«La situación de los menores se arregla con altura política, no con un protocolo»

El coordinador territorial de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado en Canarias, Juan Carlos Lorenzo, habla sobre el nuevo protocolo de acogida de menores aprobado por el Gobierno regional y de la necesidad de que salga adelante la reforma de la ley de extranjería para poder dar una respuesta digna a la infancia migrante.

–¿Qué opina sobre el nuevo protocolo de acogida de menores aprobado por el Gobierno de Canarias?

–Pedimos la máxima colaboración entre las administraciones públicas y no añadir más trámites que podrían dilatar el proceso, que es lo que hace el protocolo. Esto perjudica a los niños y las niñas. Por un lado, entendemos que es positivo que los niños estén bien reseñados, bien identificados, pero para eso también se necesitan medios y recursos. Así, una resolución por cada niño o niña previa a lo que puede ser el trámite de entrega podría dilatar el procedimiento hasta tal punto de que realmente no estemos respondiendo al interés superior del menor. Ese es el gran riesgo.

–Bajo su punto de vista, ¿por qué falla este protocolo?

–La realidad de la infancia no acompañada es de una complejidad significativa, y sabemos lo tensionado que está el sistema, porque no tiene capacidad operativa para acoger, no hay sitio y no hay profesionales suficientes. Por tanto, el contexto no te va a permitir en ninguna de las situaciones hacerlo bien, el colapso estructural es permanente y no te permite trabajar adecuadamente. Esta cuestión que tiene que ser objeto de una política de Estado debe resolverse con responsabilidad y con altura política, y con menos ruido. Lo que no puede ser es que las discrepancias entre las administraciones públicas perjudiquen la realidad de los niños y las niñas migrantes, eso es lo que no podemos permitir.

–¿Cree que el camino a seguir es lograr el consenso para la reforma de la ley de extranjería?

–Nosotros seguimos pensándolo y denfendiéndolo, ahí estamos del lado de las administraciones públicas que estén en esa misma línea. Es necesario que exista un modelo vinculante de distribución territorial de personas de niños y niñas extranjeros no acompañados por todo el territorio nacional. Para nosotros es la única alternativa viable para tener una política que genere algún tipo de efecto transformador.

–Es un debate que se ha prolongado durante meses. ¿Por qué cree que se está tardando tanto en llegar a un acuerdo?

–Desgraciadamente, creemos que la polarización política y el escepticismo político de alguna manera está condicionado una situación que merece ser respetada y ser consensuada. Todo ello no nos está llevando a ninguna parte. De hecho, nos está conduciendo, de alguna forma, a no poder llegar a un acuerdo que tiene que materializarse para que la situación pueda ser revertida.

–Tanto el PP como los gobiernos central y regional han mostrado su intención de reunirse para abrir de nuevo el diálogo esta semana.

–Creo que hemos perdido demasiado tiempo y que se tenía que haber afrontado esto con puentes mucho más sólidos y no tan frágiles como los que estamos viendo. El hecho de que exista esa posibilidad de reunirse, manifestada públicamente, y que se tiene que celebrar con celeridad, me parece que es positivo. Ahora bien, también queremos que esto no sea solo positivo en la intención de reunirse, sino en la intención de llegar a un acuerdo, de consensuar el mejor acuerdo posible, porque al final, de lo que estamos hablando, es de qué mejor manera se podrá respetar el interés superior del menor.

–¿Qué tendencia han observado, durante estos meses, en la ruta canaria?

–Vemos que en la ruta canaria se ha intensificado la llegada de personas de Mali, y es que la realidad de este país es muy compleja, la guerra está acabando con el territorio y está haciendo que muchas personas se desplacen forzadamente. También se trasladan desde Marruecos, Senegal, Gambia o Mauritania, y hay nacionalidades que, sin ser significativas numéricamente, si lo son desde el punto de vista cualitativo, como personas sirias, personas pakistaníes o yemeníes. Por eso hay que preguntarse qué va a pasar con las personas que proceden de Mali, si se va a establecer un programa especial de reasentamiento en el Estado español u otros estados de la Unión Europea. Son personas que, si no tienen otra vía legal o segura para poder acceder a otro país, acceden mediante la vía marítima, su única opción. Y, en cualquier caso, es una ruta letal.

–El vicepresidente de la Comisión Europea, Margaritis Schinas, anunció en su visita al archipiélago una mayor presencia del Frontex y de la agencia de asilo europea. ¿Cree que es una medida acertada?

–El hecho de poder amplificar, de alguna forma, el eco de la realidad de la migración en Canarias en el concepto de la Unión Europea es positivo, pero no nos podemos quedar en gestos. Tenemos nuestras reservas ante el discurso prominente de la Unión, que se basa, principalmente, en la securitización. Podemos entender que eso pueda ser así, pero también cuando hablamos de cooperación con terceros países tenemos que tener presente que deberemos cooperar más desde principios de vecindad y no tanto desde principios de fronteras. Poner vías legales y seguras creemos que es fundamental. Hay que preguntarse cuál es el equilibrio que vamos a buscar en esa cooperación, si continuar los flujos o generar vías legales y seguras y cooperar desde criterios de vecindad y de respeto y no de control de fronteras.

–¿Cómo vislumbra el horizonte próximo?

–A partir del año 2020, final de 2019, estamos viviendo una realidad migratoria que se ha intensificado, y eso también significa que muchas más personas están pasándolo mal. Nosotros, como es obvio, estamos preocupados y atentos a las situaciones migratorias altamente complejas, sobre todo, en lo que nos afecta a Canarias.

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