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El año empezó como acabó respecto a uno de los principales problemas que tiene el Gobierno de Canarias encima de la mesa. La bronca política ha impedido un acuerdo para modificar la ley de extranjería y proceder a una solución estable para los menores migrantes no acompañados que están en las islas, en torno a 6.000.
El colapso de la red de acogida y las condiciones poco adecuadas en las que se encuentran estos jóvenes o las cifras de personas que no sobrevivieron a la travesía -casi 10.000 este año, según Caminando Fronteras- no han sido suficientes para que PP y PSOE acordaran un cambio normativo, a pesar de los esfuerzos realizados desde la comunidad autónoma, que ha contado con el respaldo de los grupos del Parlamento, excepto la ultraderecha.
En total, hasta el 15 de diciembre habían llegado a las islas 43.737 personas según el Ministerio de Interior.
Como se repite cada año, la relación Canarias-Madrid tiene altibajos y 2024 no iba a ser menos.
La revisión del sistema de financiación autonómica y el planteamiento de una negociación bilateral con el Govern ha alentado las críticas desde el Canarias, que ha calificado de «catástrofe» esta posibilidad, puesto que el archipiélago es una de las comunidades que se vería más perjudicada por un trato preferencial a Cataluña.
En las islas, las cuentas regionales volvieron a dejar fuera la rebaja del IGIC.
En cambio, la agenda canaria ha ido avanzando, al menos en el plano teórico. La reivindicación de aumentar la partida para migración -sin llegar a las cifras que demanda el archipiélago- ha sido dotada con 100 millones; la prórroga de la gratuidad de las guaguas o las medidas de apoyo a los afectados del volcán de La Palma son algunos aspectos que se salvaron durante este ejercicio, en el que CC ha hecho valer el voto de la diputada Cristina Valido.
En septiembre, el Gobierno se quejó de que los compromisos de Madrid superaban los 800 pero apenas habían llegado 17. A principios de diciembre ya se habían aprobado más de 500 millones.
Para enero ha quedado la ampliación de la RIC para materializar sus fondos en la construcción y rehabilitación de vivienda destinada a alquiler asequible. La vivienda ha sido equiparada por el Gobierno de Clavijo a los servicios esenciales y, después de declarar la emergencia habitacional, se aprobó un decreto ley de medidas urgentes en esta materia.
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B. Hernández
Este 2024 siguió coleando el caso Mascarillas, al que se unió el caso Koldo, con acusaciones al ministro y expresidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, como implicado en esta trama y que él no solo ha insistido en negar, sino que ha iniciado acciones judiciales para defenderse.
El Parlamento, a instancias de CC y PP y respaldado por todo el pleno, abrió una investigación sobre la compra de mascarillas, por cuatro millones, que nunca llegaron al Servicio Canario de Salud (SCS).
En la comisión aún no han comparecido los dirigentes políticos y las sesiones de trabajo no han arrojado conclusiones claras. Hasta ahora ha sido imposible contar con algunos de los principales implicados. Koldo García, uno de los primeros citados, no compareció. Tampoco lo hizo en la fecha fijada Víctor de Aldama -citado otra vez para enero-, que ha acusado a altos cargos del PSOE de supuestos cobros ilegales y, en el caso de Torres, de hacer uso de un piso en Madrid.
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A pesar de estas acusaciones, el PSOE en Canarias mantiene inquebrantable su fe en la honestidad del secretario general. Tal es así que para el congreso convocado para final de enero no fue preciso celebrar las primarias y el máximo dirigente llega al congreso con el liderato renovado.
Este año que acaba hubo que lamentar la muerte del expresidente del Gobierno, Lorenzo Olarte; del ex vicepresidente y presidente del Cabildo, José Miguel Pérez; y un buen parlamentario socialista, Pepe Alcaraz.
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