El líder regional señaló que comprende las protestas por un cambio en el modelo económico y turístico de las islas, pero consideró necesario «que el que hable de cambio, tiene que decir a qué hay que cambiar» ya que están en juego «las cosas de comer y el futuro de nuestra tierra». Consieró así que aunque Canarias no puede vivir de algo que no sea el turismo, este sí puede contribuir amejorar la riqueza y la redistribución de la renta en el archipiélago.

Los colectivos denuncian que en 2023 Canarias recibió 16 millones de turistas y se espera que en 2024 puedan superarse los 17 millones, unas cifras récord que, consideran, son insostenibles para el medio ambiente, tensionan la vivienda, afectan a la vida cotidiana de los canarios y no se traducen en bienestar social y económico equilibrado.

Esta misma semana se ha conocido el último informe de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, que denuncia que un tercio de los canarios está en riesgo de pobreza, dos de cada tres tienen problemas para llegar a final de mes y uno de cada cinco se retrasa en el pago del alquiler o la hipoteca, cifras a la cabeza en Europa.

En este contexto, los convocantes de las protestas mantienen su lema, 'Canarias tiene un límite', y sus reivindicaciones, aunque han cambiado las capitales de las islas como lugar de las manifestaciones por Maspalomas, Playa de Las Américas, Corralejo o Puerto del Carmen, principales lugares turísticos de Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura y Lanzarote.

Entre sus demandas están la implantación de una tasa turística, la paralización de dos macroproyectos turísticos en Tenerife, la moratoria de nuevas autorizaciones hoteleras, la moratoria al alquiler vacacional y la limitación de la compra de viviendas a los no residentes.

La tasa turística o ecotasa, un cargo por pernoctación que los turistas pagan en otros lugares vacacionales, no se aplicará en Canarias, según han dejado claro a lo largo de estos seis meses tanto el Gobierno de Canarias como la mayoría parlamentaria que lo sostiene en el Parlamento regional, pese a los intentos de la oposición de PSOE y Nuevas Canarias por introducir este impuesto.

Tampoco se han dado pasos para paralizar los dos grandes proyectos de Tenerife que han concitado el rechazo de activistas y grupos ambientalistas: un hotel que se está erigiendo junto a la principal playa natural del sur de la isla, La Tejita, y un proyecto para construir viviendas de lujo junto a la costa en el puertito de Adeje.

La moratoria al alquiler vacacional, al que en gran medida se culpa de las dificultades de los canarios para alquilar, también ha sido descartada por el Gobierno de Canarias, que mantiene en su agenda legislativa una regulación de esta modalidad alojativa que se espera que esté aprobada por el Parlamento antes de final de año.

En cuanto a las limitaciones a los no residentes para la adquisición de viviendas, es un asunto que se ha abordado en los grupos de trabajo y comisiones de estudio creados por el Gobierno de Canarias y los cabildos insulares, pero sin actuaciones concretas y a la espera de verificar su compatibilidad con las normativas europeas.

Los resultados de esas comisiones de estudio, que se crearon en mayo tras las manifestaciones del 20 de abril para afrontar el reto demográfico, se han dado a conocer este mismo viernes, y entre las conclusiones se incluyen planes para agilizar las medidas encaminadas al acceso a la vivienda, transparencia en la gestión del territorio, impulso a medidas fiscales que permitan fijar población a las zonas e islas más despobladas o «controlar» los espacios protegidos mediante una tasa siguiendo el modelo vigente en Lanzarote.

La federación ecologista canaria Ben Magec-Ecologistas en Acción, una de las convocantes, anima a la ciudadanía canaria a sumarse a las protestas para «reivindicar nuestros derechos y caminar conjuntamente hacia un futuro mejor para las islas». En una nota, los convocantes señalan como algunas de las razones de la protesta «la tensa situación actual del archipiélago, con récords de turistas sin límite ni control, la masificación y deterioro de los espacios naturales, el colapso de carreteras y servicios públicos, la falta de agua o las dificultades en el acceso a la vivienda».

Según explican, «la ciudadanía reclama desde hace años, frente a la pasividad de los responsables políticos, un cambio del modelo turístico actual por uno sostenible y respetuoso no solo con el territorio, sino con las personas que habitan en él». Para lograrlo, afirman, son necesarias una serie de «medidas urgentes como una ecotasa, una moratoria turística y vacacional y también la regulación de la compra de viviendas para no residentes».

Señalan también «las problemáticas sociales derivadas de un modelo turístico ilimitado e incontrolado que dificulta el acceso a la vivienda a los canarios y canarias, con un auge del alquiler vacacional y de compra de propiedades por parte de población europea, encareciendo el precio de la vivienda hasta cifras inasumibles con nuestros salarios. Una crisis que, lejos de solucionarse, se agrava en todas las islas y provoca que personas con empleo e ingresos sean incapaces de acceder a una vivienda mientras las casas vacías, segundas residencias de europeos y edificios enteros destinados al alquiler vacacional siguen incrementándose».

«Esta problemática se traduce, además, en una masificación de las islas sin precedentes, llegando hasta los 2,2 millones de habitantes en 2023, con un aumento del 7,5% de nuevos residentes de origen europeo, más de 300.000 personas que suponen un 14,5% de la población total de las islas. Un aumento incontrolado que está generando a su vez el colapso de los servicios públicos canarios, principalmente sanitarios, pero que también afecta a otros sectores como la educación o la justicia», continúa la nota de la federación.

«Pese a los récords turísticos que se superan año tras año y los millones de euros que genera la industria turística en las islas, casi el 34% de la población canaria, cerca de 800.000 personas, se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social, unas cifras muy superiores a la media estatal que nos sitúan como la segunda comunidad con peores datos, solo por detrás de Andalucía».

«La escasez de agua es otro de los factores que agravan la situación actual de la población canaria, que ve como mientras se restringe el consumo de agua en sus pueblos, la industria turística sigue haciendo un uso irresponsable de este recurso llenando piscinas o regando campos de golf, consumiendo además hasta seis veces más agua que la población residente.

«En general, una situación de colapso social y medioambiental frente a la que los dirigentes públicos no tienen respuesta ni buscan soluciones y agravan aún más negándose sistemáticamente a llevar a cabo cualquier medida que sirva para controlar una problemática que hace años pasó los límites. Es inadmisible que tras las movilizaciones del 20 de abril, en las que más de 200.000 personas dentro y fuera de las islas reclamaran medidas para limitar el turismo masivo que nos está expulsando de nuestro territorio, las instituciones públicas hayan pisado el acelerador de la destrucción aprobando nuevos proyectos turísticos que no hacen sino agrandar la herida y empeorar la situación insostenible que sufren tanto los espacios naturales de las islas como quienes las habitamos.

Es urgente una moratoria turística y vacacional que ponga freno a la especulación incontrolada y al auge de la vivienda vacacional, una ecotasa que genere ingresos que nos permitan abordar el deterioro de nuestro medio ambiente y una regulación de la compra de vivienda por parte de personas no residentes, que con su mayor poder adquisitivo están encareciendo el mercado en las islas e imposibilitando que la población local pueda acceder a ellas, expulsándonos de nuestros pueblos y barrios. El 20 de octubre volvemos a salir a las calles, esta vez en zonas turísticas, para reclamar lo que llevamos décadas reclamando: Canarias tiene un límite«.

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