Canarias y Estado avanzan en la derivación de menores aunque chocan con el 'no' del PP

La medida canaria para derivar, de manera extraordinaria y sin modificar la ley de extranjería, a los menores migrantes que llegan al archipiélago a otras comunidades autónomas encauza su camino. El Estado y Canarias se han comprometido a cerrar, en un plazo de diez días, un texto jurídico que ampare el modelo de distribución puntual, que pretende derivar a 4.000 menores acogidos en el archipiélago, y a 400 en Ceuta, para aliviar la presión en los recursos. Pero las voces de la oposición ya resuenan en este nuevo escenario.

El portavoz del Partido Popular, Miguel Tellado, avisó tras la reunión de ayer entre Torres y Clavijo que su partido no apoyará una medida que no sea «consensuada» y no contemple «la dotación presupuestaria necesaria». Los populares son necesarios en el caso de que Junts no apoye la propuesta, aunque, según remarcó el presidente autonómico el miércoles pasado, los independentistas estarían abiertos a dar su respaldo. La ultraderecha, Vox, también ha manifestado su negativa al texto.

A primera hora de la mañana Clavijo y Torres acercaron posturas sobre el plan para los menores en Madrid. Los servicios jurídicos del Gobierno central y canario cerrarán la propuesta, que luego será trasladada a la Abogacía del Estado o al Consejo del Estado.

Tras ello, se buscará el apoyo de los grupos parlamentarios a la medida, de la que también queda por determinar si se materializará a través de una proposición de ley (lo que defiende el Estado) o un decreto ley (la opción que plantea Canarias). El decreto, que entra en vigor una vez se aprueba, necesita una posterior convalidación en el Congreso con la mayoría de los votos. De momento, el PNV entraría en esa ecuación, puesto que la propuesta fue acordada por las islas con el lehendakari, Imanol Pradales. Torres indicó que los servicios jurídicos serán los que decidan cuál es el mecanismo idóneo.

Desde Madrid inciden en la importancia de ser «exquisitos jurídicamente» para que se pueda garantizar la seguridad jurídica de estos niños y niñas y ninguna comunidad autónoma pueda argumentar que invade sus competencias para rechazarlo.

Clavijo calificó la reunión con el titular de la cartera de Política Territorial como «provechosa», si bien, consideró que pudo serlo «más». No obstante, remarcó la predisposición del ministro en llegar a puntos en común. Por su parte, insistió en usar la ley para efectuar la acogida, en vista de que «la voluntariedad no funciona», puesto que las derivaciones pactadas en las conferencias sectoriales «no se llevan a cabo».

El también líder de Coalición Canaria insistió en que «no es justo» ni para el archipiélago, ni para los más de 5.800 menores extranjeros no acompañados que tutela el Gobierno regional, que no se les pueda dar una acogida digna a estos niños y niñas debido a la saturación en los recursos.

La propuesta de la derivación extraordinaria fue trasladada a las comunidades autónomas la semana pasada, y solo se obtuvo la respuesta de Ceuta, que la apoya. En declaraciones recogidas por Efe, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, aseguró durante la presentación de la Estrategia nacional de lucha contra la pobreza que «a más tardar en un mes» convocará una Conferencia Sectorial en Ceuta.

En ella se debatirá sobre la situación migratoria en la ciudad autonómica y también en Canarias. Además, el ministro Torres dijo que en el encuentro se informará a las regiones sobre la derivación extraordinaria que ahora se negocia y, a su vez, de los avances en el trabajo para la reforma de la ley de extranjería para hacer obligatoria la distribución de los niños y niñas entre las regiones.

Al finalizar el encuentro con Torres, Clavijo explicó que el principal matiz que el Estado trasladó a Canarias en esta nueva propuesta puntual es que puede haber «dudas en la invasión de las competencias de las comunidades autónomas» al transferir la tutela a las regiones de estos niños.

La propuesta que se presentó este jueves por parte del Gobierno canario, y que fue consensuada con el País Vasco, basa la derivación de los menores en cinco principios: la población del territorio de acogida; la media de menores acogidos por cada cien mil habitantes los últimos seis meses; el PIB per cápita; la tasa de desempleo y la solidaridad, esta última en base a los niños y niñas acogidos por la región de llegada en los últimos cinco años.

Para el lehendakari, Imanol Pradales, el compromiso cerrado por el archipiélago y el Estado es «un avance positivo», e informó de que este viernes se va a conformar un grupo de trabajo para preparar, junto con Canarias, el borrador del texto.

Después de más de un año de tensión política entre el PP y el PSOE para lograr una reforma en la ley de extranjería, al presidente canario le resulta «difícil» ser optimista en obtener respuestas para los menores migrantes. No obstante, para Clavijo supone un voto de «confianza» que se hayan marcado un calendario de trabajo entre el Estado y la administración autonómica.

El Gobierno canario persigue esta medida extraordinaria para seguir en la senda del cambio en la norma. Una medida, dijo, que «desearía» que el PP apoyara, porque es lo lícito para un partido que «quiere gobernar España».

Tanto el Estado como Canarias han anunciado que no renunciarán al cambio en el artículo 35 de la ley para hacer obligatoria la derivación de los menores migrantes a otras regiones, que era el plan inicial. «Hemos puesto en la agenda la financiación suficiente y estamos hablando de colaboración y de dotar de herramientas de acogida en nuestro país», subrayó Rego, aunque el Estado entiende que el cambio en la norma «es la solución». Por su parte, Torres se mostró abierto en trabajar con los populares, «si ellos lo consideran», en esta nueva propuesta, si bien, considera que el partido se ha «borrado» del diálogo para encontrar medidas que alivien la situación de estos chicos. Cabe recordar que en diciembre del año pasado fue la última vez que se sentaron a la mesa de negociación.

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