«Se habían vulnerado nuestros derechos»

La reapertura del caso sin resolver del doble crimen de Antonio Quesada y Ana María Artiles, el matrimonio que desapareció en marzo de 2012 en el barrio de Guanarteme de Las Palmas de Gran Canaria y cuyos cadáveres se localizaron en agosto de 2017 en el barranco de Las Vacas, es una noticia que los cinco hijos de la pareja llevaban meses aguardando con la inquietud de que no respondiera a sus expectativas y fuera «negativa».

Sin embargo, el auto conocido este viernes de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas en el que estimaba el recurso interpuesto por ellos contra el del Juzgado de Instrucción 7 de Las Palmas de Gran Canaria, que en junio de 2023 ordenó el sobreseimiento provisional de la causa, les ha dado una alegría inesperada. «Nos hemos venido arriba porque no la esperábamos en este momento», señalaba esa misma tarde Miriam Quesada, la menor de los cinco hijos del malogrado matrimonio, en referencia a una noticia que califica de «positiva».

Reconoce que «no sabíamos cuando iba a llegar» ni el sentido que iba a tener, pero el hecho de que se haya atendido su recurso les da las «armas» necesarias para continuar con una lucha que suma doce años y en la que no van a cejar hasta lograr su objetivo, que no es otro que el que «se haga justicia», explica.

Señala que ella y sus hermanos han tenido «suerte frente a otras desapariciones, porque tenemos a mis padres con nosotros desde hace siete años y eso es una ventaja muy grande», dice al referirse al hallazgo casual que en 2017 se produjo de los cuerpos de Antonio y Ana María, por un vecino de Ingenio que se encontraba de caza en el barranco de Temisas.

«Pero ellos merecen que no paremos y no vamos a parar de luchar por esto hasta el final. No hemos parado y no vamos a parar», dice sobre lo claro que tienen todos los hijos que van a seguir adelante hasta que el autor de la desaparición y muerte de sus progenitores pague por ello.

Añade que la decisión de la Audiencia Provincial supone un espaldarazo para una familia para la que no era «entendible» que se hubiera archivado la causa «sin practicar nada ni hacer nada, sin aceptar ninguna de las peticiones de nuestra abogada para poder probar esto. No aceptaron nada y simplemente nos dijeron que no teníamos caso», rememora Miriam Quesada.

Por eso, la orden de la Audiencia Provincial la reciben con satisfacción y saben que es un modo de «ahorrar tiempo», porque se evitan tener que acudir al TSJC, y señala que tienen «muchas ganas de ponernos a trabajar».

Y es que, como añade, esta reapertura lleva aparejada la declaración de nuevos testigos y que la familia tenga acceso a información y documentos que hasta la fecha se les había vetado.

«Tampoco era entendible por qué no teníamos dos tomos del sumario», indica en referencia a que los hijos hasta hoy no han podido acceder a dos de los 14 que lo conforman, en concreto «el 6 y el 13».

Confirma que «todo esto estaba reclamado por nuestra abogada desde el momento en que nos dan el sumario», así como «declaraciones, volcados, conversaciones de las pinchadas de teléfonos o conversaciones transcritas, porque no es lo mismo una conversación transcrita que un audio, no es lo mismo ver unas fotos estáticas de unas cámaras que la continuidad de la imagen y todas la personas que aparecen en una secuencia. Y habíamos pedido todo eso y se nos negó».

«Nos sentíamos que se habían vulnerado todos nuestros derechos como ciudadanos», dice la menor de los hijos de Antonio Quesada y Ana María Artiles, sobre la reclamación de una información a la que entienden debían tener pleno acceso.

Por eso no duda en calificar de «impotencia» y «desamparo» lo que ella y sus hermanos han sentido en este largo año desde que interpusieron el recurso.

«Ahora sentimos como un respiro porque decimos, no somos las locas del pueblo pidiendo que se haga justicia. Porque la gente que está al margen no sabe la lucha que hay detrás, la frustración que hay detrás y no sabe la impotencia y el maltrato por parte de las administraciones que hemos tenido», denuncia.

Una crítica que extiende a los medios de comunicación locales, que asegura en este año desde que recurrieron el sobreseimiento provisional no les han prestado el apoyo que precisaban.

Dice que ahora se sienten más «aliviados», pues insiste en que se ven «con armas para poder luchar y se haga justicia».

Respecto a como van a afrontar esta nueva etapa del caso explica que «todavía no lo sabemos» pues ha coincidido el anuncio con un largo fin de semana en Gran Canaria por la festividad del Pino. «Tenemos que agendar una reunión con nuestra abogada, que está fuera, y a partir de ahí trazaremos los pasos a seguir», dice sobre el trabajo que van a afrontar con Patricia Catalina, su representante legal.

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