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El temido «colapso» del sistema universitario por la proliferación de universidades privadas en las islas que vaticina el rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), Lluís Serra, «no se va a producir», pero sí es verdad que se ha ralentizado. Así lo reconoce la directora general de Ordenación, Innovación y de la Calidad Universitaria del Gobierno canario, María Rosa Suárez Vega, quien escuchó el mensaje lanzado este miércoles por Serra durante su discurso en el acto inaugural del curso.
Suárez señala que la demora en la aprobación de títulos es un problema que «arrastra» el área desde antes de que se creara la Consejería de Universidades. Y precisamente salir de Educación, tal y como pedían las propias universidades, ha sumado un nuevo problema y es la necesidad de armar «una estructura nueva», lo cual no es «automático».
Además, aún no cuentan con «todo el personal» que necesita la nueva Consejería, y están haciendo «la adaptación de la normativa canaria de universidades a la Ley Orgánica del Sistema Universitario, la LOSU». Al tiempo, narra, que deben reelaborar la normativa interna porque siguen trabajando con «decretos de 2008». Con todo, afirma la directora de Calidad, «el colapso no se producirá. Estamos trabajando la nueva relación de puestos de trabajo (RPT) para poder tener el personal necesario para agilizar los procedimientos y, por otro lado, la normativa ya está en servicios jurídicos consensuada con la Agencia Canaria de Calidad (Accuee)» y con aportaciones de las universidades, por lo que espera «conseguir un documento consensuado y que en breve ese decreto se haga realidad».
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Suárez Vega «entiende» la preocupación de las universidades públicas canarias. Tanto el rector de la Universidad de La Laguna (ULL), Francisco García, como el de la ULPGC han manifestado su desazón por lo que se tarda en las islas en aprobar un nuevo título universitario en un sistema en el que se han incorporado otras dos universidades privadas hasta llegar a las siete en el Comunidad. «Los plazos han sido largos siempre, pero estamos intentando buscar soluciones para agilizarlos. Es evidente que no podemos quedar fuera de ningún título interuniversitario -en referencia a los dos que ha perdido la ULPGC-. Las universidades canarias tienen que estar ahí». Pero ahora «los procedimientos son lentos. Hasta que no se produzca el cambio no se van a reducir, pero entendemos que no pueden ser tan largos». Algunas titulaciones tardan hasta dos años en aprobarse, resaltó Serra. Para la directora de Calidad Universidades está trabajando para que se acorte a nueve meses, ese plazo sería «razonable», afirma.
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Suárez recuerda que «una consejería nueva requiere dos años para funcionar al 100%» y que para «actualizar los procedimiento» se necesita tiempo. Con la contratación de siete personas más, que es la RPT que están elaborando, esperan dar respuesta a la demanda. «Hasta ahora lo que hemos intentado es minimizar los procedimientos, priorizar las titulaciones prioritarias. Nosotros estamos aquí para atender la demanda de las universidades y prestar el mejor servicio», añade.
«La consejera, Migdalia Machín, tiene clara la importancia de las universidades públicas, que deben prestar y prestan un servicio de calidad bastante alta y por supuesto deben ser competitivas y ofertar al alumnado aquello que necesitan», afirma Suárez.
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