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El Juzgado de Instrucción número 2 de San Bartolomé de Tirajana ha decretado el sobreseimiento provisional y el archivo de la causa abierta por un supuesto trato de favor en la toma de posesión de un funcionario en Santa Lucía de Tirajana. En ella estaban investigados por un presunto delito de prevaricación y otro de nombramiento ilegal el alcalde de Santa Lucía, Francisco García, la interventora, Noemí Naya, y el trabajador supuestamente beneficiado, Antonio López.
El auto judicial, de fecha 15 de enero, especifica que «no aparece debidamente justificada la perpetración del delito que ha dado motivo a la formación de la causa» y que tras las diligencias practicadas no consta que ninguno de los investigados haya incurrido en ninguno de los delitos recogidos en la denuncia, ya que no se estaría ante un nombramiento ilegal.
La denuncia fue presentada por una edil de Fortaleza, Ana Mayor, partido ahora en la oposición, y a finales de 2023 se incoaron diligencias previas. La denunciante, que achacaba también el delito de aceptación de nombramiento ilegal, sostenía que López recibió trato de favor para realizar prácticas como funcionario en 2023, pese a que cuando se le llamó en 2021, tras aprobar un proceso selectivo, pidió aplazar su toma de posesión y el Ayuntamiento se lo desestimó de forma expresa, una negativa que adquirió firmeza al ser consentida por el interesado. Sin embargo, el nuevo gobierno le asignó en agosto la plaza 1.354 pese a que nunca formó parte de convocatoria pública alguna.
Ahora, en el auto se precisa que el funcionario superó la oposición y posteriormente solicitó una serie de cuestiones que no fueron resueltas en el Decreto de la Alcaldía de fecha 31 de mayo de 2021, cuando era todavía alcalde Santiago Rodríguez, de Fortaleza. Este Decreto se limita a señalar que no entiende convalidado el período de prácticas, pero no le declara cesante ni deja sin efecto su nombramiento, especifica la resolución judicial. «Por lo tanto, si no resuelve estas dos últimas cuestiones, este instructor entiende válida su solicitud de acceso posterior, por lo que no estaríamos antes los ilícitos penales recogidos en la denuncia», concluye.
El alcalde, Francisco García, lamentó hoy, tras conocer la decisión judicial, que se haya utilizado la justicia para desprestigiar el buen hacer de la administración. «Lamento que estas prácticas se sigan dando, pero me alegro que el auto haya dado la razón al buen hacer de los trabajadores municipales y el juez se haya fijado en que el error se cometió en un decreto que firmó Rodríguez antes de su renuncia como alcalde en Santa Lucía».
Agregó que «es una pena que un partido como Fortaleza, que ha estado en el gobierno municipal y que en su día sufrió el uso partidista de la justicia por parte de otro partido político, ahora utilice también los juzgados de forma partidista y se intente poner en cuestión el trabajo de los empleados públicos».
Cabe recordar que el alcalde, cuando se incoaaron diligencias previas, achacó esta denuncia a una «venganza política» porque su grupo decidió en julio pactar con el PSOE y no renovar la alianza con Fortaleza tras las elecciones. Y atribuyó lo sucedido a que el anterior alcalde, de Fortaleza, no culminó el procedimiento administrativo y dejó en causa de indefensión al interesado, que en ese momento era director insular en el Cabildo de Gran Canaria. «Presentó una alegación y no se le contestó; además, debió incluirse en la lista de reservas y no se hizo». Cuestión que ahora la justicia le ha dado la razón.
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