Canarias asumirá un déficit de 60 millones de euros por la gratuidad del transporte

El Gobierno de Canarias sigue a la espera de que el Gobierno Central le abone los 81 millones de euros establecidos para abordar la gratuidad del transporte en el archipiélago durante el pasado 2023.

La directora general de Transportes del Gobierno regional, María Fernández anunció que en la actualidad todavía no existe un «decreto de gratuidad que vehiculice esos 81 millones de euros a Canarias» y comentó que se encuentran en constante comunicación con el Gobierno Central para acabar con «una discriminación que no nos parece justa» y que está «estrangulando» tanto a las concesionarias como a los cabildos. «Estamos en la pelea no solo de esos 81 millones lleguen a tiempo y como tienen que llegar sino que además no son suficientes para cubrir el coste», expresó Fernández.

A su vez, mencionó que en esas reuniones que se están manteniendo con Madrid, Canarias ha cifrado en 140 millones el coste total de la gratuidad del transporte público en 2023. «Estamos bregando para que llegue el dinero y que no sea a través de una política estatal, con fondos que se detraen de los cabildos y que son necesarios para otro tipo de políticas», explicó Fernández, que realizó estas declaraciones en la antesala del Foro de Movilidad organizado por la Tribuna de Canarias.

Durante este acto, la directora general de Transportes aprovechó para recalcar el «absoluto» compromiso con la movilidad sostenible. Un compromiso que según Fernández se fundamenta gracias a una alta participación ciudadana, tal y como sucedió en el decreto ley de transporte donde más de 35 colectivos hicieron aportaciones concretas para confeccionar la ley.

Según Fernández, esto también se dará en la ley de movilidad garantizando que durante los próximos cuatro meses, estará en las ocho islas para reunirse con «todos y cada uno» de los más de 90 agentes del sector del transporte, sociedad civil organizada y académico para elaborar la primera ley de movilidad sostenible de Canarias.

Del mismo modo, comentó que se ha acabado la era de que unas cuantas personas decidan en un despacho una ley que afecte a toda la ciudadanía sino que es primordial darle a los ciudadanos «voz y voto» sobre una ley que «va a impactar diariamente en sus vidas», por lo que se tomarán el tiempo que haga falta en esta fase de participación para que sea una ley que «cree apego en la sociedad y no sea una imposición de unos pocos hacia muchos», afrontando con «mucha ilusión y trabajo ese movimiento por todas las islas para que sea una ley participada, una ley que refleje la identidad canaria y una ley que realmente sea útil».

Sobre si Canarias continuará gozando de un transporte público gratuito en 2025, Fernández recordó que la «realidad es que el Gobierno de España ya nos ha dicho que la gratuidad tuvo sentido en un momento de inflación disparada y que a día de hoy tendremos que empezar a hablar de una gratuidad dirigida a determinados colectivos». Añadió que actualmente no se sabe si van a tener capacidad de negociar esos nuevos presupuestos.

La directora general subrayó que lo que sí es certero es que, de prorrogarse los actuales presupuestos, Canarias contará con una partida de 81 millones dirigidos directamente hacia una gratuidad ya sea dirigida a ciertos grupos sociales o completa como los dos últimos años.

Concluyó que la gratuidad del transporte ha sido «un elemento transformador y un éxito absoluto» que ha supuesto un 40% de usuarios nuevos de media. «Hemos duplicado la captación de usuarios del resto del territorio peninsular. Siempre vamos a abogar por la continuidad hasta que realmente los servicios se mejoren porque primero las guaguas son accesibles por material económico pero tenemos que seguir captando usuarios que quieren que la guagua sea más rápida, más cómoda y más eficiente», apostilló.

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