El acuerdo para menores entra en una nueva encrucijada con Junts y PP en el punto de mira

5.821 menores migrantes que han llegado al archipiélago sin la compañía de un familiar continúan a la espera de una respuesta. El Gobierno de Canarias tomó la decisión, hace más de un año, de proponer al Estado una reforma en el artículo 35 de la ley de extranjería para hacer obligatoria la distribución de los niños y niñas que llegan a los territorios con su red de acogida saturada, como es el caso de Canarias. Y ahora, con la propuesta de derivar, de manera extraordinaria, a cerca de 4.000 menores acogidos por el archipiélago y 400 que están en Ceuta, a través de un decreto ley, parece que la historia se repite.

Los desencuentros entre el Partido Popular y el PSOE alejaron la posibilidad de cerrar una reforma de la ley. Por ello, se han tenido que buscar alternativas para descongestionar los recursos alojativos de los que dispone el Gobierno canario. El plan ahora es derivar a los chicos de manera puntual para aliviar la red de acogida.

La principal duda que el Estado trasladó a Canarias tras una reunión el jueves pasado entre el presidente autonómico, Fernando Clavijo, y el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, es la posible invasión en las competencias de las comunidades autónomas al transferir la tutela de estos chicos y chicas a otras regiones. Tanto este como otros matices serán estudiados por parte de los servicios jurídicos del Estado y del archipiélago, que elaborarán el borrador de un texto para llevar a cabo la derivación y, también, determinarán cuál es la figura jurídica idónea para hacerlo. Tras ello, el texto se elevará al Consejo de Estado o a la Abogacía del Estado para ser «exquisitos» y salvaguardar los derechos fundamentales de los niños y niñas.

En cualquier caso, para que este acuerdo salga adelante se necesita una mayoría en el Congreso de los Diputados. El Partido Popular ya ha dicho que se negará a esta derivación si no se hace de manera «consensuada» y con la dotación económica suficiente. Así, la mirada se dirige a Junts que, según conversaciones con el Ejecutivo regional, estaría dispuesto a dar su voto a favor.

El Gobierno canario ha acusado en reiteradas ocasiones al Estado de no tomar cartas en la gestión migratoria y en la situación de los chicos.

Por ello, en septiembre del año pasado elevó un requerimiento al Consejo de Ministros para que el Gobierno central se hiciera cargo de «sus obligaciones». Al no tener respuesta, el Ejecutivo regional presentó un recurso contenciosos administrativo contra el Estado, que está en manos de la justicia. El presidente canario también se ha mostrado crítico con su socio de Gobierno, el Partido Popular, al no haber dado una respuesta a esta cuestión. Sin embargo, siempre ha reiterado el trabajo que ha hecho el vicepresidente del Ejecutivo regional, Manuel Domínguez, en intentar que la dirección nacional de su formación diese su brazo a torcer.

Las presiones han persistido para que los populares retomaran el diálogo con el Gobierno central y canario. Durante meses, desde Génova trasladaron algunos requisitos, como que se dotara de financiación suficiente o que se convocara una Conferencia de Presidentes para abordar esta situación.

La última exigencia fue pedir al Estado un cambio en la política migratoria y que se firmara el acuerdo que el presidente canario cerró con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en septiembre. El documento, con el título 'Acuerdo para afrontar la crisis migratoria', estaba refrendado por todas las comunidades autónomas en las que gobiernan los populares.

Ante esto, el Gobierno y la que ha sido su principal cara en esta negociación, el ministro Torres, han criticado los «ataques injustos» que han recibido por parte del Ejecutivo canario y ha acusado de «proteger y no enfadar» a su aliado en el Gobierno. Además, con respecto a la dotación económica, el Estado se comprometió a transferir 100 millones de euros a Canarias.

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