30 años de fenómeno migratorio en Canarias

De la primera patera a la ruta más mortífera

Fue un domingo a las 16.00 horas de un 28 de agosto de 1994. Dos saharauis llegaron a Las Salinas de El Carmen, en Fuerteventura, enarbolando una bandera del Frente Polisario a bordo de una patera que partió de Marruecos y tardó apenas un día en llegar. Aquella primera embarcación con la que las islas no estaban familiarizadas abrió paso a miles de africanos que vieron en la Ruta Canaria –la más mortífera del mundo– una última vía de escape a la pobreza y el conflicto. Ni las autoridades ni la sociedad canaria, que recibieron a aquellos primeros migrantes con sorpresa, podían prever el crecimiento exponencial de este fenómeno, el cual, tres décadas después, sigue planteando retos.

Los datos continúan al alza. En los tres primeros años de esta nueva ola migratoria, apenas 66 personas arribaron a las costas canarias. Sin embargo, en 2002 la situación se transformó drásticamente: casi 400 pateras llegaron al archipiélago, transportando alrededor de 10.000 migrantes. En 2006, se vivió la primera gran crisis, con la llegada de 31.678 personas, cifras que no volverían a repetirse hasta 2023, cuando se alcanzó un nuevo récord con 39.910 migrantes, según el Ministerio del Interior.

Frente a esta presión, Canarias ha tratado de adaptarse a lo largo de estos años mediante un proceso de ensayo y error, enfrentando críticas constantes hacia el Gobierno central por la falta de medidas contundentes. Ya en 1999, el archipiélago afrontaba los mismos cuatro desafíos enmarcados en un «problema social» y humanitario que, sorprendentemente, se mantienen casi invariables.

En los noventa, los migrantes pagaban entre 70.000 y 80.000 pesetas para embarcarse en el peligroso viaje a bordo de pateras con poca capacidad que recorrían trayectos cortos. Hoy en día, las mafias cobran entre 4.000 y 8.000 euros por un espacio en cayucos más grandes pero igualmente frágiles y peligrosamente sobrecargados, donde entre 100 y 200 personas se embarcan en travesías que pueden durar varios días.

La Delegación del Gobierno en 1999 prometía un 95% de expulsiones y el incremento de la vigilancia en el mar como medida disuasoria. Con el tiempo, el incremento de solicitudes de asilo y el hecho de que las relaciones internacionales no siempre han gozado de la misma salud han añadido complejidad a la situación.

Entre medias, una pandemia que paralizó cualquier movimiento subrayó las deficiencias del sistema: la falta de infraestructuras y la limitada capacidad de respuesta del Gobierno dejó unas instantáneas devastadoras en el muelle de Arguineguín, donde se hacinaron miles de personas, muy similares a las que se vieron años antes en el Aeropuerto de Fuerteventura.

La primera atención a los migrantes se delegó a Centros de Atención Temporal a Extranjeros (CATE) y unos campamentos que se levantaron en medio de la urgencia con el llamado Plan Canarias, pero que se encontraban en condiciones precarias. Solo cuando disminuyeron las llegadas y se reactivaron las derivaciones a la península se alivió la presión sobre las infraestructuras.

Ya en aquella época, la creciente presencia de menores a bordo de pateras preocupaba a las autoridades. Las instalaciones en Fuerteventura no cumplían con las condiciones necesarias para su atención, según relató este periódico. A día de hoy, Canarias alberga a 5.200, más del doble de su capacidad, y pide a gritos un acuerdo legal que permita su distribución entre las comunidades autónomas, pero este pacto sigue sin concretarse. Hasta ahora, se pedía la solidaridad del resto del territorio para asumir la acogida, que en principio correspondería al lugar donde llegan los menores. Sin embargo, la presión es tal que en los muelles de Fuerteventura, Lanzarote y El Hierro se están levantado carpas temporales para atenderlos frente al colapso de los centros.

La descripción que ofrecía este periódico en 1999 apuntaba a que «las ONG no están preparadas, el Gobierno canario no tiene medidas definidas y la Administración central solo ofrece la vía policial. Todos coinciden en que en un primer momento la población es acogedora, pero la presencia masiva de personas en la calle puede resultar conflictiva». Pese a que en la actualidad los protocolos institucionales están más engrasados, los laberintos burocráticos y las informaciones falsas que circulan por redes han echado leña a los discursos de odio que se venían gestando.

El drama

Lo que sí ha cambiado en estas tres décadas es el perfil del migrante y las rutas que atraviesa. Las pateras que antes traían a personas del Sahara Occidental ahora llevaban principalmente a migrantes subsaharianos, provenientes de países como Senegal, Gambia, Mali o Guinea. Territorios en conflicto que empujan a sus habitantes hacia el sueño europeo prometido por las mafias que controlan el tráfico de personas en África.

Por otro lado, con la aparición de los cayucos y la expansión de la Ruta Canaria hacia puntos más lejanos al sur de Marruecos, las travesías se han vuelto cada vez más peligrosas. En los últimos tiempos es común descubrir embarcaciones con cadáveres a bordo en lugares remotos de América que han sido desviadas por las corrientes. Las mismas que están convirtiendo a El Hierro en un nuevo punto caliente de llegadas, puesto que el mayor control fronterizo al norte del continente africano ha desplazado las salidas hacia territorios como Senegal, Mauritania o Gambia.

Coincidiendo con la llegada de la primera patera también se recuerda el 25 aniversario del primer naufragio, que sucedió en Fuerteventura, a orillas de la Playa de la Señora un 26 de julio de 1999. El Océano Atlántico se cobró la vida de los nueve marroquíes que viajaban a bordo y desde entonces se ha convertido en el cementerio de miles de personas, 4.808 solo este año, lo que equivale a una media de una muerte cada 45 minutos, según las cifras que recopila el colectivo Caminando Fronteras.

Con todo, el número de fallecidos sigue siendo difícil de estimar, ya que en ellas no se registran las incontables desapariciones de barcazas en el mar. A pesar de los esfuerzos de Salvamento Marítimo y otras organizaciones humanitarias, las operaciones de rescate no siempre llegan a tiempo. Se ha vuelto común rescatar a más de 1.000 personas en tan solo 24 horas, muchas de ellas en condiciones graves que ni los médicos –escasos y saturados sobre todo en las islas no capitalinas– consiguen revertir.

La cruda realidad de esta crisis supone ya no solo un desafío para el archipiélago sino que exige una respuesta global que no termina de encontrar consenso.

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